Ebrahim Raisi ganó con 62% de los votos. Muy cercano al ayatola Ali Jamenei, formó parte activa de la burocracia judicial.
De 60 años, hasta ahora Jefe de la autoridad judicial y muy cercano al líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, Raisi era el principal favorito para suceder a Hasan Rohani ante la falta de competencia real tras la descalificación de sus principales adversarios. Se presentó como el líder de la lucha anticorrupción y defensor de las clases populares que perdieron poder adquisitivo por la inflación y una crisis económica que vive un país rico en hidrocarburos, pero sometido a sanciones estadounidenses. La llegada de Raisi refuerza el malestar popular contra el saliente Rohani, que se retirará con una deteriorada imagen ante la ciudadanía, sobre todo por considerarlo responsable del fracaso tras la retirada de Estados Unidos en 2018 del acuerdo sobre el programa nuclear iraní sellado con las grandes potencias en 2015 en Viena, y que podría retomar ahora con la nueva administración de Joe Biden. Aquella decisión de Donald Trump y el restablecimiento de sanciones punitivas que le sucedieron hundieron al país en una violenta recesión, privando por ejemplo al gobierno de sus ingresos por exportaciones petroleras.
La campaña electoral estuvo marcada por manifestaciones de abstencionistas que acusaron al gobierno de no haber «hecho nada» por el país o que no veían interés en participar en una elección decidida por adelantado, e incluso según ellos «organizada» para permitir el triunfo de Raisi.
El guía supremo Jamenei celebró el resultado como una victoria de la nación contra la «propaganda del enemigo». Raisi ya había sido candidato en 2017, cuando perdió en primera vuelta frente a Rohani, que obtuvo su reelección. Esta vez, “la gran ganadora de las elecciones es la nación iraní porque se ha levantado otra vez frente a la propaganda de la prensa mercenaria del enemigo», dijo Jamenei.
Sin llamar a la abstención, el expresidente Mahmud Ahmadineyad, cuya candidatura fue invalidada en mayo, denunció en un mensaje de video el viernes unas elecciones organizadas «contra los intereses del país». «No quiero participar en este pecado», dijo. Además, para la oposición en el exilio y las ONG, Raisi es la encarnación de la represión frente a las olas de protesta de 2017, 2018 y 2019. Su nombre también está asociado a las ejecuciones en masa de detenidos de izquierda en 1988, aunque él niega toda participación.
Raisi figura en la lista negra de responsables iraníes sancionados por Washington por «complicidad en graves violaciones de los derechos humanos».
Nacido en noviembre de 1960 en la ciudad santa de Mashad (noreste), Raisi fue nombrado fiscal general de Karaj, cerca de Teherán, con tan solo 20 años, tras la victoria de la Revolución Islámica de 1979.
Ha formado parte del engranaje judicial durante más de tres décadas: fiscal general de Teherán de 1989 a 1994, jefe adjunto de la Autoridad Judicial de 2004 a 2014, año en el que fue designado fiscal general del país.
Raisi no es un hombre muy carismático. Luce barba canosa y gafas finas y siempre va ataviado con un turbante negro de «seyyed» (descendiente de Mahoma). Cursó las clases de religión y de jurisprudencia islámica del ayatolá Jamenei.
Según su biografía oficial, es docente desde 2018 en un seminario chiita de Mashad. Además, es miembro de la dirección de la Asamblea de Expertos, que se encarga de nombrar al guía supremo.
Numerosos medios iraníes lo ven como un posible sucesor de Jamenei, de casi 82 años, que en 2016 lo había colocado al frente de la poderosa fundación caritativa Astan-e Qods Razavi, gestora de un inmenso patrimonio industrial e inmobiliario, y después al mando de la autoridad judicial.
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