Aunque el tarifazo del gas está anulado, las empresas que lo producen igual duplicarán sus ingresos este año. Es que por medio de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que conduce Juan José Aranguren, más las decisiones administrativas del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), a cargo de David Tezanos, el Estado se hará cargo de pagarles a las empresas que producen gas los nuevos valores vigentes desde el 1 de abril de este año y que fueron en gran medida la razón del tarifazo.
Las producción de gas en la Argentina está concentrada en pocas manos. De hecho, tres empresas son responsables por el 75% de la extracción: YPF, con una producción diaria de unos 37 millones de metros cúbicos de gas; Total, con alrededor de 32 millones; y Pan American Energy, con 15 millones. El resto, hasta un total de 120 millones de metros cúbicos diarios, se distribuye entre unas 30 firmas nacionales y extranjeras.
Esa producción transformada en plata equivalía a unos 3700 millones de dólares al precio del gas del año pasado.
Las empresas que producen gas tienen otro ingreso, además del que reciben por la venta del fluido. Se trata de un subsidio que les otorga el Estado por considerar que ese valor de venta está por debajo de los costos de producción. Así, el gobierno les dio el año pasado 2890 millones de dólares adicionales.
En total, sus ingresos por la extracción de gas alcanzaron en 2015 a unos 6590 millones de dólares.
El gobierno dispuso que dese el 1 de abril el precio del gas «en boca de pozo», es decir, el que cobra la productora al poner el gas en la entrada del gasoducto, debía subir desde un promedio de 2,5 dólares el millón de BTU (MBTU) a un promedio de 5 dólares.
El precio del gas varía según la cuenca de origen y su destino final. El MBTU es una unidad de comercialización del gas, distinta del metro cúbico, utilizada para medir la producción, aunque convertibles uno en otro.
Con los nuevos valores, las productoras de gas recibirán en un año unos 7400 millones de dólares por la misma producción.
El ministro Aranguren estimó que con esta suba del precio, el subsidio a entregar a las productoras de gas bajaría a 1740 millones de dólares. Es decir, el ingreso total de las productoras de gas podría alcanzar unos 9100 millones de dólares en un año.
La anulación del tarifazo del gas fue producto de la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que consideró que al no haberse realizado audiencias públicas para debatir el valor de la tarifa no se había respetado la ley.
Esta sentencia derivó en que ningún usuario de gas, ni residencial, ni comercial, ni industrial, debe pagar los nuevos valores tarifarios, ni siquiera aquellos que elaboró el gobierno la semana pasada con el tope del 400% del monto de la factura del mismo mes del año pasado para el caso de los particulares, o del 500% para el del resto.
Es decir, los usuarios no se harán cargo de la suba del precio del gas «en boca de pozo», al menos mientras dure la anulación judicial.
Pero como el nuevo valor del gas sigue vigente, el Estado deberá hacerse cargo de la diferencia. Esto lo admitió la Resolución 99, en la que se establecieron los topes del 400 y 500%, al señalar que su implementación «no afecta las tarifas a percibir por las prestatarias de servicios de distribución, netas del costo de adquisición del gas que distribuyan, ni las tarifas de las prestatarias del servicio de transporte». Así, los nuevos valores vigentes desde el 1 de abril se mantienen, con lo que el Estado debería hacerse cargo de los 3700 millones de dólares que pretendía que salieran de los bolsillos de los usuarios. Entonces, para las empresas productoras de gas, no habrá variaciones en sus ingresos, a menos que se deroguen las resoluciones que subieron esos precios.
Llaman la atención dos aspectos de la suba del precio local de gas. El primero es que se da en un cuadro de caída del precio internacional del gas. La referencia es el llamado Henry Hub, un punto de confluencia de gasoductos en el centro de Estados Unidos. Allí, el precio promedio de junio fue de 2,59 dólares el MBTU.
El segundo es que las empresas no informan sobre sus costos de producción, aunque un reciente trabajo del investigador de la Fundación Bariloche Nicolás Di Sbroiavacca indica, en base a los balances presentados por YPF a la SEC estadounidense, que es de 1,9 dólares el MBTU. Si esto fuera cierto, el subsidio que les otorga el gobierno no tendría sentido.
