La normativa vigente desde 2012 se dejó sin efecto a horas de la cuarentena impidiendo el acceso a beneficios esenciales para trabajar en el hogar. En el Congreso avanza la ley que reglamenta a futuro la modalidad.
El estudio indica que sólo el 37% de los más de 3.800 trabajadores encuestados, por las características de su actividad, no tuvo oportunidad de realizar teletrabajo durante el Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio.
Luego de más de cien días de trabajar bajo esta modalidad, que para el 56% resultó completamente novedosa, el teletrabajo es asimilado de manera contradictoria por los afectados.
Es que, por un lado, y al principio de la cuarentena, un 42% reconocía trabajar más horas que las que trabajaba con anterioridad y de las que establece el convenio de su actividad. Sin embargo, ahora, un 51% sostiene que seguiría haciéndolo una vez que concluya el aislamiento social. Aunque sólo un 22% estaría dispuesto a hacerlo todos los días, mientras que un 28% vería con buenos ojos hacerlo tres veces por semana. Apenas un 14% desea volver a trabajar todos los días a la oficina.
Pero además, solo un 4% de los empleados declara haber recibido alguna compensación por, al menos, una parte de los gastos extraordinarios que implica trabajar desde la casa.
En detalle se refiere a “internet o línea de celular, comidas durante la jornada laboral y equipamiento de oficina, como la computadora y la silla ergonómica”. De hecho, un 24% de los empleados encuestados manifiesta que una de las dificultades que debe enfrentar es una deficiente conectividad a internet.
Es en esta situación que el proyecto de ley para reglamentar la labor en el hogar ya obtuvo media sanción en la cámara de diputados. Allí se consagran una serie de derechos como, por ejemplo, el de la desconexión que pone un límite a la jornada laboral vulnerada en el contexto actual.
El proyecto, sin embargo, busca dar respuesta no tanto a la irrupción del teletrabajo durante el aislamiento social y preventivo sino a su permanencia que se descuenta se amplificará una vez que se sustancie el regreso a la actividad. De hecho, de aprobarse, entrará en vigencia recién dentro tres meses.
A la hora de explicar ese magro 4% de asistencia que se verifica resulta necesario recordar que, si bien se encuentra vigente la resolución 1552 del año 2012 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que establece la obligatoriedad de las empresas a proveer sillas ergonómicas, pad mouse, matafuegos y hasta un botiquín de primeros auxilios a los trabajadores que trabajen desde su casa, en una resolución del mismo organismo (21/20), publicada el pasado 16 de marzo, el gobierno decidió suspender su aplicación mientras durase la cuarentena.
El proyecto que está en consideración del Senado establece el carácter voluntario a la hora de la continuidad de este tipo de modalidad y fuerza a las patronales a garantizar parte de los insumos necesarios para poder trabajar desde la casa aunque habilita los contratos por objetivos que implican la posibilidad de imponer el trabajo a destajo y reserva a las patronales la posibilidad de invocar motivos de «fuerza mayor» para imponer esa modalidad en forma obligatoria.
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