Una investigación por corrupción puso en jaque al jefe de la policía porteña

El jefe de la flamante Policía de la Ciudad de Buenos Aires, José Pedro Potocar, quedó complicado en una investigación por corrupción que ya tiene a media docena de procesados presos por «asociación ilícita». La tierra tiembla bajo los pies del máximo jefe de la nueva fuerza de seguridad. A tal punto que la semana pasada parecía inminente una orden de detención que, finalmente y por ahora, no ocurrió.

Su apellido aparece reiteradamente en un expediente judicial como la presunta punta de una pirámide de recaudación ilegal, mediante la exigencia de pagos por «brindar seguridad y no actuar contravenciones» a comercios y «trapitos» del barrio porteño de Núñez.

Durante toda la Semana Santa hubo silenciosos conciliábulos en círculos políticos sobre qué hacer con Potocar, quien permanecía lejos pero no ajeno a los acontecimientos.

Por lo pronto, sus allegados evalúan una presentación consensuadamente «espontánea» ante la Justicia para los próximos días.

Potocar, designado al frente de la policía local por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue titular de la Dirección General de Comisarías antes de llegar a la jefatura de la nueva policía. Durante un allanamiento en la Comisaría 35 de la ex Policía Federal, el fiscal José María Campagnoli y el juez Ricardo Farías secuestraron del despacho del comisario Norberto Federico Villarreal un cuaderno de color marrón, con espiral, marca «América Nos». Allí figuraban anotaciones en clave, manuscritas, sobre supuestas sumas de dinero. Los investigadores suponen que «sub» alude a los subcomisarios de la seccional 35; «Zona», a la Circunscripción VII; «SSM», a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y «DGC» a la Dirección General de Comisarías, la repartición que estaba a cargo de Potocar.
En el cuaderno también se lee «Gorda-12». Todo parece indicar que se trata de la comisario inspector Susana Aveni, jefe de la Circunscripción VII (“Zona”), detenida, procesada y embargada como supuesta «organizadora» de la asociación ilícita. Hacia abajo en la escala jerárquica estaba el comisario Villarreal, prófugo y con pedido de captura internacional. Hacia arriba, Potocar.
La investigación determinó la existencia de una estructura de recaudación espuria, cuyos «beneficios llegarían hasta quienes hoy son las máximas autoridades policiales,con el propósito de enriquecerse en forma ilegal».

¿A quiénes les cobraban? En el expediente aparecen desde una sucursal del gimnasio Megatlón hasta el albergue transitorio J&J. La lista incluye también a otros hoteles (El Cisne, Black Jack), a restaurantes (Rojo y Negro, Tucson, Boutique de Pizzas, Restaurante 2901, La Buena Cocina, Los Díaz, Checho, El Puntal, Besares, La Madonnina, Aires de Campo), bares (Café Barocca, Tienda de Café, Grand Wich), la heladería Chungo, la zapatería Ricky Sarkany, la Concesionaria AP Automóviles, un supermercado Carrefour Express Market y el club náutico Bouchard.

El sistema de supuesta recaudación ilegal incluía también la facturación de horas no trabajadas. Policías que figuraban en «planillas» prestando servicios que, en realidad, no hacían. «Las planillas son meramente papeles para que las pueda ver la circunscripción, pero el tema está en el mail con el programa encriptado que se manda a la Dirección General de Comisarías… Eso se cobra por cajero, depositan el dinero que correspondía al día prevencional a X persona, sin cumplirlo obviamente, y la persona lo cobraba y le hacía entrega del dinero al inspector, y éste al director general José Pedro Potocar», explica una declaración del comisario Marcelo Stefanetti utilizada por el juez para dictar los procesamientos. Stefanetti, insinuando un rol de «arrepentido», declaró que el monto de recaudación por prevencionales «para cada uno –Villarreal y Potocar– era de aproximadamente 35 mil a 40 mil por mes”.

