Una cacería policial que intentó saturar a la Justicia: 114 liberados, críticas al operativo y denuncias al caer

La salvaje represión que sufrieron este miércoles los jubilados e hinchas de equipos de clubes de fútbol que decidieron acompañar el reclamo contra el ajuste al que están sometidos los adultos mayores tuvo su correlato en la Justicia. Muy lejos de lo que pasó en 2024 con los detenidos en la protesta contra la ley bases, que en muchos casos pasaron meses tras las rejas sin ninguna prueba, esta vez una jueza porteña tardó apenas unas horas en convalidar el derecho constitucional a manifestarse y marcar que la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales al mando de Patricia Bullrich avanzaron sobre detenciones irregulares y arbitrarias.

Karina Giselle Andrade está a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15. Fue quien en las primeras horas de este jueves ordenó la inmediata liberación de 114 personas que fueron detenidas en los alrededores del Congreso y sobre las avenidas De Mayo y Cerrito, en el centro porteño. Y lo hizo con una destacable rapidez de reflejos que le permitió tomar dimensión de lo que pasaba en la protesta: las fuerzas policiales -principalmente las federales- avanzaban a mansalva con detenciones masivas y cada vez con mayores irregularidades procedimentales, según estampó en una resolución de 12 carillas.

En ese documento, la magistrada dejó constancia del correlato judicial que tomaban las detenciones violentas y sorpresivas que se veían en el centro y se replicaban en los canales de TV. Y, sin dudarlo, de entrada planteó: «Entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente».

Además, agregó que «quienes se ‘movilizan’ en verdad se expresan, y deben poder hacerlo de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes, y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado». Incorporó citas elementales de la Constitución como los derechos a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades y hasta un fragmento del constitucionalista Roberto Gargarella.

En virtud de la «complejidad de derechos en juego», la jueza dispuso la «inmediata soltura de los detenidos informados con relación a los sucesos en el Congreso», cuando apenas habían pasado minutos del comienzo del jueves.

En su despacho, la magistrada se encargó de dejar un registro cronológico bien claro de cómo comenzaron a llegarle los reportes de detenciones. A las 17:40 horas los primeros tres detenidos; a las 18:49 otros seis; a las 20:43 cinco más; y recién entre las 22:16 y la medianoche comenzaron a llegarle -con una demora y falencias importantes que se desarrollarán más adelante- los informes de las detenciones masivas de más de 90 personas.

Para ese momento, la Defensoría Oficial había intervenido en el asunto y elevado un pedido para que los manifestantes detenidos sean liberados. En cumplimiento de lo establecido en el Código Procesal Penal, la jueza le corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que en el término de dos horas dictamine en torno al pedido. La respuesta fue que se debía rechazar ín límine porque, entre otras cosas, en el planteo defensivo a favor de la liberación de los detenidos «no se explicó ni argumentó mínimamente en qué consistiría la arbitrariedad denunciada».

Para esa hora, la televisión y las redes sociales estaban repletas de imágenes de los momentos y las circunstancias de las detenciones y de la salvaje actuación de efectivos que no tuvieron límite alguno al avanzar sobre adultos mayores y otros manifestantes con golpes, disparos y gases lacrimógenos.

Las irregularidades procesales

Después de la respuesta del fiscal, al despacho de la jueza Andrade todavía llegaban algunos reportes deficientes de detenciones. En el momento, la magistrada ordenaba su liberación, puesto que no cumplían con los datos necesarios que deben acompañar ese accionar.

Ese es un punto central del pronunciamiento de la jueza, que si bien dejó en claro que su intención no es pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, investigación que podrá continuar el Ministerio Público, dejó en claro que a su entender se procedió de una manera irregular. Adentrarse en el relato de la magistrada permite tomar dimensión de que las detenciones masivas y a mansalva ejecutadas ayer también tuvieron como efecto -se verá si intencional o no- saturar el sistema.

Según la jueza, durante la jornada, «a medida que se informaron las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvió más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial». Ocurre que «se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención».

«Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después», agregó.

De acuerdo a lo que surge del documento, ya en las primeras detenciones comenzaron a aparecer las falencias. «Con relación a los detenidos 4) a 15) no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar donde serían alojados», escribió. Esa situación ocurrió en términos similares con los detenidos 16) a 113), y hasta se llegó a reportar la detención de un «hombre de 25 años de edad que no aporta datos, pero es ciudadano mexicano». Según la jueza, recién alas 2.16 de la madrugada y por pedido del tribunal se informó la identidad de la persona.

«Es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a la acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad», afirmó.

Preparan denuncias por la represión

Mientras tanto, ya con los detenidos liberados, son varios los organismos que al cierre de este artículo trabajaban en una estrategia para cuestionar judicialmente el operativo represivo montado este miércoles en alrededores del Congreso y otros puntos del centro porteño.

Desde ATE Capital dijeron a Tiempo que evaluaban la redacción de una presentación para cuestionar la detención que sufrió su secretario general, el dirigente Daniel «Tano» Catalano. También pensaban qué acciones tomar en relación con el accionar en general de las fuerzas policiales.

Por otra parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) armaban al cierre de este artículo una presentación judicial para cuestionar el operativo, supo Tiempo.

En simultáneo, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la abogada María del Carmen Verdú le confirmó a este medio: «Nos vamos a ocupar de las defensas de quienes, aunque liberados, la Fiscalía quiera seguir investigando. Si nos contactan personas heridas, obviamente estamos a disposición».

No se descarta que más organizaciones y manifestantes de modo particular puedan presentar nuevas denuncias. De hecho, mientras espera avances en la salud de su hijo Pablo -el fotógrafo al que la policía le arrojó un cartucho de gas que le fracturó el cráneo y pelea por su vida-, Fabián Grillo le anticipó a Tiempo: «Claro que vamos a hacer una denuncia. Si bien todavía no es el momento, ya hablé con un par de abogados y la denuncia va a llegar».

Mientras tanto, el gobierno reaccionó contra la jueza. En una publicación en X, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona informó que «se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones». En línea con el discurso de las «barras» que intentaron un «golpe de Estado», el ministro planteó que «en lugar de investigar quien envió a los barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas».