Organizaciones travestis trans marcharán con una serie de demandas y urgencias actuales. Los avances y la fuerza de lo colectivo. La voz del activismo.
Según los observatorios Mumalá y Adriana Zambrano, fueron entre 318 y 335 travesticidios durante 2021 y en 2022 hasta mayo se contabilizaron 5 transtravesticidios. En los últimos meses también se detectaron situaciones de violencia en bares LGBT e instituciones trans que fueron vandalizadas.
Los discursos de odio y una discriminación que no cesa ponen en alerta particularmente a las organizaciones travestis y trans que llevan muchos años de lucha y de tristeza por la exclusión y la muerte.
En las últimas semanas, la prohibición del gobierno de la Ciudad al uso del lenguaje inclusivo en las instituciones educativas también es un ataque institucional a la población LGBT, principalmente a travestis, trans y no binaries.
Un pedido de justicia con historia
Un 17 de agosto de 2017, la activista Marlene Wayar leía unas palabras desgarradoras en la Vigilia Trans en Plaza de Mayo luego de la ronda de las Madres: “Hartas de dolernos por nuestras muertas (…) Hartas de llegar tarde. Hartas de sólo verter lágrimas. Hartas de escuchar sólo palabras de la nada, a la nada, con nada como propuesta que sane la muerte. Convocamos a los cuerpos travas a un abrazo a la memoria de nuestras muertas, a la memoria de Ayelén Gómez. Nos auto-convocamos al abrazo colectivo antes de que nos maten y sea tarde para el abrazo (…)”
La esperanza de vida de la comunidad travesti-trans ronda los 40 años, mientras que el promedio de la población argentina según el Indec es de 80.
Históricamente la exclusión estructural de las personas trans, ha sucedido en los hogares y en las escuelas, en las infancia y adolescencias.
Si bien la Ley de Educación Sexual Integral junto a la Ley de Identidad de Género, debería garantizar en la actualidad, la finalización de todas las trayectorias educativas por igual, los procesos de transformación social en este sentido son lentos y difíciles.
Qué pasa con los crímenes en la Justicia
Los crímenes de odio por motivos de género son una realidad frecuente en nuestro país. En el año 2018, el juicio por el travesticidio de la activista travesti y defensora de los derechos humanos, Diana Sacayán, fue el primero en reconocer que se trató de un crimen de odio, mediado por la violencia de género.
A 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia (UFEM) del Ministerio Público Fiscal, en mayo de este año, elaboró un estudio focalizado en sentencias de crímenes contra mujeres trans y travestis en Argentina.
El estudio: Trans Femicidios, travesticidios y crímenes por prejuicio en Argentina (2016-2021) establece recomendaciones con perspectiva de género para la investigación de los crímenes y analiza las sentencias citadas.
Según el Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, durante el 2020 se produjeron 152 delitos motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género, de los cuales 127 (el 83%) tuvieron por víctimas a mujeres trans.
De todas maneras, la UFEM establece que existe una invisibilidad institucional que enmarca a los transfemicidios y travesticidios y se traduce en la falta de registros. Por ello, la información sobre las estadísticas debe tomarse con cautela ya que puede presentar un alto nivel subregistro del total de víctimas asesinadas por motivos de género.
“En esta séptima convocatoria de la marcha, nos siguen matando”
La Rosa Naranja es una asociación civil ubicada en el barrio de Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su fundadora, Marcela Tobaldi afirma que, a pesar de los avances, persiste en la sociedad una mirada patologizante.
“Si bien nuestra Ley Nacional de Identidad de Género que se militó y la pusimos en práctica a partir del 2012 y ya cumplió 10 años, no pudimos garantizar con mucha rapidez los derechos de las personas travestis y trans. Las personas cis heterosexuales tienen miedo a perder sus privilegios y están al acecho”, afirma horas antes de concretarse la séptima marcha contra los travesticidios.
“Sigue habiendo altísimos grados de discriminación, sobre todo para las personas que ejercen la prostitución en las calles y el sistema sigue siendo discriminativo. Si no estás preparada con un título primario y secundario, no estás en condiciones de ejercer fuerza con mayor integración en la sociedad” remarca Tobaldi. “El sistema, al haber sido tan binario durante tantos años, reproduce ese binarismo. No hay lugar para otras identidades y está costando mucho poder integrarse al Estado. A partir de nuestra Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans que fue la última conquista que tuvimos, hay mucha resistencia. Y en esta séptima convocatoria de la Marcha Nacional contra los travesticidios nos siguen matando, basta de muertes es nuestra consigna principal”.
Los avances no alcanzan
“Seguimos reclamando contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios que siguen sucediendo todos los días en Argentina. Aún hoy, en el 2022 nuestra expectativa de vida sigue siendo de 40 años. Tehuel sigue sin aparecer. Las personas trans no conmovemos ni movilizamos a la sociedad como si sucede con las personas cis”, dice Guille Castro, integrante de El Teje de San Martín, una organización que en la actualidad garantiza el acceso al trabajo y a la alimentación y asesora en materia de salud y derechos.
“Hubo muchos avances, la legislación Argentina es de avanzada pero las leyes sin políticas públicas y sin personas que las encarnen y lleven adelante no modifican nada”, enfatiza Castro. “Seguimos teniendo dificultades al acceso a la salud y al trabajo. Aún hoy el Estado incluso cuando ya cambiaste el DNI no cruza datos entre áreas y nos siguen violentando con nombres que no corresponden en cada guardia de salud, en cada trámite. Incluso si no hacemos cambio de DNI deberían llamarnos por nuestro nombre y no lo hacen. Esas son barreras de acceso real a nuestros derechos, no son ‘simbólicas’”.
En ese sentido, Tobaldi afirma: “Hay 5.800 personas en un registro nacional de personas que aspiran a un empleo público y solamente ingresaron, creo que 300. Estamos viendo la falta de decisiones políticas a todo nivel. No le estamos dando importancia al proceso de inclusión social que significa personas trans travestis trabajando en el Estado a través de ese registro. Quienes tenemos un empleo en el estado, sentimos desesperación porque yo veo que no avanza el empleo público. Pensé que iba a ser un proceso más rápido. Ya llevamos un aniversario de cumpleaños de la ley de cupo y 300 personas es un avance, pero muy lento y escaso porque toda esa gente no puede esperar, seguimos muriendo, nos siguen matando”.
Reparación histórica
En agosto de 2021 se realizó la primera manifestación de travesti trans sobrevivientes. Piden una reparación histórica por la violencia institucional que sufrieron durante toda su vida.
“Ser sobrevivientes significa mucho. Ser sobreviviente implica seguir construyendo, seguir imponiendo nuestras miradas, nuestras voces y no siempre es fácil. Pero tenemos algunas legisladoras que sí les interesan nuestras luchas y es muy importante que se nos escuche y seguir construyendo”, finaliza Tobaldi.
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