Denuncian la suspensión de todas las especialidades médicas, ausencia de profesionales y malas condiciones del Centro de Salud propio. Un vaciamiento que inició Mauricio Macri, se profundizó con Larreta y continúa en la gestión de Jorge Macri.
El organismo viene siendo víctima de un fuerte ajuste que provoca el abandono de los cientos de miles de sus afiliados. Actualmente es administrada por el GCBA y el gremio Sutecba. A la carencia de profesionales se le suma la eliminación de turnos en todas las especialidades y la falta de pago a todos los centros de salud periféricos.
La suspensión de turnos incluye a Clínica Médica, Cardiología, Ginecología, Kinesiología y Salud mental; son las especialidades sobre las que más reclamos hay, pero también hay muy pocos turnos en laboratorio. Este jueves se movilizaron hacia la sede administrativa en Av. Rivadavia 6080 y realizaron una radio abierta.
«Hace un mes que una compañera no cuenta con estudios medicos que necesita con urgencia. Es algo que no pueden dejar pasar mucho tiempo. Le dijeron que el trámite pero ya lleva más de 30 y no saben cuando van a pagarle el estudio para poder hacérselo», denunció a Tiempo Ana Belinco, afiliada a ObSBA y maestra de grado en la Escuela 13 DE 11 de la Ciudad.
El Sanatorio Méndez, ubicado en el barrio de Caballito, es el centro de salud cabecera de ObSBA. Las y los afiliados, aseguran que la institución médica se encuentra en un estado crítico por falta de mantenimiento y ausencia de sanitización e higiene en el sector de quirófanos.
“En el séptimo piso del sanatorio, toda la parte de quirófanos, durante muchos años, varios afiliados que se realizaron una intervención quirúrgica en el sanatorio, salieron infectados con enfermedades interhospitalarias. Esto sin lugar a dudas es consecuencia del deterioro edilicio. Si bien están haciendo todo ese piso a nuevo, no hubo ningún tipo de balance ni de blanqueo público sobre qué pasó con la finanza de la obra social”, agrega Belinco.
La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) fue creada en agosto del 2000, luego de la sanción de la Ley N° 472. Nació con el objetivo de ser la continuidad del Instituto Municipal de Obra Social (I.M.O.S.) y posee carácter de Ente Público no Estatal. Pese a contar con una organización mixta con capacidad de derecho público y privado y con autarquía administrativa y económico-finaciera, el macrismo logró desarticular esa estructura y en 2008 intervino la obra social.
Fue el propio Mauricio Macri quien inició el proceso de intervención, luego de un fallo favorable de la justicia porteña. Desde entonces, la obra social está en un declive constante, atravesó un proceso de quiebra con una deuda millonaria (ver recuadro).
“Soy trabajadora del gobierno de la ciudad y ObSBA es mi obra social de hace 16 años. En los últimos años empeoró muchísimo y sobre todo en post-pandemia. Se vino abajo. Hace un año nos autoconvocamos y pudimos remover el consejo directivo de la obra social y se comprobó que hubo una administración mínimamente poco clara de los recursos de la obra social”, contó a éste medio Anahí Vázquez.
“En mi caso, yo tengo un nene que realiza tratamiento preventivo por el asma. Entonces tuve que cambiar de profesional y lo estaba atendiendo en el sanatorio Méndez. Ahora estoy en lista de espera del sanatorio porque ya no hay otras prestaciones”, agrega Vázquez.
Cada estatal porteño aporta el 6% de sus haberes para recibir los servicios de ObSBA, a diferencia del resto de las obras sociales que reciben el 3% del salario. La diferencia porcentual se explica porque los trabajadores activos sostienen la atención médica de las y los jubilados.
Por esta situación realizaron varios reclamos judiciales, además de exigir la participación de todos los gremios en la organización interna de la Obra como lo exige la Ley. En diciembre de 2021, la Unión de Trabajadores de la Educación –UTE Cera–, también se hizo eco de las irregularidades que ocurren en la obra social y presentó una intimación en base a miles de reclamos de sus afiliados. La notificación advertía sobre la falta de atención médica en todos los servicios y sobre la negativa de los profesionales a expedir los certificados de atención.
En 2008, el ex jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, inició un proceso de ajuste y vaciamiento de la Obra Social porteña. A días de haber iniciado su primera gestión, el ingeniero firmó un DNU para intervenir la obra y despedir alrededor de 2500 trabajadores y varias prestaciones médicas que cubría la entidad.
Tras la presentación de varios amparos iniciados por los gremios Sutecba y ATE Capital, la jueza Elena Liberatori resolvió en dos ocasiones prohibir la intervención de la Obra social y ordenó reincorporar a los empleados despedidos por Macri. Rápidamente la magistrada fue recusada por la gestión macrista argumentando “supuestos vínculos de la jueza con sindicalistas”. Semanas más tarde otro juzgado revocó ambas decisiones judiciales de Liberatori y habilitó la intervención.
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