Un gobierno peligroso; por Roberto Caballero

El país vive por estas horas un clima político enrarecido. El gobierno habla de violencia con extrema liviandad. Se manifiesta sobre la desaparición forzada de un joven con enervante ajenidad, desconociendo incluso la carátula del expediente. Asocia a los que reclaman por las libertades y la justicia con objetivos sediciosos. Reacciona a una simple pregunta («¿Dónde está Santiago Maldonado?») con el reproche envenenado hacia su familia, sus compañeros de lucha en el sur y sus amigos por una situación –no hay que olvidarlo– que los tiene como angustiadas víctimas. Madres, Abuelas, Hijos, exdetenidos por razones políticas, todos los organismos de DD HH reclamantes son destratados en público y en privado, casi de manera rutinaria, con argumentos extractados de los escritos de defensa de los represores de otras épocas. «Los demonios no eran tan demonios», llegó a decir Patricia Bullrich, indultando otra vez a los ejecutores del terrorismo de Estado, desde un programa de TV, donde se habla con la boca llena.

La natural indignación social por la desaparición de Maldonado, lejos de moderar sus intervenciones, de atemperar sus embestidas, desató una belicosa contraofensiva encabezada por Bullrich –jefa política de la Gendarmería, fuerza a la que Cambiemos aspira a convertir en los «carabineros» de Macri, lo único que vendría a explicar la vehemencia que pone la ministra en su defensa–, en tándem con Marcos Peña, indudable cerebro de la estrategia negacionista oficial evidenciada en su presentación ante el Parlamento, desconociendo la cautelar de la CIDH que obliga al Estado a encontrarlo con vida.

La impresionante marcha del viernes 1, con cientos de miles de personas en la Plaza de Mayo, tras cumplirse un mes de ausencia del joven, finalizó con incidentes desconcertantes (no hay antecedentes en los últimos 15 años de una marcha de DD HH que termine así), y fue antecedida por una serie de episodios más llamativos aún que merecen ser documentados. Circunstancias en las que el gobierno –directa o indirectamente– aparece involucrado, nunca desalentando el envilecimiento del discurso público; por el contrario, avivando el malestar:

1) La difusión de alarmantes «órdenes internas» de FF SS llamando a sus efectivos a un virtual acuartelamiento contra focos extremistas que estarían preparando una andanada violenta con blanco preferente en los integrantes de esas fuerzas, citando el misterioso episodio de la quema de dos autos frente al Ministerio de Seguridad bonaerense.

2) Notas en los diarios Clarín y La Nación, alimentadas en fuentes oficiales, dándoles categoría de noticias verosímiles a los contenidos de esas «órdenes internas», hablando de una semana de «agitación política» alentada, en teoría, por grupos «anarquistas y kirchneristas».

3) Una saga de insostenibles amenazas a través de redes sociales contra Mauricio Macri o María Eugenia Vidal, sumado a cerca de 100 llamados alertando sobre bombas en escuelas bonaerenses, y la mención a la compra de un artefacto «inhibidor de drones» a ser utilizado para reforzar una supuestamente asediada seguridad presidencial.

4) El desplazamiento de móviles y personal de FF SS y FF AA por rutas y caminos inhabituales, a la vista de todo el mundo, en sintonía con irrupciones inexplicables de uniformados en escuelas del GBA o practicando hostigamiento a estudiantes secundarios de CABA.

5) El allanamiento policial a once locales de partidos políticos y movimiento sociales que habían participado de una movilización contra el «gatillo fácil» en Córdoba donde alguien no identificado produjo la rotura de una vidriera. Pero en los procedimientos se secuestraron bombos, afiches, volantes y pancartas, en su mayoría pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, y ninguna otra cosa.

6) La instalación desde el Grupo Clarín, la agencia Télam, programas de Radio Nacional de las más disparatadas versiones sobre el paradero de Maldonado: que estaba muerto en Chile, que está vivo en Chile, que un puestero lo acuchilló y murió, que un puestero lo acuchilló y escapó vivo, que estaba en el corte de la Ruta 40 junto a los mapuches de Cushamen, que no habría estado porque estaba muerto en Chile, que no estaba porque huyó a Chile herido, entre otras de tenor contradictorio parecido.

