El reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito se instaló en la agenda pública y forzó a los dirigentes a abrir el debate. Las organizaciones buscan convencer a los indecisos. "Fueron años de silencio democrático frente a una demanda de justicia reproductiva, igualdad, mejores condiciones de vida y libertad para nosotras", asegura Soledad Deza.
La noticia se recibió con alegría cautelosa en los distintos espacios que promueven este tema desde hace años. Que hoy se reconozca oficialmente la necesidad de abrir el debate y de tratar la ley en el Congreso es un logro indudable del movimiento de mujeres.
«Tiene que ver con la presión que se ejerció y el nivel de adhesión social que tiene este tema. El movimiento ha instalado este debate, y para el gobierno es más costoso no darlo que habilitarlo», expresa Victoria Tesoriero, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. «Debemos tener cuidado y redoblar esfuerzos para que no sea una cuestión de oportunismo. Creo que tenemos que generar estrategias para presionar lo más que podamos para convencer a quienes todavía no tienen postura», agregó Tesoriero.
Una larga lucha
La campaña por la legalización del aborto nació en el Encuentro de Mujeres en 2004 y se lanzó en 2005 con la consigna «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir» y cobró una trascendencia única. Año a año fue sumando adhesiones y legisladores que lo acompañaban, pero nunca llegó a tratarse en el Congreso. Este 6 de marzo se presentará por séptima vez un proyecto de ley y la perspectiva parece diferente.
«Son muchos años ya de reclamar el reconocimiento de nuestra soberanía reproductiva y también muchos años de silencio democrático frente a esta demanda de justicia reproductiva, igualdad, mejores condiciones de vida y libertad para nosotras. La lucha feminista ha puesto en agenda el tema y las fuerzas del movimiento están intactas para exigir que se debata y se apruebe el aborto legal. Pero también somos cautelosas porque sabemos que la hora de la verdad será dentro del recinto cuando cada legislador tenga que votar», añade Soledad Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Precisamente su organización se adelanta a la «libertad de conciencia» que promueven algunos partidos políticos y plantea que la religión o las creencias personales no deberían ser un argumento para frenar en la conquista de derechos.
«Sabemos que corren tiempos de precarización y despidos, afectación indebida de libertades y retrocesos en materia de derechos sociales. Sin embargo, creemos que la presión feminista y el consenso social frente a la injusticia que depara el aborto inseguro en la vida de las mujeres es una realidad que ya no permite vuelta atrás a ningún gobernante que se precie de querer el bienestar para su ciudadanía y para ningún legislador que fije reglas de vida con parámetros democráticos, plurales y respetuosos de los derechos», añade Deza.
Deuda de la democracia
«De la mano de los reclamos en contra de los femicidios, se ganó más fuerza en la discusión por los derechos de las mujeres, que incluye sin duda el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ojalá sea un momento propicio para que las legisladoras y los legisladores tomen en serio esta deuda de la democracia», expresa Edurne Cárdenas, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales.
«El argumento histórico de la dirigencia política para no debatir el tema fue que la Argentina no estaba preparada para hacerlo. Pero eso es falaz, porque la movilización popular es visible. La campaña existe desde 2005, fue capaz de generar muchísimos proyectos que fueron firmados por un montón de legisladores, eso habla de que hay un movimiento popular que es insoslayable», agrega. «Uno de los efectos más grandes de la penalización del aborto es expulsar a las mujeres a la clandestinidad y eso es con lo que hay que terminar».
Finalmente, tanto Cárdenas como Tesoriero coinciden en la necesidad de profundizar y ampliar el pedido hacia la educación. «Buscamos una política integral con respecto al aborto», expresó la representante de la Campaña. «Queremos la implementación de la ley de educación sexual integral. El programa fue desmantelado al igual que la ley de salud sexual, que sufrió tremendos recortes presupuestarios». Y por eso también van a pelear hasta lograrlo. «
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