Los tres grandes bloques acordaron el reclamo de una asistencia universal para familias pobres. Denunciaron el congelamiento de los Volver al trabajo y se pronunciaron contra la persecución judicial.
El reclamo común, en esta oportunidad, estuvo centrado en las dificultades de los trabajadores de los barrios más vulnerables para hacer frente a la canasta escolar.
La concentración se produjo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Mayo desde donde se dirigieron al Palacio de Hacienda para entregar una nota dirigida al ministro de Economía Luis Caputo. Allí reclaman un bono educativo por única vez de $300 mil capaz de garantizar el acceso a la canasta de útiles escolares que, aseguran, supera ese valor.
Los tres sectores que se convocaron en el microcentro porteño son el Frente de Lucha Piquetero liderado por el Polo Obrero, la UTEP del Movimiento Evita, la CCC y el Frente Popular Darío Santillán y Territorios en Lucha de Barrios de Pie y el Teresa Vive.
El reclamo de las organizaciones reviste un carácter universal. No se trata de un pedido puntual para los hijos e hijas de los integrantes de las organizaciones movilizadas sino “para todas las familias con ingresos menores a la línea de pobreza”. A la vez, reclamaron la “restitución de los alimentos a los comedores populares, el aumento y apertura de los programas sociales y la restitución de los aportes del Estado para recuperar la obra social para los beneficiarios de los programas sociales”.
Por último, y en el marco de las causas que promueven Patricia Bullrich el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, en común, reclaman contra “la persecución y criminalización a los luchadores populares”.
El texto de convocatoria asegura que “más del 60% de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 18% ¡en la indigencia!”. Para los piqueteros, se trata de “un crimen social que está lejos de haber terminado”.
En ese contexto, denuncian, “el gasto social cayó más del 50%, tomado de conjunto”. Por otro lado, recuerdan, “se congeló en $78.000 el Volver al Trabajo, la Tarjeta Alimentar está por debajo de la inflación y el gobierno dejó de comprar alimentos por más de 7 millones de kilos”. Todo esto, denuncian, “afecta a millones de personas, la mayoría infancias. Es lo que explica que Unicef haya denunciado que más 1 millón de pibes se vayan a dormir sin cenar”.
Puntualmente explican que “en este marco el comienzo de las clases es de una enorme preocupación para las familias con bajos ingresos, y muchos padres/madres están en la disyuntiva de afrontar el gasto de una canasta escolar mínima, que está por encima de los $250.000, cuando no les alcanza para comer.”.
A la vez, las organizaciones denuncian que “el gobierno viene desenvolviendo un profundo ajuste sobre los trabajadores desocupados y pobres, con la eliminación de las partidas alimentarias y el cierre de cientos de comedores populares en todo el país, a lo que se agrega la difícil situación económica que atraviesan los trabajadores, con ajuste, despidos, caída del poder adquisitivo y una economía recesiva”.
Para los dirigentes, el ajuste sobre los comedores y el retroceso más general de la asistencia social de la mano de las organizaciones sociales y piqueteras “ha redundado en un avance del narco en los barrios y las bandas organizadas que llenan de zozobra a las familias y que avanzan en la descomposición social en los barrios”.
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