En la gobernación admiten que se sufrió un desgaste innecesario esta semana. La relación con la oposición se tensa en la Legislatura y podría complicar el Presupuesto.
En el entorno del gobernador admiten que fueron los días «más difíciles» desde que asumió por la exposición a un conflicto que, entienden, debería haberse resuelto puertas adentro del Ministerio de Seguridad. «Fue una situación riesgosa y desmedida, que generó un desgaste innecesario a diez meses de asumir», señalaron a Tiempo.
La protesta policial, que escaló hasta llegar a las puertas de la Quinta de Olivos, dejó en una posición debilitada al ministro de Seguridad Sergio Berni, quien pese a todo fue ratificado. «Kicillof le ratificó su confianza pero es obvio que debe hacer una autocrítica para ver qué pasó: algo en la cadena de mando falló, no pudo ver lo que se estaba gestando», evaluó una fuente cercana al mandatario.
La resolución de la protesta policial, y la suba que llevó a 49 mil pesos el salario mínimo de la fuerza, abrieron un conflicto esperable: el reclamo paritario del resto de los trabajadores públicos. Médicos, docentes, judiciales y estatales de la ley 10.430 pidieron ser convocados para retomar la negociación salarial que debía reactivarse en junio y quedó en pausa por la pandemia. Desde el Ejecutivo anticiparon que primero habrá mejoras para los estatales, a quienes califican como el sector «más retrasado», y luego al resto. La convocatoria del Ministerio de Trabajo saldría en breve.
La pelea nacional que se abrió tras la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal también tuvo su correlato con la oposición bonaerense. Los intendentes del PRO mostraron su malestar pegando el faltazo al anuncio de Kicillof sobre la policía, enojados por la decisión de la Casa Rosada de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad y cedérselo a la Provincia. Pero luego pidieron que esos recursos extra bajen también a sus municipios para pelear contra la inseguridad.
En medio de los tironeos, Kicillof volverá a verse esta semana con todos los jefes comunales y también con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para definir qué hacer con la cuarentena a partir del 20. Aunque el AMBA parece estable en una meseta alta de casos, el interior sigue con brotes alarmantes y subas de hasta 700% en los contagios.
Cargos
El capítulo más fuerte de la disputa, de todos modos, se dio en la Legislatura bonaerense. Juntos por el Cambio impuso su mayoría de 26 senadores -sobre los 46 de la Cámara- y votó en soledad, y tras el rechazo del Frente de Todos, 41 de los 42 pliegos de jueces, camaristas, fiscales y defensores que habían sido enviados por la exgobernadora María Eugenia Vidal el año pasado y que habían sido “freezados” en diciembre como parte de la transición.
Kicillof había pedido la devolución de esos pliegos para revisar, caso por caso, por entender que hay varios de los postulados que no son idóneos para el cargo. El caso más paradigmático es el de Francisco Pont Vergés, quien hoy es el segundo del procurador Julio Conte Grand, y fue postulado por Vidal para ocupar una de las dos vacantes en el Tribunal de Casación Penal, la máxima instancia antes de la Suprema Corte de Justicia. Pont Vergés fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por violación a los Derechos Humanos y su pliego impugnssado, pero aún así, la oposición lo aprobó.
Antes de la votación, y en medio de los cruces calientes con el Frente de Todos, los legisladores opositores volvieron a la carga con la pelea de fondo que mantienen desde diciembre: los cargos en el Banco Provincia, el IPS, AUBASA y otros organismos de control que Kicillof no les cede y que Vidal sí le dio a la oposición cuando gobernaba. Una disputa que volverá a aflorar cuando se acerque la hora de tratar el Presupuesto 2021, que en La Plata ya comenzaron a delinear.
¿Qué hará Kicillof con los pliegos aprobados? Desde la Gobernación confirmaron a Tiempo que no firmará el decreto que oficializa las designaciones, por lo que los jueces, fiscales y defensores no entrarán en funciones, y que iniciará el proceso de revisión de cada postulante. La alternativa de judicializar el conflicto no está por ahora sobre la mesa. «
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