Tras las rejas: el impacto en la infancia

Por: Jesús Cabral

De acuerdo a un informe presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, 146 mil niños, niñas y adolescentes tienen un familiar privado de su libertad.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un informe sobre las familias atravesadas por el encierro punitivo en las cárceles federales. Se hizo hincapié en cómo repercute esto en los niños, niñas y adolescentes. El conclave se realizó este martes en el anexo del Congreso Nacional. Participaron funcionarios y familiares de personas detenidas, quienes padecen estas situaciones traumáticas.

Para la investigación se utilizaron métodos empíricos y fue construida a través de la experiencia de quienes sufre el encierro y sus familiares. En la misma queda al descubierto los niños, niñas y adolescentes que sufren episodios de violencia institucional cuando las fuerzas de seguridad realizan los allanamientos en sus viviendas violando el protocolo de procedimiento. Todo esto deja secuelas negativas para el desarrollo de la vida cotidiana de estas personas.

“El presente trabajo fue muy enriquecedor porque nos permitió ampliar las miradas, las dimensiones del encarcelamiento y los efectos que produce en la vida de las personas presar, sus familiares y las niñas, niños y adolescentes. Pudimos poner el foco en los vínculos y le dimos contenidos a algunas palabras y frases que siempre mencionamos en ámbitos académicos”, explica a Tiempo Argentino, Andrea Triolo, subdirectora general de la Dirección de Derechos Humanos de la PPN e impulsora del informe (Más allá
de la prisión: Paternidades, maternidades e infancias atravesadas por el encierro
)

Y continúa con vehemencia: “Prestamos total atención a cómo trasciende la pena privativa de libertad y en el sufrimiento que genera la cárcel. Con el informe intentamos darle contenido a frases recuperando las voces de las personas detenidas, sus familiares y sus hijos. Es una construcción hecha sus propias experiencias, relatos, y sus historias de vida donde cuentan lo que sienten y también explican cómo los atravesó la cárcel. Nos propusimos indagar en algunas aristas que son totalmente invisibilizadas por el sistema carcelario y son muy sensibles”.

El informe detalla que en Argentina la población privada de libertad y la cantidad de familiares de personas presas aumenta en forma constante y exacerbada. En la actualidad, hay alrededor de 92 mil personas encerradas y se estima que hay cerca de 146 mil niños, niñas y adolescentes con al menos un padre o madre detenidos.

Cabe destacar, que en el presente trabajo también participaron: la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFAD), la oficina Regional de Church World Service (CWS) para América Latina y el Caribe, quienes cuentan con el apoyo de UNICEF.

“Se realizaron 196 encuestas a personas privadas de su libertad (PPL) en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con hijos e hijas de hasta diecisiete años-167 padres y 29 madres- y 39 encuestas a familiares de detenidos. Además, se mantuvieron entrevistas en profundidad con PPL y sus familiares niños y adultos: quince a personas adultas privadas de libertad, tres a adolescentes en prisión, siete a familiares adultos y diez a niños, niñas y adolescente. Esto permitió recopilar información sobre sus historias, sus necesidades, sus carencias y las estrategias que despliegan para sostener el vínculo más allá de la prisión”, subraya el informe.

Existe una criminalización de la pobreza. Se debe a la gran mayoría de las personas detenidas y sus familiares pertenecen a los sectores más desfavorecidos. Con el encarcelamiento, esta situación se agrava, incrementándose la vulnerabilidad social de Las viviendas.

“Por un lado, porque se reducen significativamente los ingresos en los hogares: en el 62% de los casos la persona detenida constituía el principal aporte económico en su casa, antes de ser encarcelada. Por otro, porque se incrementan los gastos: las visitas a las unidades carcelarias, la concurrencia periódica a los juzgados y defensorías”.

“Además, de la necesidad de proveer a las personas privadas de libertad de los insumos básicos como vestimenta, elementos de higiene o comida, así como la permanente compra de tarjetas para sostener las comunicaciones telefónicas son costos elevados que las familias deben afrontar con mucha dificultad”, detalla el informe.

“La ausencia del referente adulto en el cotidiano de los niños, niñas y adolescentes significa en muchas ocasiones un cambio abrupto respecto de la organización familiar. Las encuestas hechas a personas privadas de libertad arrojan que en su gran mayoría convivían al menos con uno o una de sus hijos o hijas antes de su detención”, estipula el trabajo.

Mirá el resumen audiovisual del informe. 


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