El Nunca Más sentó las bases de una construcción social que posibilitó el mayor período continuado sin golpes de Estado en la Argentina. Fue un camino que condujo a la institucionalización de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no exento de períodos oscuros.
El 10 de diciembre de 1983 fue el fin de la dictadura y con eso también comenzó una nueva etapa: la de la lucha contra la impunidad. Las Madres, Abuelas, Familiares, que habían buscado durante años información sobre sus seres queridos y que habían reclamado en la sede misma del poder dictatorial, se pusieron al frente del reclamo de Justicia. Una lucha única en el mundo que puso a Argentina como uno de los pocos países que enjuició a sus dictadores y que aún hoy, a 47 años del golpe de 1976, sigue recuperando la memoria y la verdad sobre lo que ocurrió.
Lejos de la idea de ruptura abrupta con la dictadura, el cambio a la democracia no fue un camino lineal. El descontento social con los militares había comenzado antes incluso de la Guerra de Malvinas, a partir de la crisis económica de 1981, y fue generando un caldo de cultivo para la caída del régimen. Eso permitió que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región donde se dio una salida negociada con los militares, en Argentina la salida se diera por colapso. Esto no impidió que, además de las rupturas, también hubiera continuidades.
“Hay un preconcepto de que termina la dictadura y el 11 de diciembre nos levantamos todos y la Argentina es un país democrático, pro-Derechos Humanos y dispuesto a juzgar a los militares. Eso es una simplificación de un proceso que es mucho más complejo. El 10 de diciembre del 83 no termina un mundo y empieza otro. Desarmar las estructuras autoritarias y dictatoriales lleva mucho tiempo y lleva mucho tiempo más que una sociedad se reacomode a pautas democráticas de funcionamiento”, explicó la doctora en historia Marina Franco, quien publicó varios trabajos sobre ese período en particular.
“El malestar con las Fuerzas Armadas empezó mucho antes de que la dictadura se acabara y eso fue permitiendo que se visibilice lo que los organismos Derechos Humanos venían diciendo desde hacía mucho tiempo. Pero que eso se transformara en la idea de que había que juzgar a los militares, que eran asesinos y que lo que había habido era una represión salvaje tardó mucho más tiempo en instalarse socialmente”, añadió la investigadora del Conicet.
Buena parte de la sociedad todavía justificaba la represión militar a la “subversión” y desde el Estado se instalaba la existencia de dos demonios y de los excesos de las Fuerzas Armadas. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) y el juicio a los comandantes de la dictadura fueron clave para comenzar a desinstalar esas ideas.
Así, el informe “Nunca Más” fue uno de los puntales para –en una primera etapa- ubicar a las personas desaparecidas como víctimas y el Juicio a las Juntas permitió mostrar lo institucional y sistemático que había sido el accionar represivo, un primer mojón para salir de la teoría de los excesos y comenzar a pensar el terrorismo de Estado. El juicio también permitió convalidar socialmente los testimonios de sobrevivientes.
Iris Pereyra de Avellaneda, hoy presidenta de Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), fue secuestrada en abril de 1976 junto a su hijo, Floreal Avellaneda, el “Negrito”. Pasó por el ‘Campito’ de Campo de Mayo, luego fue legalizada y recuperó la libertad más de dos años después. En ese momento, se enteró que a su hijo, de apenas 15 años, lo habían matado y luego arrojado al mar en los Vuelos de las Muerte.
“Enjuiciar a la Junta Militar en ese momento fue una cosa interesante porque ningún otro país lo hizo, solamente la Argentina, eso nos dio un poco de esperanza”, contó Iris, cuyo caso fue elegido para integrar el Juicio a los comandantes. Su testimonio emocionó a todos así como la brutalidad con la que se ensañaron con el “Negrito”. Esa mujer de 46 años ya hacía casi una década que luchaba por encontrar los restos de su hijo en Uruguay y buscaba Justicia, que recién le llegaría 36 años después.
Tras el Juicio a las Juntas, comenzó a crecer la presión militar para terminar con el proceso de Justicia. Así, antes de que las causas en el resto del país avanzaran, en 1986 se sancionó la ley de Punto Final y un año después la de Obediencia Debida. A eso se sumaron los indultos y se consiguieron así más de 20 años de impunidad.
“Las leyes cortan el proceso de Justicia pero no lo revierten, y esto es una diferencia importante. Es decir, el peso político y social que el juicio había tenido no tuvo vuelta atrás a pesar de las leyes”, sostuvo Franco y aclaró: “Ese proceso de investigación y de Justicia terminó de desarticular completamente el poder militar que ya estaba desarticulado en parte por su propio desastre y reafirmó la importancia y la fuerza de la construcción democrática. Ahí se cierra un ciclo histórico que no es solo la dictadura sino que es la transición de 50 años de inestabilidad, de alternancia entre golpes de Estado y democracias y de exclusión política de sectores mayoritarios”.
“Parecía que ya no se podía hacer nada, que no se los podía tocar a los genocidas, un camino sin sabores. Sin embargo, pudimos romper la idea de impunidad colectivamente, con los organismos de Derechos Humanos, la movilización en las calles, la lucha incansable de HIJOS. Esto permitió alcanzar esta victoria”, repasó Ana María Soffiantini, quien estuvo desaparecida en la ESMA entre 1977 y 1979 y hoy integra el directorio de organismos en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA.
Los organismos, sobrevivientes y familiares de víctimas tuvieron un rol central en la resistencia a los intentos de “reconciliación” impulsados por el menemismo. En ese contexto adverso, se lograron impulsar los juicios por la verdad y los juicios en el exterior, que presionaron a un poder judicial local que permanecía inmóvil.
