Según las inspecciones realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria y la denuncia presentada; los usuarios padecieron torturas, malos tratos, prácticas manicomiales y sobremedicación.
Tras las graves violaciones a los Derechos Humanos que sufrieron estas personas, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de la ciudad de La Plata -durante los últimos días- hizo lugar a una medida cautelar solicitada en el marco de una acción de amparo presentado por este organismo provincial de control.
Es un caso muy grave y delicado al tratarse de personas con necesidades especiales, “son niños, niñas y jóvenes con discapacidad o neurodiversidad que fueron sometidos a malos tratos, torturas, sobremedicación, aislamiento, sujeciones mecánicas, duchas con agua fría como castigo y también lo usaron para abordar situaciones de crisis de salud mental”, denunció Sandra Raggio, directora general de la CPM, en diálogo con Tiempo.
Cabe destacar, que el Hogar San Patricio es monitoreado por este organismo de control desde 2021. “Ya realizamos cinco inspecciones, recibimos cinco denuncias telefónicas, remitimos varios informes y denuncias penales por los terribles hechos de los que eran víctimas estas personas”, reconstruyó la directora general.
También participaron en más de quince mesas de trabajo interdisciplinario “con muchos organismos responsables sin que se lograra revertir estructuralmente las graves vulneraciones de los derechos de niños, niñas y jóvenes alojados en el lugar”, aseguró. Continuó relatando que “si bien se lograron algunos avances, en cuanto a las condiciones edilicias, eso no cambió la situación que padecen, por eso recurrimos a la Justicia”, agregó.
Esta situación envuelve una gravedad institucional muy profunda “porque se trata de niños, niñas y jóvenes que fueron alcanzados judicialmente bajo medidas de abrigo y salud por presentar discapacidad intelectual, motriz, trastornos del espectro autista, entre otras neurodiversidades”, detalló la directora general.
A pesar de las mesas de trabajo que armaron con distintos grupos de profesionales y los monitoreos que realizaron,” semanas atrás se volvieron a constatar graves vulneraciones a derechos de los usuarios, torturas y malos tratos. También falta de personal, hay incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y ausencia de una perspectiva de abordaje acordes a las características del dispositivo y la población que hay que asistir”, se quejó Raggio, en relación al desgano “que existe para brindar una solución definitiva al asunto”.
En uno de los monitoreos que hicieron en el Hogar San Patricio de City Bell, en el partido bonaerense de La Plata, el dueño del hogar, Facundo Connel, intentó impedir la entrada al equipo de la Comisión Provincial por la Memoria. Cedió el paso luego de que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) intervino para recordarle al propietario del lugar que este Mecanismo Local de Prevención de la Tortura está legítimamente constituido y facultado para ingresar.
Además de todo esto, durante esta última inspección que se realizó -luego de recibir dos nuevas denuncias- pudieron identificar a Connel como el autor de haber sometido “a los niños, niñas y jóvenes a una dinámica institucional restrictiva, cargada de descuidos y malos tratos”, denunció la directora general.
El año pasado “una niña intentó suicidarse”, lamentó Raggio. Ahora ella se niega a regresar “al hogar por los maltratos y, por la falta de vacante en otros dispositivos, lleva seis meses internada sin criterio de salud adecuado”, se quejó. Señaló que, en el último informe interdisciplinario, “enviado por los profesionales” del Hospital de Niños “se reitera el registro de malos tratos que sufrió la nena durante su alojamiento” en el Hogar San Patricio.
También dejó al descubierto “que esa situación traumática que sufrió fue la que indujo a la niña a cometer la acción autolesiva conla cual intentó quitarse la vida”, aseveró la directora general. En este sentido las ciencias sociales enseñan, “que las acciones de las personas están condicionadas por el contexto y la situación en la que se encuentran inmersas”, fundamentó sobre lo que estipula el informe.
Los once niños y niñas que integran esta población están a cargo de “una sola profesional, lo cual resulta insuficiente para el desarrollo de actividades terapéuticas y de estimulación”, apuntó Raggio. Durante la inspección, “se encontraban en espacios aislados del resto, en el suelo, otros postrados, algunos descalzos y en algunos casos con ropa de abrigo bajo las altas temperaturas”, denunció.
Tras la grave situación registrada en esa última inspección que hizo la Comisión Provincial por la Memoria “decidimos presentar un amparo” que fue aceptado por la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez. La magistrada “ordenó cautelarmente a las autoridades del Hogar San Patricio la provisión de elementos para acondicionar el ambiente y hacer cesar cualquier práctica de aislamiento y malos tratos en el marco de crisis subjetivas de los usuarios”, remarcó la directora general.
Además, en su resolución pidió al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) que supervisen “las medidas dispuestas y que articulen de manera urgente la asistencia y abordaje de equipos técnicos especializados en niñez y salud mental”, repasó Raggio.
Señaló que la jueza también solicitó “la intervención del Organismo de Revisión Local de la Ley de Salud Mental”. En cuanto al amparo “que presentamos continuará su trámite siguiendo el normal y legal procedimiento establecido, hasta que la magistrada dicte la sentencia final”, cerró.
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