Estaba previsto para este martes pero la defensa planteó nulidades y recusó al juez Daniel Herrera Piedrabuena.
«Es oficial que no lo trasladaron para la indagatoria. Estaba prevista para las 10 de la mañana, son las 12.20 y no lo han trasladado», dijo el abogado Gustavo Feldman, a cargo de la defensa de Milani junto a su colega Mariana Barbitta.
La abogada de la querella, María Reynoso, explicó que la nulidad planteada por la defensa alcanza a la ampliación de indagatoria pedida por la fiscal Virginia Miguel Carmona y dispuesta por Herrera Piedrabuena.
«Además, sabemos de otro planteo por medio de la prensa pedido por la defensa de Milani, que es la recusación del juez Herrera Piedrabuena, aunque todavía no nos notificaron nada desde el juzgado, apuntó.
Reynoso confirmó la suspensión de la indagatoria y dijo que esperaba hablar con el juez a fin de «tener más información para saber cómo seguimos ahora y qué es lo que se va a resolver.
La letrada señaló además que la querella hizo planteos respecto de información periodística de estos días sobre la situación del ex jefe del Ejército detenido en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial, ya que un informe reservado menciona «visitas camufladas que se anotan para ver a un gendarme condenado por asesinato pero que serían para Milani», quien dispone de un teléfono celular de modo irregular, según la misma versión.
Queremos que Herrera Piedrabuena arbitre todas las medidas, incluido el allanamiento del pabellón que ocupa Milani y el secuestro de ese celular. Se tiene que determinar si es verdad todo esto o no, pero sobre todo el informe reservado del Servicio Penitenciario que debemos conocer, subrayó.
Milani debía declarar este martes por una ampliación en la imputación que invocó la figura de asociación ilícita en la causa Olivera-Mata, por secuestros y torturas cometidas en 1976 y 1977, durante la última dictadura.
La nueva imputación había sido formulada por la fiscal Miguel Carmona y aceptada por Herrera Piedrabuena, que dispuso indagar a Milani antes de pedir una licencia médica por una descompensación, durante la cual se desempeñó como subrogante hasta el viernes último el juez José Camilo Quiroga Uriburu.
De nuevo en funciones, Herrera Piedrabuena rechazó este último fin de semana un hábeas corpus presentado por la defensa de Milani y confirmó la indagatoria, finalmente pospuesta.
En cuanto a la recusación planteada por la defensa del imputado, el juez debe resolver si la acepta o no, para luego remitir la cuestión a la Cámara Federal para que decida si debe o no ser apartado.
Milani se encuentra detenido en La Rioja desde el 17 de febrero último por decisión del juez Herrera Piedrabuena en la causa que investiga los secuestros y torturas de los que fueron víctimas Pedro Adán Olivera y su hijo Ramón, en 1977, y Verónica Ligia Matta, en 1976.
La fiscal Miguel Carmona amplió la acusación a Milani y otro imputado y pidió una nueva indagatoria con relación al delito de «asociación ilícita previsto en el artículo 210 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos que se investigan, y que se desprende de la descripción contenida en el requerimiento de instrucción».
Recordó que en 2016 habían sido condenados por asociación ilícita los restantes imputados en esta causa: el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex juez federal Roberto Catalán; el ex médico y jefe de Sanidad del Batallón 141, Leónicas Carlos Moliné, y el ex inspector, en la Delegación local; de la Policía Federal Roberto Reinaldo Ganem.
En la causa, Verónica Ligia Matta reconoció a Milani como coautor de su detención ilegal en 1976 y de torturas de las que fue víctima uno de sus compañeros de cautiverio.
A su vez, Ramón Olivera también reconoció a Milani -en esa época, subteniente del Batallón 141- como la persona que lo trasladó desde el lugar donde permanecía ilegalmente detenido ante el juez federal Roberto Catalán.
Por otra parte, en Tucumán el juez federal Fernando Poviña procesó a Milani por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica, debido a que «confeccionó falsamente el acta de deserción del desaparecido soldado Ledo, con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores».
En este fallo, Poviña también dispuso embargar bienes de Milani hasta cubrir 200.000 pesos y le prohibió salir del país en el marco de la causa que investiga la desaparición del conscripto Alberto Ledo, perpetrada en 1976.
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