Un verano con paritarias calientes, otra herencia que deja la pandemia

A fines de agosto solo un 19% de los asalariados privados había negociado sus paritarias para el período 2020 cuando, en general, la mayoría de los convenios están resueltos en mayo. El salario promedio de los privados acumuló un alza de solo un 4,6% a lo largo del año. Para esa fecha, los empleados públicos tampoco habían sellado sus actualizaciones. Por eso sólo el 8,6% de los salarios bajo convenio se habían actualizado.

La cuarentena congeló toda negociación hasta muy entrado el año. Luego vendrían los principales acuerdos que involucraban a los metalúrgicos y Comercio, que llevaron el porcentaje de trabajadores con aumento hasta el 40% para principios de octubre. Finalmente, una nueva tanda a fines de ese mes y principios de noviembre con el gremio de la construcción a la cabeza lo llevaron al 80 por ciento. En el camino también negociaron los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales y los docentes de las diferentes provincias y niveles educativos.

La aparente normalización de los acuerdos, sin embargo, choca con una realidad: son contados los casos en los que contemplaron, como es tradición, un período anual y un incremento porcentual en cuotas. Casi todos partieron de incorporar los $4 mil otorgados en diciembre por decreto presidencial, a los que se sumaron cifras fijas segmentadas en cuotas. La gran mayoría se estableció para períodos semestrales. Pero también los hubo por períodos de diez meses, de nueve, de once y finalmente acuerdos trimestrales como los de los empleados públicos. Estas modalidades implicaron cláusulas de revisión al finalizar esos períodos o directamente nuevas aperturas. Así, luego de un período de virtual congelamiento entre abril y agosto, se ingresó en una nueva fase de paritarias permanentes.

Este año, noviembre y diciembre resultan meses claves y con potencial de conflictividad para los trabajadores registrados porque en este período se agendaron cláusulas de revisión de paritarias en  varios acuerdos paritarios.

Según un relevamiento del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma completado por este medio, en lo que va de noviembre, hubo revisiones o negociaciones por tramos nuevos en UTEDyC (empleados de instituciones deportivas y civiles) que agregaron dos cuotas en diciembre y enero para llegar a un total del 33%; Alimentación sumó al 6,5% cuatro cuotas nuevas para totalizar un 32%; Sanidad, que en laboratorios y droguerías traían un acumulado del 14,3%, sumaron un 8%; SOMU y Flota Petrolera e Hidrocarburífera lograron firmar una cláusula gatillo de actualización por IPC; y el sindicato de carga y descarga agregó dos cuotas para acumular un 31,2 por ciento. El gremio bancario, tal como estaba previsto, pudo mejorar su acuerdo inicial del 26% para llevarlo hasta un 34% a partir de dos cuotas del 4% en noviembre y diciembre.

No corrieron la misma suerte los aceiteros, que debieron revisar su acuerdo sellado en abril por un 25% en agosto y, desde entonces, no han logrado mover a las patronales de su propuesta de mejora del cero por ciento. Daniel Yofra, titular de la Federación Aceitera explicó a Tiempo que «ya pasamos la conciliación obligatoria. Estamos esperando el mejor momento para tomar medidas». El dirigente indicó que el reclamo pasa por llevar el básico a $ 84.000, que implica un nuevo incremento del 20 al 25 por ciento.

Los desmotadores de algodón tenían pautada una revisión en octubre cuya negociación fue pasada por alto por las patronales. El sindicato del vidrio también tenía una revisión para esa fecha de la cual no hay registros.

Los trabajadores de prensa del interior del país (convenio Fatpren) se encuentran en una dilatada negociación para el segundo tramo de su paritaria luego de acordar un 18% por ocho meses y una suma fija de $10 mil con revisión en noviembre. El lunes continúa la negociación en las vísperas del paro de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires fijado para el 3 de diciembre al que podrían sumarse bajo algún formato.

Los camioneros, por su parte, habían conseguido una suba del 27% pero tienen una revisión pautada para el mes de febrero, al igual que los químicos que ya habían acordado un 24 por ciento.

El caso extremo es el de los empleados públicos nacionales y los docentes universitarios que acaban de sellar sus acuerdos por un 7% y por un período de tres meses y ya en los primeros días de diciembre deberían reanudar las negociaciones para el período siguiente al igual que los judiciales bonaerenses. Los trabajadores de la salud ya comenzaron medidas de fuerza en todo el país para recomponer sus diezmados haberes.

De este modo, las negociaciones paritarias de 2020 continuarán sin tregua hasta que empalmen con el período 2021. «

Ofrecen 22% para empleadas domésticas

El pasado miércoles se reunió finalmente la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La reunión entró en un cuarto intermedio hasta el lunes luego de que desde el gobierno presentaran una propuesta de recomposición del 22% en cuatro cuotas y, desde la representación patronal, ofrecieran un 24 por ciento.

Según pudo saber Tiempo Argentino de fuentes gremiales que participaron de la reunión, se espera que el lunes ambas representaciones mejoren su propuesta de suba así como den respuesta al reclamo de un plus por antigüedad del 1% por año trabajado y la elevación del plus por zona desfavorable del 25% al 30% que reclamaron los gremios.

Con todo, la negociación que debió realizarse en mayo de este año no resulta tal en la medida en que la decisión recae enteramente sobre el Estado, puesto que es quien ostenta la mitad de los ocho representantes que participan de la Comisión y, además, cuenta con el derecho de desempatar.

Si bien los cuatro escaños gremiales se comparten entre 12 de las organizaciones sindicales del sector, no hubo un pliego único.

Los reclamos del lado gremial en términos de actualización variaron desde un incremento del 40% hasta alrededor de un 120%, que es lo que se necesita para llevar el básico actual hasta el valor de la Canasta Básica Total que mide la pobreza.

Además, reclamaron la inclusión del sector en los beneficios del programa de ATP, el blanqueo del trabajo y la reincorporación de las alrededor de 600 mil despedidas.  «