La entretela del pedido de juicio politico que la oposición espera poder sustanciar contra el presidente de Brasil.
La caída de Bolsonario podría ser un desenlace esperado, teniendo presente que a las manifestaciones populares se le suman 123 pedidos de impeachment, que se acumulan en la Cámara de Diputados de ese país. Además, el mandatario brasileño está acusado de 23 delitos, la mayoría relacionados a su gestión ante la pandemia del Covid-19, que son evaluadas por una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado Federal.
Al comparar la situación con los casos anteriores, la posibilidad de que se concrete el impeachment se hace remota, más allá de algunas similitudes. De hecho, también existieron fuertes movilizaciones durante el gobierno de Collor de Melo, especialmente del movimiento “Caras Pintadas”, una irrupción del “baby boom” juvenil posdictadura, que sumado al desprecio que, al igual que Bolsonaro, Collor tenía al Parlamento, provocó la formación de un bloque, que (con 441 votos a favor y 33 en contra en Diputados; y 76 votos a favor y 3 en contra en Senadores) terminó con su destitución en diciembre de 1992.
Si bien también existieron movilizaciones contra Dilma, especialmente de sectores medios altos, cabe señalar que también se manifestaron sectores populares contra lo que consideraban un golpe de Estado, porque la destitución estuvo centrada en las acusaciones del Parlamento, que no fueron por corrupción, sino que se fundamentó en una práctica cotidiana en la administración pública brasileña, la pedaleada fiscal que violaría la Ley de Responsabilidad Fiscal. En este caso, consistió en financiar gasto social del año en curso con préstamos de la banca pública para cubrirlos con presupuesto del año subsiguiente, algo que se consideró como mala praxis de gestión.
El Partido dos Trabalhadores (PT) encabeza el pedido de superorden de impeachment, acompañado por aliados como el Partido Socialismo y Libertad (PSol); el Partido Socialista Brasileño (PSB); el Partido Democrático Trabalhista (PDT); o el Partido Comunista do Brasil (PCdB). Incluso, el pedido es apoyado por diputados de derecha, como Alexandre Frota (Partido de la Social Democracia Brasileña), Kim Kataguiri (Demócratas) o Joice Hasselmann (Partido Social Liberal) del mismo partido que permitió la elección de Bolsonaro. Además, suma el apoyo de organizaciones como la CMP; el Frente Brasil Popular; la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y la Coalición Negra por los Derechos.
Sin embargo, pareciera no alcanzar para la destitución de Bolsonaro. Porque el factor que precipitó la caída de Collor de Melo y Dilma Rousseff es lo que no se encuentra en este contexto: el epicentro del bloque destituyente que en esos casos fue el MDB (Movimiento Democrático Brasileño), un partido que surgió como contraposición a la dictadura brasileña (1964-1985) y que tiene un despliegue territorial que sustenta una participación institucional y legislativa clave en la política brasileña.
En ambos casos, el MDB tuvo la capacidad de encabezar una coalición parlamentaria, teniendo dos figuras institucionales como reemplazo, Itamar Franco en 1992 y Michel Temer en 2016, en tanto que quien hoy podría reemplazar a Bolsonaro, Luiz Ignacio Lula Da Silva, no tiene la facultad institucional de ser elegido por impeachment y debería esperar una elección popular.
De hecho, una destitución podría dejar a Hamilton Mourão en la presidencia, un representante del poder fáctico que sustenta al gobierno, las Fuerzas Armadas, que cuenta con una inserción importante en el parlamento y en el ejecutivo nacional, y hoy apostaría por sostener a Bolsonaro y es la clave para explicar su subsistencia.
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