Cuando el ministro Aranguren presentó a su equipo, describió a Andrés Chambouleyron como un «excelente profesional». Chambouleyron, ingeniero industrial, fue designado subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria a cargo de elaborar el nuevo cuadro de tarifas tanto del gas como eléctricas.
Para cualquiera que quisiera conocer sus antecedentes, está el texto que escribió en septiembre pasado, una columna titulada Hablemos de tarifas, para la publicación Bastión Digital. Luego de describir la dificultad de atraer inversión en infraestructura con las tarifas congeladas por 12 años, señaló: «El próximo gobierno podría simplemente aceptar otorgar la rentabilidad adicional requerida por el inversor trasladándola a las tarifas y absorbiendo el costo político de tal hazaña echándole la culpa de este ‘ajuste necesario’ a la herencia recibida del gobierno saliente. La tesis central de esta columna sin embargo es que dicha estrategia sería equivocada, se volvería en contra rápidamente y dejaría al país en un equilibrio inestable, uno con tarifas excesivamente altas y sin inversión».
Para el ingeniero, la solución es sacarle al inversor la responsabilidad en la inversión en infraestructura, riesgo que debería quedar en manos del Estado, de forma tal que el privado se haga cargo sólo de la operación y el mantenimiento. Chambouleyron incluso propone crear empresas estatales que compren las grandes obras de infraestuctura como redes de electricidad de alta tensión y gasoductos.
La advertencia del subsecretario se ha hecho realidad bajo su propia acción: el tarifazo del gas despertó un escenario de convulsión social. Pero la segunda parte de su propuesta, que el Estado compre redes eléctricas y caños, sigue vigente y en el escritorio de Aranguren.
Chambouleyron nació en la misma cuna económica que Domingo Cavallo: la Fundación Mediterránea, el think tank cordobés de corte neoliberal. Con esa escuela, Chambouleyron se fue a Texas, a profundizar sus conocimientos. Ya doctor, pasó a abogar para grandes empresas en contra de distintos Estados en causas que se ventilaban en el CIADI, el organismo de arbitrajes comerciales del Banco Mundial. Un puñado de estas mediaciones internacionales tuvo a Argentina de un lado y a Chambouleyron del otro, en representación de firmas extranjeras. Su buen desempeño lo llevó a formar parte de Compass Lexecon, una consultora estadounidense que se nutre en los nidos de los fondos buitre, en 2011. Hace unos días, declaró en la demanda de la empresa china Tza Yap Shum contra Perú, por una expropiación en 2005.
Quizá Chambouleyron no lo sepa, pero la seguridad en la provisión de agua y gas para la población se encuentra dentro de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. El abogado ambientalista Osvaldo Sidoli explicó: «La energía es un derecho, no un negocio. Tiene que haber una tarifa accesible para todos los sectores, determinada por la realidad social que vive el país, no por los mercados. Si la tarifa es muy alta, vulneran ese derecho. Todo derecho social consta de dos partes: el derecho mismo, que haya energía, en este caso, y el acceso. Acá, se vulnera el acceso, con precios prohibitivos».
Sidoli entiende que la política kirchnerista tampoco era la ideal, pero «pasaron de un extremo al otro, en un día. El mito del ahorro energético también está mal expresado. Se debe incentivar al ahorro. Por ejemplo, si se reduce en un 50% la tarifa de quien menos gasta, la gente va a gastar menos».
El especialista aseguró que el principal error es el diagnóstico. «No es el fin del mundo. Hay otras maneras de resolver el problema de la provisión. Se pueden instalar puertos regasificadores o no quemar el gas de los pozos petroleros y darle utilidad. Es verdad que la matriz energética está agotada, pero no es terminal. Están discutiendo los médicos cómo tratar la enfermedad y el gobierno ya trae al sacerdote para dar la extremaunción». «
Recomiendan no pagar
«Las facturas de gas no se deben pagar.» Así de contundente fue Osvaldo Bassano, titular de ADDUC, un de las ONG que organizó el cacerolazo del jueves pasado contra el tarifazo.
