Sospechoso secuestro en Paraguay: ¿un escándalo para tapar otros?

El secuestro del exvicepresidente paraguayo Óscar Denis, junto con su empleado Adelio Mendoza, adjudicado al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), corrió por un momento el debate sobre el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta contra un campamento de ese grupo insurgente en que murieron dos niñas argentinas de 11 años. Las explicaciones exigidas al gobierno de Mario Adbo Benítez quedaron postergadas, justo en un momento en que registra una muy mala imagen. Apenas una semana después del confuso episodio en Yby Yaú en el norte del país, repudiado en el Paraguay pero que también valió un pedido de explicaciones de parte de la diplomacia argentina, la “Brigada Indígena” del EEP se atribuyó el secuestro de Denis, dirigente del Partido Liberal, a través de un panfleto dejado en su vehículo, en la zona de su estancia de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay. Al cierre de esta edición la familia no se había comunicado con el secuestrado.

El hecho se produjo en medio de duros debates acerca de la política de seguridad oficial, de la actuación de la FTC y de su existencia misma, por eso levantó algunas suspicacias en sectores de la oposición. “Mediáticamente le sirve al gobierno”, reflexionó Edgar Segovia, dirigente de la mesa de conducción del Frente Guasú. Casualmente el anuncio lo hizo la fiscal general Sandra Quiñónez cuando se levantó de una reunión reservada con los senadores y funcionarios clave del gobierno, a quienes debían dar explicaciones sobre el accionar de la FTC. Los legisladores opositores criticaron que no fuera abierto al público. “La ciudadanía debe saber lo que ocurrió en Yby Yaú”, dijo el senador Hugo Richer. Ahora el cuerpo deberá definir en su próxima sesión si presenta un voto de censura a los funcionarios involucrados o incluso les promueve juicio político, como reclama parte de la oposición.

Según explicó Segovia a Tiempo, el trágico hecho desplazó también el debate sobre el funcionamiento de la FTC, creada durante la presidencia de Horacio Cartes en 2013, y su posible continuidad, cuestionada por amplios sectores. “En septiembre se empieza a estudiar el presupuesto y estaba ganando mucha fuerza la idea de desbaratar la FTC por inoperante. Se lleva mucho dinero y eso no se ve reflejado en los resultados”, pero una situación como la actual crea el imaginario “favorable a mantener la fuerza”, dijo. Segovia explicó también que hay tres distritos, San Pedro, Concepción y Amambay en donde se vive un virtual “estado de sitio”, donde hay presencia de bandas del crimen organizado que dan argumento a que haya permanentemente efectivos de la FTC “en la vía pública en vez de estar en los cuarteles”. El dirigente del Frente Guasú, partido del actual senador y expresidente Fernando Lugo, señaló que otros temas de importancia, como “el aumento de casos y muertos por Covid” y la acusación contra un ex ministro y actual senador “por corrupción”, quedaron ahora “en segundo plano”.

Denis fue vicepresidente tras la destitución parlamentaria de Lugo, a la que él apoyó con su voto en el Senado. Tiene 74 años y está “retirado” de la actividad política. Su camioneta fue encontrada por empleados de su estancia «Tranquerita», con las puertas abiertas y volantes del EPP en su interior  en un camino interior. Si bien la cúpula del EPP no confirmó el secuestro, podría tener como motivo la represalia por el operativo del 2 de septiembre, en el que murieron las dos niñas. Denis frecuenta esa zona rural donde se supone que el EPP tiene manejo territorial. La elección de la víctima obedecería a que se trata de una figura pública y además reunía las características suficientes como para hacer posible operativamente el secuestro.

En tanto queda aún por esclarecer la matanza de María Carmen y Lilian Villalba, producida en el operativo de Yby Yaú, algo exigido también por la ONU y Amnistía Internacional, entre otros. Las nenas vivían en Puerto Rico, Misiones, y estaban en ese lugar para “visitar a sus padres”, integrantes del grupo guerrillero, según afirmó la abogada Daisy Irala, quien representa a Carmen Villalba (detenida por su participación en el EPP) y Miriam Villalba, madres de las niñas y hermanas entre sí. El relato del gobierno indica que fue un “enfrentamiento” y las nenas eran “combatientes” porque estaban vestidas con uniforme militar “a medida”. Sin embargo fue muy sospechoso que las mencionaran como jóvenes de entre 15 y 17 años y las sepultaran de inmediato sin identificarlas ni realizar pericias forenses, lo que fue luego exigido por acción de la defensa.

La historia del EPP

La última acción de impacto del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se remonta al 30 de agosto de 2016 cuando atacó a un camión militar con una bomba que mató a ocho militares. Luego de eso, en la prensa local se preguntaban qué había sido de esta guerrilla rural surgida en 2008 supuestamente para defender a campesinos de los departamentos norteños de Concepción y San Pedro. Con una línea ambientalista, marxista y de combate al uso de agrotóxicos y la deforestación, el EPP cobró notoriedad por sus secuestros extorsivos a hacendados, mayormente cultivadores de soja. También se registraron hechos menores, como daños a la propiedad con un valor simbólico, entre ellos es frecuente la quema de tractores usados por los estancieros. En algunos pueblos había ganado cierto apoyo de los pobladores entre quienes repartía alimentos comprados con el dinero obtenido por los secuestros.

El entonces presidente Horacio Cartes creó en 2013 la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) para combatirlo. Si bien hubo algunos operativos exitosos y varios detenidos, este cuerpo de élite no ha concretado la tarea de erradicar a la guerrilla. Para Juan Martens, experto en política criminal y autor de un estudio sobre el EPP, esto se debe a que los diferentes gobiernos abordaron el combate desde la militarización de la zona y la creencia errónea de que se “va a encontrar con un pelotón para combatir”, dijo citado en el diario paraguayo Hoy. También dijo que la FTC no consiguió establecer vínculos con la población civil y además hubo registros de “violaciones de derechos, que van desde ejecución (asesinato), coacción, violencia sicológica, amenaza y robos” por parte de militares.