A los comercios, en tanto, siempre según surge del expediente, se les exigían entre los 1500 y 3500 pesos, «siendo que en algunos casos de mayor facturación la suma ascendía a 25 mil pesos», por ejemplo en la tienda de ropa deportiva Wilson Salomón, situada en la avenida Cabildo al 4300.
A los trapitos les cobraban entre 400 y 500 pesos por semana para dejarlos «trabajar tranquilos» y no labrarles actas contravencionales, según declaró uno de los damnificados por esa exigencia ilegal. Pero «los días de espectáculos deportivos en el estadio de River Plate se labraban actas para encubrir el ilegal modo de recaudación y cubrirse ante cualquier reclamo judicial ante dicho incumplimiento».

La recaudación «no sólo era para el jefe de la dependencia sino también para los jefes de la circunscripción VII, la división Asuntos Internos, la Dirección General de Comisaría y al jefe de la Policía Federal Argentina con competencia en esta ciudad», se lee en el expediente.
Para el juez Farías, lo registrado en el cuaderno con espiral «demuestra cómo los provechos económicos de esta actividad criminal llegaban a los altos cargos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires».

De la investigación surge que el prófugo Villarreal tenía una cercana relación con la detenida Aveni y con Potocar. Más aún, el procesado y detenido comisario Stefanetti reconoció haberle llevado personalmente dinero en efectivo a Potocar. «Tiene su patrimonio en Lituania, porque es de origen lituano y dice que recibió una herencia», añadió en su declaración indagatoria.

El subcomisario Hernán Kovacevich explicó que cuando Villarreal se hizo cargo de la seccional le indicó que «había que armar algo con los trapitos para cobrarles en los partidos, ya que había sido puesto en la jefatura de esa comisaría por el comisario mayor Potocar y el (sic) comisario inspector Susana Aveni». ¿Para qué? De acuerdo con la declaración de Kovacevich, también bajo investigación, Villarreal les indicaba que «Potocar y Aveni lo habían puesto ahí para aumentar la cuota mensual».

«Llamativamente, esto se compadece (el crecimiento de las ‘cuotas’) con los cuadros manuscritos en el cuaderno: en una primera instancia la DGC (Dirección General de Comisarías, por entonces a cargo de Potocar) recibía ‘3’ pero después pasó a percibir ‘4’», dejó asentado el juez Farías en su resolución.

El policía José Horacio Martínez, al declarar como testigo, explicó cuál era la contraprestación por la recaudación ilegal: «el motivo por el cual este dinero le era entregado a estas autoridades radica en que a partir del aporte de estas sumas de dinero, éstas garantizan a los comisarios y demás autoridades inferiores su ‘cobertura’, haciendo alusión a la impunidad que tenían por futuros procesos judiciales o administrativos que pudieran iniciarse en su contra».

La supuesta cadena de protecciones se rompió. La avalancha llegó hasta un escalón antes de Potocar. Y la investigación sigue abierta. «

«Gentilezas» de restaurantes y albergues transitorios

La investigación sobre los pagos ilegales se remonta a hechos ocurridos desde enero de 2016, cuando Villarreal llegó a la Comisaría 35, en los albores de los nuevos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. Se inició con un mensaje anónimo que recibió una integrante de la organización «Vecinos Alertas de Núñez». Pero ya había expedientes anteriores tramitando en los tribunales.
La modalidad del presunto cobro a los comercios incluía gentilezas adicionales. Por ejemplo, del albergue transitorio J&J, según declaró el procesado Stefanetti, se encargaba el sargento Sergio Ríos, «porque siempre tenía tarjetas de cortesía». El minimercado de Carrefour «le daba al comisario tickets de compra». En el Restaurante Besares, los policías suponían que debía custodiar una casa cercana, la del comisario retirado Gustavo Carca, quien estuvo detenido por la fuga de Daniel «Tractorcito» Cabrera del Departamento Central de Policía en el año 2000. «Siempre había que cubrir el lugar por un supuesto pedido de este hombre, pero luego nos dimos cuenta que no, que era por el local.»