Su familia había solicitado la interrupción legal del embarazo pero el Ministerio de Salud Pública inició maniobras dilatorias para que el caso termine en una cesárea. Durante el mediodía se realizó una protesta frente al edificio del Sistema Provincial de Salud.
«El Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA), notificó esta noche a la directora del Hospital “Eva Perón”, Dra Elizabeth Avila, que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza civil en Familia y Sucesiones de la Va Nominación, Dra Valeria Judith Brand, el cual consigna que “en atención a la innecesariedad de judicialización” y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y -según el oficio- “ conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL”, se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas», fue comunicado que generó malestar entre las personas que defienden los derechos de la chica a la que se la conoce públicamente como «Lucía» para resguardar su identidad.
Rossana Chahla, ministra de Salud
La nena había sido amenazada de muerte por su violador para que no dijera nada y recién casi cinco meses después se lo pudo contar a su mamá. Aunque en ese momento comenzó a ser víctima además del estado tucumano, cuyo gobierno provincial el año pasado se declaró oficialmente «provida». Si bien «Lucía» manifestó en cuatro oportunidades oficial su voluntad para que se le practicara la ILE (cuando iban 19 semanas de gestación), desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial se dilató al situación para que se le pudiera practicar el aborto, tal como sucedió en un caso similar en Jujuy, donde la beba murió días después de la cirugía.
Por su parte, Abogadas y abogados del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) salió rápidamente a repudiar los acontecimientos. «Esta noche se practicó una cesárea a la niña de 11 años víctima de violación y se encuentra fuera de peligro. La práctica no fue la solicitada. Se seguirá con las medidas necesarias porque Si.Pro.Sa es responsable. Preocupa la presencia de agentes del Ministerio Público fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando datos personales de quienes lo practicaron. El aparato estatal, con su dilación y manipulaciones, lleva a situaciones límite que revictimizan a la niña y repiten una y otra vez el ejercicio de la violencia», tuiteó la agrupación.
Además, la Campaña por el Aborto Legal regional Tucumán realizó a una marcha para el miércoles por la tarde para repudiar el accionar del Ministerio y para pedir las renuncias de Rossana Chahla (ministra) y de Gustavo Vigliocco (secretario ejecutivo).
Gustavo Vigliocco
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