El presidente se reunió con la ministra de las Mujeres y Diversidades, y anunció medidas para fomentar la paridad de género en la función pública.
Gómez Alcorta anunció la decisión del Presidente de avanzar en la redacción de un decreto que promueva la igualdad de género en las designaciones de funcionarias y funcionarios de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. “Conversamos sobre la falta de paridad de género en el Gabinete con especial preocupación. Me aseguró que trabajaremos en conjunto para revertirlo”, expresó la funcionaria.
A través de sus redes sociales, la ministra difundió la foto de su reunión con Alberto Fernández, ocurrida en la quinta de Olivos, antes del viaje del jefe de Estado a La Rioja, donde participó con los gobernadores del oficialismo de una reunión para analizar el futuro de la gestión tras los cambios en el gabinete nacional. “Me convocó a una reunión de trabajo en la que reafirmamos nuestro compromiso irrevocable e ineludible con las políticas de género y diversidad” dijo Alcorta y amplió: “Como desde el 10 de diciembre de 2019, seguiremos trabajando todos los días para diseñar y fortalecer medidas que protejan y amplíen los derechos de las mujeres y LGBTI+, porque es prioridad absoluta de nuestro gobierno”.
“Somos un gobierno que está y estará del lado de las mujeres y LGBTI+. Fue ese nuestro compromiso cuando asumimos y lo honraremos cada día trabajando sin descanso. La vida que queremos es con todas, todes y todos, con la igualdad y la justicia social como norte, siempre”, cerró desde su cuenta de Twitter.
Repudios
Desde el viernes a la noche, cuando se conoció la nueva composición del gabinete, comenzaron a arreciar las críticas a Manzur. Los colectivos de mujeres y disidencias consideraron una afrenta este nombramiento, por los antecedentes negativos del exgobernador de Tucumán en torno a la protección de derechos. Recordaron que estuvo en contra de la aprobación de la ley del aborto legal y gratuito, y que designó a su provincia Pro-Vida poco antes de la votación de la ley, y pusieron énfasis en su responsabilidad en el sometimiento de una niña de 11 años, que había sido violada, a parir contra su voluntad a través de una cesárea. El caso de Lucía fue tan grave, en términos de la violación de las leyes que habilitaban a la niña a proceder a la Interrupción Legal del Embarazo, que dio lugar a una campaña internacional de repudio en las redes sociales #NiñasNoMadres.
De hecho, en aquel momento, marzo de 2019, la propia Gómez Alcorta, que no era ministra sino abogada defensora de los Derechos Humanos, y miembro del Frente Patria Grande, denunció por abuso de autoridad a quien desde el lunes será su jefe, por obstaculizar el aborto legal de aquella niña.
Las estadísticas nacionales dan cuenta de que en Tucumán siete de cada diez embarazos no son intencionales.
A Manzur también se lo cuestionó por no adherir, después de seis años de su sanción en 2006, a la ley de Educación Sexual Integral (ESI), que insta a las provincias a dictar esa formación en el nivel inicial, primario y secundario de sus escuelas.
La demora es grave en una provincia en la que, según estadísticas de 2015 del Poder Ejecutivo Nacional, el 20% de los nacimientos fueron de madres menores de 20 años, mientras que la media nacional era del 15,5 por ciento. «
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