La denuncia fue respaldada, entre otros, por los gobiernos de Brasil, Colombia, Jordania, Turquía, Malasia, Bolivia, Venezuela y los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica, incluidos Irán, Irak, El Líbano, y Arabia Saudí.
El Ministro de Justicia de Sudáfrica, Ronald Lamola (der.), habla en conferenciia de prensa al retirarse de la Corte Internacional de La Haya.
«Ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea, justifica que se vulnere la Convención» para la Prevención de Genocidios, afirmó el ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, en su alegato.
«La respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre cruzó esta línea y da lugar a violaciones de la convención (…) es por eso que Sudáfrica presenta este caso», agregó.
Asimismo, subrayó que «la violencia y la destrucción en Palestina no comenzaron el 7 de octubre» sino que los palestinos «han experimentado violencia durante los últimos 76 años».
«En la Franja de Gaza desde 2004 Israel ejerce control sobre los cruces terrestres y la infraestructura civil. La entrada y salida de Gaza está estrictamente prohibida, siendo Israel el único punto de entrada», afirmó.
Las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza han puesto a la población «al borde de la hambruna», agregó la abogada de Sudáfrica ante la CIJ Adila Hassim, quien alertó que «los expertos prevén que podría morir más gente en Gaza por hambre y enfermedad» que debido a las acciones militares.
La acusación de Sudáfrica
Sudáfrica reconoce en su acusación el «peso particular de la responsabilidad» de acusar a Israel de genocidio y condena «inequívocamente» los ataques de Hamas que desencadenaron la guerra en Gaza.
Pero al mismo tiempo, afirma que los bombardeos y las operaciones terrestres de Israel tienen «la intención específica (…) de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico más amplio de los palestinos».
La denuncia ya cuenta con el apoyo de numerosos países, incluidos Colombia, Brasil, Jordania, Turquía, Malasia, Bolivia, Venezuela y los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica, incluidos Irán, Irak, El Líbano, y Arabia Saudí, entre otros.
Ayer, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó su apoyo en una reunión con el embajador palestino en Brasilia, Ibrahim Alzeben.
Por su parte, el Gobierno colombiano de Gustavo Petro expresó en un comunicado que «saluda la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel (…) por la violación de disposiciones de la Convención de 1948 contra el Genocidio».
Desde Israel, el presidente Isaac Herzog arremetió contra estas acusaciones y afirmó que «no hay nada más atroz y absurdo que esta afirmación. Estaremos en la Corte Internacional de Justicia y presentaremos con orgullo nuestro caso de legítima defensa (…) acorde al derecho internacional humanitario».
La postura de Israel
La guerra entre Israel y Hamas estalló tras el ataque del 7 de octubre del movimiento islamista palestino en suelo israelí, en el que 1.200 personas murieron y unas 240 fueron secuestradas y llevadas a Gaza, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.
La respuesta de Israel, que prometió «aniquilar» a Hamas, dejó hasta el momento más de 23.000 muertos palestinos, una gran mayoría de ellos mujeres y niños, y una grave crisis humanitaria, con escasez de suministros esenciales y alrededor de 1,9 millones de personas (de un total de 2,2 millones que viven en el enclave) obligadas a abandonar sus hogares.
Pretoria recurrió a la CIJ para urgir a Israel a «suspender inmediatamente las operaciones militares» en la Franja de Gaza.
El Estado de Israel, que este viernes tendrá su oportunidad para defenderse, afirmó por boca de su presidente que las acusaciones de Sudáfrica son algo «atroz» y «absurdo».
Además, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lior Haiat, criticó la demanda, afirmando que carece de base fáctica y jurídica, y aseguró que su país está comprometido con el derecho internacional y actúa de conformidad con él.
Sudáfrica argumenta que Israel incumple sus obligaciones en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 creado precisamente tras el Holocausto, en el que los nazis y sus colaboradores exterminaron a 6 millones de judíos europeos.
Según el mandatario, el ejército israelí está «haciendo todo lo posible en circunstancias extremadamente complicadas sobre el terreno para asegurar que no haya consecuencias no deseadas ni víctimas civiles.»
Como se trata de un procedimiento de urgencia, la CIJ podría pronunciarse en cuestión de semanas y, aunque sus fallos son definitivos y no pueden ser apelados, los países no siempre siguen sus veredictos, como en el caso de Rusia, a quien la CIJ ordenó poner fin a su invasión a Ucrania.
El pasado 29 de diciembre, la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU, comunicó que Sudáfrica impuso ante el tribunal una demanda por «genocidio» contra Israel debido a la situación en la Franja de Gaza.
El gobierno sudafricano consideró en su demanda que las acciones e inacciones de Israel configuraban un «genocidio, ya que se cometen con la intención específica (…) de eliminar a los palestinos de la Franja de Gaza».
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