Lo afirmó el fiscal de la causa, Martín Lozada, a representantes de las comunidades. Hace casi dos meses que está cercado el predio de la Cuesta del Ternero donde ocurrió el asesinato de Elías Garay.
“Recién hablamos con el fiscal (Martín) Lozada, a quien le habíamos planteado las condiciones que conversamos con la comunidad, la Lof Quemquemtrew, para ver cómo se va a retirar el cuerpo de ‘Peñi’ (hermano, en mapuche) Elías –relata Nelson Ávalos de la APDH Chubut–. Una de ellas, la principal, era que se reitre el COER, el Grupo Especial de Operaciones que está bloqueando la ruta desde hace casi dos meses, no por hoy sino definitivamente”.
“Nos acaba de decir el fiscal que el Procurador de la Provincia, el señor (Jorge) Crespo, se comprometió a retirar el COER”, agregó Ávalos en referencia al grupo de seguridad provincial que, aún cercando el terreno, dejó entrar (por acción u omisión) a los dos hombres que con la excusa de estar cazando dispararon a los mapuches.
Por la tarde, los y las representantes de la comunidad estaban regresando al asentamiento, a la espera del arribo del fiscal con un cuerpo de Criminalística para subir al territorio a hacer las pericias, y así después la comunidad mapuche pueda despedir a Elías según su cultura.
Las comunidades convocaron “a que lleguen a la Cuesta del Ternero, porque también hay un compromiso para dejar ingresar a toda la gente hasta la tranquera, para que cuando saquen el cuerpo, podamos despedirlo como se merece, sin policías. La única policía que quedará es la que está siempre en el puesto, pero adentro, no mostrándose ni controlando ni pidiendo datos a nadie. La novedad es que el COER va a ser retirado de la Cuesta del Ternero”, enfatizó Ávalos.
Más temprano, él y otro referente mapuche, Mauro Millán, habían denunciado en conferencia de prensa que los asesinos fueron dos “sicarios pseudocazadores”, y responsabilizaron al COER por haberlos dejado ingresar, teniendo en cuenta que la fuerza está sitiando el territorio desde hace casi dos meses.
Aseguraron que Rolado Rocco, que reivindica la propiedad de ese terreno, no es dueño sino que tiene concesionada el área para una explotación forestal que no es tal. Y se mostraron “muy preocupados por la seguridad” de Cabrera, que se recupera en el Hospital de El Bolsón, tras la operación de urgencia de anoche. Y es testigo clave para dar con los “sicarios”.
A pesar de que es la fuerza provincial la que tiene accionar en la zona, el intendente Bruno Pogliano responsabilizó a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, porque supuestamente habló de “represión policial”, y eso, en palabras del intendente, desató desmanes y furia de un grupo minúsculo en el centro de la ciudad, que fue atacada por un grupo de gauchos a caballo. De hecho, este suceso fue el más difundido en los principales medios capitalinos, y no el asesinato. Pogliano además exigió la presencia del gobierno nacional y gendarmería para “recuperar la paz social” en la localidad que él gobierna.
El mensaje completo de Odarda, publicado anoche en sus redes, indicaba que el desenlace “es el resultado del discurso del odio, que sigue negando el camino de la paz y del diálogo. Solicitamos al Juzgado y a la Fiscalía el urgente esclarecimiento de los hechos y la individualización inmediata de los responsables. Pedimos Justicia y Verdad para el pueblo Indígena”.
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