El presidente Piñera emitió un decreto que no reconoce derechos argentinos. La respuesta de la Cancillería.
La respuesta llegó este sábado por parte de la Cancillería que conduce Felipe Solá. Mediante un comunicado, el gobierno acusó a Chile de “pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”.
“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, señala el escrito.
“Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo, en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”, indica la nota difundida este sábado.
Desde 2020, el gobierno de Piñera venía cuestionando las pretensiones soberanas de Argentina con su plataforma continental extendida y sancionada por ley. El 23 de mayo del año pasado, Chile envió una nota diplomática hacia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde explicitó que el país “no reconoce el deslinde del trazado en la zona del Mar Austral debido a que se trata de una declaración unilateral (no oponible) por parte de Argentina, por lo que Chile se reserva el derecho para determinar su posición en ese sector”.
La nueva delimitación que publicó Piñera incluye áreas marítimas que ya habían sido oficializadas como propias por parte de Argentina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2009.
“Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16′ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, expuso el comunicado de la Cancillería.
De acuerdo con los términos del Estado argentino, el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley nacional 27.557, sancionada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad.
“Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobado sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, señala el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El acuerdo al que se refiere el texto de la cartera que conduce Solá es el que se hizo por el conflicto del canal del Beagle. El tratado contó en ese momento con la intermediación del papa Juan Pablo II. En la Argentina fue respaldado por un amplio plebiscito popular.
La Comisión de Límites de Plataforma Continental es un órgano creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y está integrado por 21 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa. Se encarga de revisar los datos presentados por los Estados sobre la determinación de los límites exteriores de la plataforma limítrofe. «
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