«Las personas con discapacidad, la minoría más grande del mundo, empezamos a tener poco a poco más voces que hablen sobre nosotros. Esta cumbre global que se realiza por primera vez en Argentina y en América Latina es una prueba de ello», leyó con cierta dificultad la vicepresidenta Gabriela Michetti el pasado jueves desde Tecnópolis, al inaugurar la II Cumbre Global de Discapacidad. Minutos antes, las palabras de la primera dama, Juliana Awada, habían sido interrumpidas por los gritos de integrantes de diferentes organizaciones que abordan la problemática para recriminarle al gobierno el desguace del sistema de pensiones.
El evento, del que también participó la esposa del presidente de Brasil, Michelle Bolsonaro, se extendió hasta el sábado y contó con representantes de 20 países. La idea de los organizadores era debatir la implementación de políticas públicas para garantizar la «plena inclusión de las personas con discapacidad y su desarrollo inclusivo». Les enrostraron el doble discurso de Cambiemos.
Si bien el presidente Macri visitó el viernes el predio de Villa Martelli, la noticia estuvo afuera, donde organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos montaron una «anticumbre» para denunciar el desmantelamiento de la gestión estatal de pensiones, entre otros ataques al sector más vulnerable de la sociedad: los discapacitados pobres.
«Esta contracumbre surgió hace más de seis meses, cuando nos enteramos de que se iba a hacer acá», «Queremos que se visibilice ante las organizaciones internacionales lo que pasa acá, porque Michetti tapa todo», contó a Tiempo Remigia Cáceres, secretaria de Discapacidad de la CTA, entidad que montó adelante una radio abierta y una olla popular a las puertas de Tecnópolis. «No cumplen con la Ley 26.378, que contempla las obligaciones del Estado y los derechos de las personas con discapacidad. Lejos de eso, dieron de baja miles de pensiones con la consiguiente pérdida de la obra social, y a través de los medios hegemónicos nos tratan de sinvergüenzas y estafadores». La dirigente agregó: «En la primera cumbre, en Londres, Michetti aseguró que había tres millones de discapacitados, cuando desde el Censo de 2010 se sabe que hay cinco millones».
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que no participó de la «anticumbre», señalaron que lo de Tecnópolis «fue la cima del marketing, ya que la inclusión es sólo una postura discursiva. Mientras recortan pensiones, invierten en esto $ 65 millones, y además tercerizan la organización en una empresa: Congresos Internacionales SA».
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se expresó en el mismo sentido. Si bien celebró la realización del encuentro en la Argentina, alertó en un comunicado sobre «la vulneración de derechos que enfrenta este colectivo en nuestro país. En los últimos años, el gobierno adoptó una política sostenida de ajuste que contraviene el principio de no regresividad, que rige en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y que se manifiesta en múltiples acciones estatales».
En efecto, desde que se disolvió la Comisión Nacional de Pensiones, en 2017, y se creó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), se cayeron más de 170 mil pensiones, se cerraron masivamente centros de atención donde se tramitaban estos beneficios y se despidió a empleados clave en ese proceso. Esto generó, advierten desde ATE Pensiones, que hoy haya miles de expedientes paralizados, muchos en auditoría médica permanente. A pesar de fallos judiciales que obligan a restituirlas, aún resta volver a dar de alta más de 120 mil.
El Ministerio de Desarrollo Social, explican desde ACIJ, dio de baja esas pensiones de «sin dar ningún tipo de aviso o notificación previa, basándose en una normativa inconstitucional». Sin embargo, esa lógica no se modificó «y el acceso a las pensiones continúa supeditado a criterios violatorios de los Derechos Humanos».
La abogada Varina Suleiman, experta en discapacidad que elaboró varias de las demandas colectivas que resultaron favorables a los beneficarios, precisó que «después de que se resolviera en todas las instancias que el Estado restituyera las pensiones no contributivas y sin que haya dado cumplimiento a las sentencias, no encuentro más palabras que cinismo y perversidad para calificar la actitud de la vicepresidenta. Que la Argentina haya hospedado esta cumbre es comparable a que una reunión para reclamar los derechos de los afrodescendientes la organice el Ku Klux Klan». «
En el INTI, despidos y un stand
Los trabajadores del INTI nucleados en ATE destacaron la contradicción del organismo que conduce Javier Ibáñez, que gastó, a través de una disposición con carácter de urgente, 639.700 pesos en un stand para la Cumbre Global de la Discapacidad. En tanto, Alfredo Fernández, un trabajador discapacitado, pelea por su reincorporación luego de que en febrero lo despidieran.
«Alfredo se desempeñaba en el Centro INTI-Tecnologías para la Salud y Discapacidad, desguazado por la reestructuración que llevaron adelante las autoridades del organismo. Es especialista en diseño de sillas de ruedas, sillas posturales y dispositivos de estímulo», explicaron desde ATE
En 2016, Gabriela Michetti había visitado el INTI y destacó particularmente el trabajo de Alfredo, pero este año, el gerente de Recursos Humanos, Ernesto Luna, le comunicó que «no había más lugar para él en el organismo».
