Una Carta Magna innovadora que aún carece de apoyo popular

Un país plurinacional e intercultural, con paridad de género en todos los ámbitos e igualdad ante la diversidad, con el reconocimiento institucional de los pueblos originarios y la salida definitiva de una lógica estatal que privilegia a la empresa y a la banca para pasar a garantizar la salud pública, la educación y la seguridad social. A grandes rasgos, con muchos matices y detalles, es lo que propone para Chile la nueva Constitución de 499 artículos redactada por la Convención Constituyente tras 104 sesiones, que deberá ser sometida al voto popular el próximo 4 de septiembre.

De aprobarse, reemplazará a la vigente legada por el exdictador Augusto Pinochet. Y pese a que muchos de los cambios más audaces o vanguardistas, como la nacionalización de la minería, la pérdida de autonomía del Banco Central o el referéndum revocatorio quedaron fuera, varios aspectos del nuevo texto cuyo espíritu se forjó en las manifestaciones populares de 2019, ya movilizan a la derecha por el rechazo en el plebiscito, acompañada por buena parte de la sociedad.

El texto que a partir del martes será revisado por la Comisión de Armonización, comienza estableciendo que Chile es “un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”. Introduce novedades no solo en sintonía con los debates actuales sino que representa cambios significativos en la concepción política, social y cultural de Chile, al menos tal como está plasmada actualmente. Por ejemplo, establece la paridad de género no solo en el Estado y ámbitos públicos, también en la dirección de las organizaciones políticas, en las listas electorales e incluso dice que el sistema electoral “asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer”. Por eso la extrema derecha la considera una Constitución “feminista”, “indigenista” y “antinacional”. El nombre con el que se anuncian los detractores de estos cambios es el de “los patriotas”. A la cabeza de esta tendencia se encuentra el excandidato derrotado en segunda vuelta, José Antonio Kast, llamado el “Bolsonaro chileno”.

La Cámara Baja pasa a llamarse Congreso de los Diputados y las Diputadas. Es otra novedad la creación de la Cámara de las Regiones, en reemplazo del Senado; un cuerpo legislativo similar pero con menos funciones. Lo más destacado es que se le quita la fiscalización al Ejecutivo, dejando esta función reservada a los diputados y que se la corre un lugar en la línea sucesoria presidencial, colocando primero a quien presida el Congreso de Diputados. Igual que los senadores y senadoras, cada región tendrá igual número de representantes, que no bajará de tres, según el texto. Los miembros además responderán a la Asamblea Regional, que tendrá una participación central en la creación de proyectos remitidos a la Cámara. Además se dispone escaños reservados en el Congreso para los pueblos y naciones indígenas.

El texto garantiza el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación, y propone un Sistema Nacional de Salud “de carácter universal, público e integrado”. Otorga un rol más preponderante al Estado, permitiendo servicios privados, pero estableciendo que el Estado debe garantizar el acceso a estos servicios.

En línea con otras reformas constitucionales de avanzada en la región, como las de Bolivia y Ecuador, plantea a la Naturaleza como sujeto de derecho y regula, no de manera restrictiva, la explotación de materias primas, otorgando protección a glaciares, humedales y áreas protegidas.

Otra novedad para Chile: establece el voto obligatorio desde los 18 y optativo desde los 16 años. También el tema de la reelección presidencial por una vez. El presidente Gabriel Boric dejó saber que no haría uso de esa posibilidad.

Queda pendiente la redacción de un Preámbulo. Algo de lo que carecía la Constitución vigente. Según se difundió, hubo dos versiones tan opuestas como las posiciones en la sociedad chilena, y ambas fueron descartadas. Antes, el 5 de julio, las comisiones deben entregar la versión definitiva al presidente. Los analistas y actores políticos dicen que todavía puede haber enmiendas y que, incluso después de sancionada, pueda haber algunas correcciones, teniendo en cuenta el escenario de polarización, tanto en el Congreso como en la calle. Por el momento, de acuerdo con un reciente sondeo de Pulso Ciudadano, un 45,6% se inclina por rechazar la propuesta, un 27,1% por aprobarla y un 27,4% no sabe. El oficialismo sabe que tiene por delante un desafío comunicacional de proporciones.