La Cámara de Apelaciones rechazó la demanda realizada por vecinos de La Boca en contra de la venta de los terrenos de Casa Amarilla al Club Boca. La resolución revirtió la decisión de la jueza de primera instancia que había declarado inconstitucional la privatización.
Es que uno de los ejes en que se basa el fallo de Cámara afirma que la venta a sectores privados, de terrenos públicos ubicados en el sur de la Ciudad no necesita ser aprobada en la Legislatura sino que puede realizarse directamente a través de la Corporación, según lo indica la Ley 470 que la creó en 2000. Sin embargo, el año pasado la jueza porteña Paola Cabezas Cescato había dicho exactamente lo contrario: declaró “inconstitucional” la licitación, que en junio de 2016 le permitió a Boca comprar el predio, en base al artículo 82, inciso 4°, de la Constitución local que establece que es la Legislatura la que debe “aprobar transacciones, disponer la desafectación del dominio público y de bienes inmuebles de la Ciudad”.
Al respaldar la apelación presentada por el club y el Gobierno, los camaristas Esteban Centanaro y Mariana Díaz señalaron en su fallo que la venta de los terrenos no implica ningún daño ambiental y, por ende, “al encontrarse descartada una lesión al medio ambiente, los actores carecen de legitimación para propiciar el control de constitucionalidad”. Es decir, no pueden presentar una demanda en defensa de derechos colectivos. El tercer magistrado que conforma la Cámara, Hugo Zuleta, votó en disidencia de ambas consideraciones. Pero la mayoría selló la suerte.
La resolución de Cámara está fechada el 27 de diciembre pero recién se conoció el pasado 4 de febrero cuando le llegó la notificación a las partes. El expediente venía de pasear por varios juzgados. Primero recayó en el juez Guillermo Scheibler, quien a mediados de 2017 había dictado una medida cautelar que ordenaba a Boca no realizar ningún tipo de acción en los terrenos. Angelici no lo soportó y movió sus fichas. Tres días antes de la feria judicial de 2018, el magistrado fue apartado del caso y, rápidamente, Boca instaló en el predio los alambrados y la seguridad privada que continúan hasta hoy.
La gestión del club xeneize no retrocedió ni cuando el expediente recayó en la nueva jueza, ni cuando ella falló en su contra. Tampoco levantó el enrejado con el reclamo de los vecinos y las organizaciones, quienes realizaron diversas marchas y acciones para insistir en la necesidad de espacios públicos que tiene La Boca.
Desde hace años, en los campitos (como lo llaman en el barrio) los vecinos juegan al futbol, pasean al perro, bailan candombe y murga, o hacen un picnic los fines de semana. El predio era propiedad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y estaba destinado a la construcción de viviendas. Sin embargo, el Gobierno porteño sólo construyó poco más de 400 de las 1200 que estaban estipuladas en el Programa Viví en tu Casa. Así fue que 3,2 hectáreas quedaron libres y el IVC las transfirió a la Ciudad y, a su vez, Macri –por entonces jefe de Gobierno- se las delegó a la Corporación Buenos Aires Sur.
En 2016, esta Sociedad del Estado abrió la licitación para venderlas. Los requisitos para presentarse fueron hechos a medida del club dirigido por Angelici que, obviamente, fue el único que presentó una propuesta de compra y, por ende, resultó ganador. Las tierras fueron privatizadas por un total de 180 millones de pesos que Boca pagará en cómodas cuotas, los próximos 14 años.
Ante el fallo que acaba de conocerse, el abogado Baldiviezo ya presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara para que la decisión sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia. Si la Cámara lo rechaza, la decisión quedará firme y Boca será dueño definitivo de las tierras.
Qué se construirá en el predio, es un secreto a voces. Aunque en el proyecto que Boca presentó a la Corporación hablaba de museos, gimnasios y paseos, el gran objetivo del macrismo en el club es levantar allí un nuevo estadio. Y si bien por ahora no se podría colocar ni un ladrillo, un proyecto de ley espera el momento oportuno para ser tratado en la Legislatura. El objetivo es rezonificar los terrenos y que puedan ser utilizados para el «Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors», tal como señala su texto. Derribado el obstáculo judicial, y con mayoría en el recinto, parece no haber nada que pueda frenarlo.
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