Suman 105 los extranjeros deportados por el endurecimiento de la Ley migratoria

El día internacional del Migrante, que se conmemoró el 18 de diciembre, encuentra a la Argentina en un escenario de retroceso a partir del decreto firmado el 27 de enero por el presidente Mauricio Macri (DNU) 70/2017 para modificar la Ley de Migraciones (25.871).

Este DNU introduce la posibilidad de expulsión para un migrante que haya cometido cualquier tipo de delito penal, aunque fuera menor. Una contravención que para un argentino puede implicar una suspensión de juicio a prueba, una probation o trabajo comunitario, pero que para una persona extranjera puede significar la expulsión del país.

Según el último reporte oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, presentado ante un reclamo de distintas organizaciones, durante 2016 se ejecutaron 33 expulsiones producto de la aplicación del artículo 70 de esa normativa, mientras que durante el año 2017 la cifra ascendió a 72.

“Esto ejemplifica nuestra preocupación en casos de abusos policiales, sobre todo de vendedores ambulantes senegaleses, donde se abren causas de resistencia a la autoridad, o las causas donde involucraron sin sustento a una serie de personas luego de marchas, entre ellas, personas extranjeras”, señala Gabriela Liguori, Coordinadora General de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes(CAREF), una asociación creada en 1973 con el objetivo de recibir, asistir y orientar a las personas que llegaban desde Chile luego del golpe de Augusto Pinochet.

El DNU básicamente implica una modificación de aspectos esenciales de la ley migratoria. “Esta modificación discutida en una serie de datos y argumentos, viola el derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley, la unidad familiar y también – en su redacción inicial- a la defensa pública, por ende es violatoria de una serie de derechos consagrados tanto en nuestra Constitución Nacional como en los tratados internacionales a los que nuestro país ha adherido”, remata Liguori.

El gobierno de Mauricio Macri brindó datos sobre la cantidad de migrantes que ingresan al país. El último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que las personas de nacionalidad China, constituyen la población que más ha crecido, ya que “en Argentina durante el período 2010-2016, se concedieron un total de 16.856 residencias”, pero hasta hace dos días el Ejecutivo Nacional demoraba la entrega de datos  sobre la cantidad de personas deportadas inmediatamente después de la firma del DNU.

Tras el pedido realizado por diferentes organismos, la Dirección Nacional de Migraciones ofreció la información requerida: 33 expulsiones se produjeron durante 2016, aunque este año la cifra creció por encima del doble hasta sumar 72 casos. El CAREF confirmó así una situación que ya venía detectando su equipo social cuando detectó casos de personas que estaban en sus casas, tuvieron que ir a hacer un trámite y terminaron deportados a su país de origen y luego les avisaban por teléfono a sus familias.

La firma del DNU y las condiciones socio-económicas con el cambio de gobierno en 2015, comprometieron más aún la vida cotidiana de los migrantes en nuestro país. “Yo llegué a la Argentina en marzo de 2005, escapando de mi papá porque atravesábamos una situación de violencia de género muy fuerte”, contó a Tiempo Delia Colque de nacionalidad boliviana e integrante de Simbiosis Cultural, un colectivo de trabajadoras y trabajadores bolivianos en Argentina. Su primer trabajo fue en condiciones muy precarias en un taller textil: “Trabajábamos de lunes a viernes de 7 a 22 y los sábados hasta el mediodía y nos pagaban $300 mensuales”. Más tarde, Delia consiguió un empleo formal en la empresa textil Tessicot S.A, donde trabajó 7 años y medio. Con la apertura de las importaciones en 2016, “nos tuvimos que empezar a organizar desde el año pasado –cuenta- porque la empresa fue sacando todos los ‘tiempos muertos’ y ni siquiera nos dejaban ir a la baño o a tomar agua”. Delia fue despedida en mayo de este año. Hoy subsiste con el fondo de desempleo. Colque está convencida que el DNU firmado por Macri termina “criminalizando a toda la migración”.

Reina Torres, es hija de migrantes bolivianos y cuñada de Marcelina Meneses, la mujer que junto a su bebé de 20 meses fueron insultados y golpeados en un acto de xenofobia y luego arrojados del ex ferrocarril Roca el 10 de enero de 2001, antes de llegar a la estación Avellaneda. Ambos murieron en el acto. “Lo que vemos desde que llegó Macri es que volvimos a los 90 y al 2001. Hay mucha discriminación en las escuelas. Es por eso que realizamos charlas con el CELS y CAREF y con muchas otras organizaciones, mostrando que el migrante no es el enemigo, que es un ser humano que necesita trabajar y que aporta a este país”, reflexiona Torres. Ella además integra el Centro Integral de la Mujer que lleva el nombre de su cuñada asesinada, ubicado en la localidad de Ezpeleta: “Pudimos sacar a raíz del trabajo realizado la Ley 4.409 que declara al 10 de enero el Día de la Mujer Migrante, sólo en CABA, pero queremos lograr ahora que sea a nivel nacional”.

A finales de octubre de este año, el juez Ernesto Marinelli rechazó un amparo colectivo encabezado por el CELS que buscaba impugnar el DNU en cuestión. “El decreto se trató en audiencia pública en la Comisión Bicameral e hicimos dos reuniones, se terminó suscribiendo un dictamen mayoritario que es del oficialismo y uno minoritario que es el nuestro y ambos dictámenes se pasaron a la cámara de Diputados y Senadores”, confirmó a Tiempo el titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo, Marcos Cleri, y agrega: “Por la imposibilidad política de convencer a una mayoría para poder declararlos inválidos, sigue abierta la posibilidad en el poder judicial que es la otra vía para poder controlar los DNU y allí en la justicia hay varias presentaciones de personas extranjeras y organizaciones que lo consideran inconstitucional de la misma manera que nosotros”.