7) La prédica estigmatizante de comunicadores oficialistas en Radio 10, Mitre, Canal 13, América TV, asociando a Maldonado y los derechos de los pueblos originarios (reconocidos en la Constitución Nacional, se recomienda lectura) con el extremismo político, el ISIS, la inteligencia británica, la delincuencia común, el robo de ganado, la invasión de los araucanos, el incendio de campos y –qué susto– «La Cámpora». 

8) Desde esas mismas usinas (en alianza con la comunicación de tres ministerios, el de Seguridad, el de Educación y el de Justicia, cuyos titulares calificaron a los maestros de «monstruos», «canallas» y «kirchneristas») también se abogó por la vuelta al Medioevo escolar intentando crear una polémica por la distribución de material pedagógico entre los afiliados de la CTERA en el Día mundial del detenido-desaparecido, alertando sobre una supuesta movida de «adoctrinamiento político» sobre los alumnos que derivó en descabellados debates en los programas de la tarde y los noticieros que, por unos días, desplazaron el escándalo de Natacha Jaitt.

9) La burla del gobierno de Gerardo Morales y la justicia jujeña al pedido de la CIDH que transformó el arresto domiciliario exigido en beneficio de Milagro Sala en una suerte de presidio individual con custodia permanente, alambre de púas y cámaras registrando las 24 horas la intimidad de la presa política de la Tupac, condiciones que no se aplican en ningún otro caso de arresto domiciliario, por ejemplo, los que benefician a genocidas condenados.

10) En todas las señales de Clarín –el que más pauta publicitaria recibe del macrismo– apareció Mariano Martínez Rojas, jefe de la patota que ingresó y golpeó a los trabajadores de Tiempo Argentino, en el atentado más grave a la libertad de expresión de los últimos tiempos, presentado como un adalid de las virtudes republicanas, acusando a sus víctimas –los trabajadores de prensa de esta heroica cooperativa– de usurpadores y ladrones, idénticas palabras a las utilizadas por Macri cuando ocurrió aquel ataque.

11) Tras los incidentes después de la marcha por Santiago, Patricia Bullrich consideró –según el diario La Nación– que «los grupos que respaldan la causa de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se componen de sectores anarquistas, elementos trotskistas, corrientes kirchneristas, manifestantes revolucionarios, organismos de Derechos Humanos, sindicatos combativos y organizaciones sociales y piqueteros violentos».

En todos los casos, los funcionarios de Cambiemos y su periodismo de infantería aunaron su impresionante poderío para asestarles a los ciudadanos reclamantes una suerte de escarmiento mediático, ubicándolos discursivamente en la zona de la locura, el fanatismo, la politización maliciosa, la usurpación, el adoctrinamiento perverso, la monstruosidad y la violencia. Rastrear la intención de construir una realidad de acoso al gobierno en manos de un enemigo interno es meridianamente claro para cualquiera con dos dedos de frente. La falsa victimización necesita, obvio, de un falso victimario. O de muchos a la vez.

Bastante se ha hablado sobre el carácter del gobierno de Mauricio Macri. Asociarlo con una dictadura es una demasía porque tiene origen democrático, legitimación en las urnas. Decir que es simplemente autoritario, en cambio, parece poco. La tentación casi refleja a dirimir de manera violenta los conflictos sindicales (docentes, PepsiCo, Cresta Roja), la descalificación como única alternativa de trato hacia sus opositores, el abuso de decretos de necesidad y urgencia salteándose el Parlamento, la relectura en clave compasiva del terrorismo de Estado, la obsesión por mantener presos políticos y que aún mantiene a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, merecen –de mínima– una categorización más ajustada a la realidad de los hechos.

El de Macri es un gobierno peligroso. Como lo era el gobierno constitucional de Juan María Bordaberry, en el Uruguay de los ’70.

Legítimo, pero peligroso. Constitucional, pero peligroso. Lo cual es doblemente peligroso. «