En diálogo con Tiempo, Bassano aseguró que «la Cámara Federal de La Plata declaró nulo el aumento. Eso incluye el aumento con el 400% de incremento y que el gobierno presentó como un tope en favor del consumidor». Bassano agregó que la secuencia deberá seguir de esta manera: luego de la feria judicial, que termina el domingo 31 de julio, la Cámara Federal de La Plata dispondrá hasta el 10 de agosto para responder la apelación del gobierno a la anulación del tarifazo en tanto no se hagan audiencias públicas.
Mientras tanto, los usuarios de gas que hayan pagado el tarifazo tendrán un crédito a su favor que las empresas distribuidoras de gas deberán devolver en la siguiente factura. Para Bassano la clave es que se realicen las audiencias públicas de forma tal que el gobierno y las empresas gasíferas muestren los costos de producción de gas. «No sabemos cuáles son esos valores ni por qué suben cuando en el mundo están bajando», aseguró. Además, consideró que la producción de gas debe ser tomada como un servicio público, al igual que el transporte y la distribución del fluido.
LA PRIMERA ALTERNATIVA ERA HACERLO BIEN
Por Víctor Bronstein
La primera alternativa era hacerlo bien. El gobierno hizo mal el diagnóstico de la estructura tarifaria. En el esquema anterior, había un sistema de premios y castigos al consumo que no tuvieron en cuenta y eso produjo el primer cortocircuito entre lo que se pretendía hacer y lo que se hizo.
En segunda medida, está claro que se debía hacer una readecuación, porque estaba desfazado, las tarifas estaban muy atrasadas; pero se tiene que hacer gradualmente. No así. La estructura tarifaria es como un ecosistema: tiene equilibrios que se deben balancear. No se puede desequilibrar una variable de golpe porque se te cae todo el sistema. Más allá de una cuestión domiciliaria, que no es menor, a una pyme se la destruye porque se hace inviable el sistema productivo de la empresa. Un aumento de estas características impide que una empresa pueda competir en el mercado. El proceso debe ser de al menos de dos o tres años, para formar un nuevo equilibrio que permita a los distintos sectores adaptarse.
La tercera cuestión es la política. Quisieron mostrar que estaban cambiando de raíz una política subsidiaria del gobierno anterior. Hubo un diagnóstico de manejo político de culpar al gobierno anterior, mostrar urgencia para imponer un cambio radical y salió mal. El ministro de Energía dijo que había que pasar de un subsidio de oferta a uno de demanda. En cuanto a criterio, no está mal, pero no es tan sencillo detectar a quiénes subsidiar. Requiere de tiempo para la evaluación y se hizo a las apuradas, de manera arbitraria.
DESVIRTUÓ LA DISCUSIÓN REAL
Por Daniel Gerold
Desconozco el detalle de los condicionamientos fiscales con los que debe lidiar el gobierno. Pero sí puedo decir que el aumento establecido debió ser un proceso que aplique a lo largo de cuatro o seis años. Las tarifas debían ser revisadas y actualizadas porque los números que se pagaban eran irrisorios.
Estamos subvencionados en las tarfias y el Estado recupera muy poco de lo que gasta, especialmente los residenciales. Esto genera un proceso de déficit, inflación y estancamiento de la economía. El gobierno avanzó, pero la conjunción de un invierno pasado benigno con un otoño actual muy frío hizo que los consumos se dispararan, según nuestras estadísticas, en un 50 por ciento. Por eso, se produjo un impacto muy profundo en las facturas de muchos consumidores. Había que hacerlo más gradualmente, aunque es difícil pensar en qué tan gradual pudo haber sido, ya que el déficit fiscal es enorme y difícilmente aguante porque el gobierno tiene que importar más y vender a precios bajos.
También está la complejidad de la política. En la anterior gestión, también se hizo un aumento importante en ciertos consumidores los consumidores más grandes- y no hubo la reacción que hay ahora. La oposición aprovecha esto para sacar ventaja política. Dicen que no se debe aumentar y eso es mentir a la gente. Con el tope del 400%, el déficit baja menos, pero algo baja. Lo que pasa es que cuando se meten las decisiones políticas en el medio, se desvirtúa la discusión real. El presidente dijo que se debe ahorrar el consumo. Pero si tengo un límite tarifario, que se compara con el invierno anterior, termino pagando menos por consumir más. Es medio traído de los pelos.
