Tras siete meses, Vanessa podrá volver al país y ver a sus hijos

Migraciones la había expulsado por una condena que ya había cumplido. Se había reinsertado en la sociedad, estudiado y armado una familia, que fue dividida durante más de medio año.

Siete meses después de haber sido deportada junto a su hijo bebé, Vanessa Gómez Cueva recibió la autorización para poder volver al país y reencontrarse con sus otros dos hijos, quienes por una decisión arbitraria del gobierno nacional pasaron más de medio año. Así, la presión de distintos organismos de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y el CELS, dio resultado.

Este lunes, el director nacional de Migraciones, Horacio José García, dispuso levantarle la prohibición de ingresar al país por razones de “índole humanitaria» y entre otros argumentos tuvo en cuenta los derechos de los niños, vulnerados al ser separados de su madre.

El caso

El 1 de febrero de este año, personal de la Policía Federal detuvo a Vanessa mediante engaños y llevaron a ella y a su bebé hasta el aeropuerto de Ezeiza y la obligaron a subir a un avión rumbo a Lima sin sus dos otros hijos uno de seis y otro de 14, y no puede volver ni encontrarse con ellos.

La orden de expulsión dictada por la Dirección Nacional de Migraciones se basó en una condena a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes que Vanessa cumplió en 2014. Tras cumplir la pena, ella buscó mejorar su vida: estudió, se graduó y trabajó como Técnica Superior en Enfermería, sin embargo la expulsaron.

“En la historia de Vanessa se plasma el giro preocupante de la política migratoria argentina que ha derivado en violaciones que incluyen la separación de niñas y niños de sus familias. En 2017 el gobierno nacional modificó por decreto la ley de Migraciones. Con estos cambios las expulsiones de migrantes se incrementaron y están basadas únicamente en la existencia de antecedentes penales sin tener cuenta el arraigo y las situaciones familiares de los y las migrantes. Vanessa no es la única que vive esta situación extrema”, expresaba en julio un comunicado emitido en forma conjunta por Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.