Dicen que hubo un plan estratégico para concretar negociaciones fraudulentas que perjudican el desarrollo de la tecnología industrial. También reclaman que se les adeuda aportes jubilatorios y cargas sociales de los contratados.
“Se licitó una obra hace más de cuatro meses y nunca se realizó. Sería la construcción de un nuevo edificio en el Centro del Diseño Industrial del INTI. La cuestión es que está paralizada. Pudimos constatar que se pagó el 20 % porque tenemos la factura, esto es algo más de 13 millones de pesos. Lo único que hizo la empresa Enercon Energía y Construcciones S.R.L, es un pozo”, explica a Tiempo, Giselle Santana, secretaria gremial de ATE-INTI.
Y continúa: “Estamos denunciando una irregularidad muy grave. Todo se hizo a través del área de Dirección de Obras que está encargada de auditar este tipo de cosas. Antes lo hacían el INTI y la CIGEN, pero esto cambió cuando el personal de dirección de obra de carreras del Instituto fue despedido”.
A principio de 2018 el INTI protagonizó 258 despidos injustificados. Los trabajadores denuncian que fue un plan estratégico para llevar a cabo una serie de negociaciones fraudulentas que perjudican el desarrollo de la tecnología industrial.
“Los despidos que fueron por persecución política e ideológica, pero otros para desarticular áreas estratégicas, tanto en finanzas como así también en la dirección de obras. Esto a su vez fue lo que les permitió hacer todo el entramado de negociados y corrupción”, asegura Santana. Para la dirigente gremial «los responsables son Javier Ibáñez, Mariano Zlatanoff, Javier Rodeles, Leonardo Espina, Diego Pajkalidis, Ernesto Luna y el gerente de administración de hacienda y finanzas Walter Guillermo Romero”, denuncia la secretaria gremial.
Los trabajadores cuentan que el INTI pagó una importante suma de dinero para que se monitoree un trabajo que nunca se hizo. También que los responsables redactaron un documento de dudosa procedencia que les permite llevar adelante un entramado de corrupción.
“También denunciamos la resolución 084/19 por la cual se contrató a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la UBA por la suma de 9.234.000 pesos. No es casualidad que lo hayan hecho a días de abandonas la gestión y que se produzca el traspaso de poder. Emiliano Yacobitti, es quien dirige esta facultad y enfrenta varias denuncias en su contra”, asegura Santana.
“El título de la resolución es confuso porque está escrita para que no se entienda. El INTI le pagó más de 9 millones de pesos a la UBA teniendo su propia auditoria para realizar esta tarea. La contratación estipula que van hacer un relevamiento de los procesos de análisis, readecuación de precios y costos de la renegociación de los aspectos económicos de los contratos celebrados en los marcos de los procedimientos de compras y o la ejecución de las obras del INTI”, agrega Santana.
El INTI además adeuda las cargas sociales de los contratados del Instituto y tampoco paga los aportes jubilatorios, obras sociales y se atrasó el pago con las ART que finalmente se vio obligado a regularizar cuando no les permitían a los trabajadores a realizar tareas como ser, verificaciones de metrología legal. Los trabajadores no podían ingresar a determinadas plantas porque les pedían ART y no estaba al día el pago.
“Desde fines de 2015 –cuando asumió el gobierno de Cambiemos– que no nos pagan los retroactivos de los avances de nuestras carreras. Tenemos un convenio que nos permite ser evaluados en el desempeño de nuestras tareas para gozar saltos de grado y mejoras económicas que no se está cumpliendo. Sin embargo, si tienen 9 millones de pesos para pagarle a la UBA por algo que ni siquiera se puede leer de corrido y tampoco sabemos de qué se trata”, subraya Santana.
“Este gobierno que supuestamente vino a combatir la corrupción y que manifiesta irse con las manos limpias, en el INTI no ha hecho más que llevar adelante un desguace empresarial. Además de cometer muchos hechos ilícitos que ameritan ser investigados porque ese es el reclamo de los trabajadores, queremos que se castigue a los responsables. Denunciamos malversación de fondos y corrupción, porque son todas licitaciones truchas”, concluye la secretaria gremial.
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