Es por convalidar la teoría del cuentapropismo. Lo adelantó el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade.
La decisión se adoptó en una reunión de ese grupo de trabajo que hoy recibió el testimonio del exgerente de Relaciones Institucionales del Bapro, Hernán Stella, quien señaló que la reserva de los salones así como el ingreso de los invitados eran responsabilidad de la presidencia del Banco Provincia y la Gerencia General.
El diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, dijo a Télam que «el jueves nos va a recibir el Consejo de la Magistratura porque vamos a plantear desde la Bicameral de Inteligencia el juicio político a Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi por el fallo de los cuentapropistas».
La Cámara Federal porteña, con los votos de Llorens y Bertuzzi, desligó a los entonces titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sosteniendo que los agentes del grupo «SuperMarioBross», actuaban por su cuenta, es decir que abonaron la teoría del cuentapropismo.
Tailhade señaló que la reunión se hará a las 14 en la sede del Consejo de la Magistratura en Lavalle al 700 y luego informarán a los periodistas sobre la presentación realizada ante el organismo tripartito que se ocupa de la designación y remoción de los jueces.
Por otra parte, la subcomisión que analiza la grabación de la reunión realizada en el Banco Provincia en junio del 2017, en la que se habló del armado de causas contra sindicalistas, citó para el próximo martes a los directivos de la empresa de seguridad que estaba en la gestión de Juan Curuchet.
Sobre el testimonio del exgerente de Relaciones Institucionales del Bapro, Tailhade señaló que Stella «ratificó que ese salón de usos múltiples y el personal de ceremonial era de responsabilidad exclusiva de la Presidencia del Banco Provincia y de la Gerencia General».
En ese sentido, agregó que Stella «ratificó lo que venía diciendo que Presidencia dispuso el lugar y mandó a recibir a la gente», y que «era irregular que no se registrara a la gente que ingresaba» al Bapro.
El legislador dijo que «tras el testimonio de Stella se citará para el martes próximo a la empresa de Seguridad Hunter Security, que era la encargada de registrar los ingresos».
Por otra parte, el exsubsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Adrián Grassi, no concurrió hoy a exponer ante la subcomisión como lo había anticipada ayer en una nota dirigida a ese grupo parlamentario.
Grassi había sido convocado para dar testimonio sobre su participación en la reunión desarrollada en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) en 2017, en la cual se habló del armado de causas contra sindicalistas.
Mediante una nota dirigida al presidente de la Bicameral, avisó: «Le hago saber que, siguiendo el consejo de mis abogados defensores, no concurriré a la audiencia a la que he sido citado para el día 8 de febrero».
«Al resultar formalmente imputado en las mencionadas actuaciones, entiendo que me encuentro amparado por la garantía constitucional consagrada en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que ‘Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo'», completó.
Tras afirmar que declarará en sede judicial cuando le sea requerido, añadió: «Sólo el magistrado competente puede recibirme declaración en calidad de imputado, conforme lo establecido en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación».
Se trata de la causa tramitada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de La Plata, caratulada como «asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público».
La negativa de Grassi se sumó a la del exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Darío Biorsi, quien también estuvo presente en la reunión de 2017.
En un escrito enviado la semana pasada a las autoridades de la comisión, el exfuncionario de Inteligencia del gobierno macrista justificó su decisión de no responder preguntas del cuerpo legislativo en el «uso de los derechos y garantías constitucionales» que le asisten.
«No prestaré declaración ni haré manifestaciones ni responderé preguntas ante esta Comisión», agregó en esa oportunidad.
Biorsi y Grassi formaron parte del encuentro en el que Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, y otros miembros del entonces Gabinete bonaerense, junto a agentes de inteligencia y empresarios, analizaron la conformación de una mesa judicial perseguir a líderes sindicales y a empresarios.
En ese marco fue que Villegas expresó que le hubiera gustado tener una «Gestapo» para controlar a los sindicatos.
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