La suspensión de los registros de exportación anticipaba la suba de retenciones que por el momento quedó stand by. Las entidades piden compensaciones tributarias.
El efecto de la suspensión momentánea del anuncio fue importante en varios niveles. El gobierno venía de suspender los registros de exportación el miércoles, horas antes de la reunión que los empresarios tenían agendada para el jueves con el titular de la cartera campestre. La medida anticipaba la ratificación del aumento de las retenciones e irritó a los ruralistas, que llegaron al encuentro con Basterra al grito de traición.
Al menos esa fue la palabra que eligieron las autoridades de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para calificar en un comunicado oficial la actuación del funcionario, aun cuando el aumento está en stand by desde hace dos meses e incluso después de que se anunció que se limitaría a la soja sin alcanzar al trigo y al maíz.
En el reparto de roles la CRA es la pata de la Mesa de Enlace con perfil más áspero si bien comparte espacio con otras entidades con impronta dialoguista al menos formalmente. Pero más allá de los perfiles la comisión patronal está alineada detrás del objetivo de aumento cero de las retenciones.
Incluso el titular de las Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, quien durante la campaña electoral que consagró en 2019 a Alberto Fernández destacó positivamente el impuesto a las exportaciones agropecuarias como instrumento para abordar la crisis financiera que sufre el país desde 2018; una posición que sintonizaba con el discurso de campaña del actual presidente en lo referido al sector primario de la economía.
Pero esos tiempos se fueron. En diálogo con Tiempo tras la reunión con Basterra, Iannizzotto consignó que el primer pedido de los ruralistas fue que el aumento previsto en la Ley de Solidaridad quede totalmente sin efecto. En segundo término pidieron beneficios impositivos y crediticios para las economías del interior en el caso de que el gobierno ratifique su decisión de aplicar la suba de la alícuota.
Pero la Mesa de Enlace aprovechó para discutir la utilidad fiscal de las retenciones e incluso plantearon una sospecha de intencionalidad política que el ministro descartó en la reunión como motivación de la medida.
«El porcentaje va a ser del 33% quizás con una pequeña baja en relación a la harina de soja», adelantó Iannizzotto algo resignado. Y agregó: «Es algo que va a definir el gobierno pero es lo que prevemos después de reunirnos con el ministro (por Basterra). Nuestra propuesta fue decirle a Basterra que subir las retenciones no valía la pena por lo que van a recaudar. La verdad es que no sabemos si es una medida fiscal o política», señaló el dirigente.
De fondo está que en los últimos tiempos las empresas apreciaron un abaratamiento de sus costos en dólares y una sustancial mejora de sus ingresos gracias a las devaluaciones, sin mencionar que en los dos meses iniciales del año tuvieron oportunidad de vender parte de la cosecha antes del aumento.
Otra posible consecuencia es la vuelta de las protestas, a través del cese de comercialización de granos o de los cortes de rutas.
Pero las amenazas no alcanzan para evitar lo que a esta hora parece inevitable. La necesidad apremia y el gobierno necesita aplicar la medida. Los dirigentes tuvieron la oportunidad de rechazar el aumento formalmente y lograron que el anuncio se posponga unos días. Entre otras cosas consiguieron poner en suspenso la presencia del tema en el discurso que dará el presidente en la apertura de las sesiones legislativas 2020.
Al menos esa era la versión al cierre de esta nota. El oficialismo mantuvo la reserva.
Tras la reunión del jueves con la Mesa de Enlace la cartera oficial se limitó a decir que no habría comunicados de prensa y en la antesala del fin de semana lo único que se supo es que los equipos técnicos de la dependencia trabajaron todo el viernes. «
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