“El gobierno de Eduardo Duhalde se oponía a reabrir cualquier discusión con el argumento de que plantear el juzgamiento generaría inestabilidad política y Néstor Kirchner lo vio al revés, que dar respuesta a esa demanda de Justicia era una forma de construir una legitimidad que el sistema democrático necesitaba. Eso fue clave, un movimiento social muy fuerte y un sector con poder político que hace suya esa demanda. Esa combinación no es fácil de encontrar en otros países de la región, donde en aquellos donde hay Justicia, esta es muy acotada y producto de procesos de negociación muy complejos”, analizó Víctor Abramovich, procurador fiscal ante la Corte Suprema y ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esos años, Abramovich integraba el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que, junto a Abuelas de Plaza de Mayo, iniciaron el pedido de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la causa ‘Poblete’. En 2001, el juez Gabriel Cavallo declaró su invalidez, inconstitucionalidad y nulidad y luego ese mismo año haría lo propio la Cámara Federal.
“La información que circulaba era que la Corte iba a ratificar la validez de las leyes revocando los fallos de primera instancia y de la Cámara. Pero el proceso que se da en paralelo a la asunción de Kirchner es el de la renovación de la Corte y esa Corte es la que finalmente resolvió el tema en 2005. A eso se suma la decisión del Congreso de anularlas, que tuvo un valor político: el Congreso había dictado la amnistía y ahora estaba anulándola. El Ejecutivo y el Legislativo estaban dando el mensaje de que estaban de acuerdo con la reapertura de los juicios”, destacó Abramovich.
Para el jurista, el juicio a las juntas y los juicios actuales no son procesos contrapuestos, sino complementarios, con un valor diferencial en cada uno. “El juicio a las juntas sirvió para acreditar lo que fue el plan sistemático, una cuestión que hasta ese momento estaba en discusión. Se negaba la sistematicidad y ese proceso sirvió para mostrar y explicar los patrones delictivos y la planificación del aparato centralizado del Estado con casos muy fuertes que sirvieron para el proceso de Justicia pero también de memoria histórica. Los juicios en la actualidad contribuyen a completar el proceso de memoria histórica, mostrando los casos particulares y las singularidades de cada caso. Se terminó de demostrar cómo funcionaba cada uno de los centros clandestinos de detención, se logró acreditar la coordinación represiva del Plan Cóndor, los vuelos de la muerte, la violencia sexual sistemática, la persecución de dirigentes sindicales y trabajadores en planta con connivencia de las empresas”, consideró el fiscal.
Desde la reapertura, se realizaron casi 300 juicios por crímenes de lesa humanidad con más de 1100 condenados. Esta nueva etapa estuvo marcada por un nuevo rol de los y las sobrevivientes y de familiares como testimoniantes y como querellantes. “En el grupo de sobrevivientes de ESMA, con los que compartí casi dos años de cautiverio, de una manera que otra nos mantuvimos en contacto después de salir del Centro Clandestino de Detención y Exterminio ESMA”, contó Soffiantin y recordó a Graciela Daleo como el motor convocante de los sobrevivientes hacia la construcción de la megacausa Esma.
El primer juicio por Campo de Mayo se realizó recién en 2009, justamente por el asesinato del “Negrito” Avellaneda. “Del 83 al 2009 pasamos unos años tremendos, porque no había forma de que los juicios avanzaran”, apuntó Iris. En el debate, fueron condenados cinco exmilitares, entre ellos Santiago Omar Riveros, y un expolicía y recién en junio de 2022 la sentencia quedó firme tras pasar 8 años frenada en la Corte Suprema. “¿Qué podemos pensar de la Justicia que tenemos si está todo encajonado? Han pasado tantos años, 47 años del golpe y son pocos los milicos que están en prisión, muy pocos.
En paralelo a la reapertura de los juicios, la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en 2003 puso la política de Derechos Humanos en el centro de su gobierno. Eduardo Luis Duhalde le había acercado a Kirchner una propuesta en ese sentido, y fue designado a cargo de la Secretaría.
“Cuando llegamos, la Secretaría no existía en términos reales. De lo único que se encargaba era del pago de las indemnizaciones a las víctimas de terrorismo de Estado. Tenía un espacio físico muy reducido, no tenía equipamiento prácticamente, el archivo de la CoNaDeP estaba en un sótano con riesgo de inundaciones”, rememoró Luis Alen, abogado y funcionario de la Secretaría durante el proceso que encabezó Duhalde.
“Eduardo pensaba que sobre la impunidad no se podía construir democracia, entonces uno de los primeros puntos era terminar con la impunidad”, subrayó Alen. Desde allí, se promovió el apoyo al proyecto de Patricia Walsh de declarar la nulidad de las leyes en el Congreso, la presentación de la Secretaría como querellante en las causas en representación del Ejecutivo, se creó el Archivo Nacional de la Memoria y se desarrolló una política de recuperación para la memoria de los lugares que habían sido usados para el terrorismo de Estado.
Alen diferencia democracia de estabilidad institucional: “La democracia es algo mucho más profundo que solamente votar”, señaló y consideró que los juicios y el fin de la impunidad fueron un gran componente de esa estabilidad. Le hizo entender a la sociedad la dimensión de la tragedia, aunque surjan voces negacionistas y todo lo que ha aparecido, pero con la difusión, con las declaraciones de las víctimas, con las sentencias que se fueron dictando, quedó al descubierto que esto no había sido una lucha entre dos demonios, que había un solo demonio, que ese demonio tenía uniforme y servía a intereses económicos que fueron los que impusieron su modelo y que fueron los beneficiarios”, remarcó. «
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Ustedes me conocen. Porque hace unos años participé con Gustavo en un taller de escritura y escribí sobre el tema de la dictadura cívico, eclesiástico, militar.