Sindicatos y empleadores se reúnen para discutir una recomposición salarial para el personal doméstico

Ocho gremios representativos de las trabajadoras y trabajadores domésticos buscarán este miércoles negociar una recomposición salarial. Será a las 11 en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares que se realizará en la sede el Ministerio de Trabajo de la Nación con la asistencia de dos cámaras patronales.

La reunión que en primera instancia se había proyectado remota será finalmente presencial, destacó la cartera laboral a Tiempo.

Matías Isequilla, apoderado de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (Utda), informó que esa entidad presentó un petitorio cuyo primer punto es un reclamo de actualización salarial del 113%. La idea es que el salario de la categoría inferior quede por encima de la Canasta Básica Total (CBT) que delimita la línea de pobreza, y que en octubre quedó en el orden de los 49.911 pesos.

Desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), su representante, Carlos Brassesco, adelantó que se formulará un reclamo de aumento «superior al 40%» atento al nivel de inflación que se proyecta para 2020 que, según las estimaciones, ronda el 36 por ciento.

«Como el acuerdo va a tener validez hasta mayo de 2021, esperamos una recomposición de esa índole», adelantó Brassesco en la charla con Tiempo. El referente recordó que este año los empleados y empleadas del sector recibieron un 10% en concepto del retraso que acarreaban los haberes desde 2019. La propuesta de Upacp incluye un pedido de un 25% adicional para los trabajadores de la zona sur del país porque «los costos subieron notablemente en esa región», dijo el apoderado, quien no descartó «un suplemento del Estado que siempre puede llegar a compensar o a paliar», aunque no precisó detalles.

Petitorio

El texto que presentó Utda, la entidad que representa Isequilla, a las autoridades previamente a la reunión suma un pedido de inclusión de los empleadores en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). También pidió que se incluya a las 600 mil empleadas y empleados despedidos durante la cuarentena entre los beneficiarios del Fondo por Desempleo «o, en su defecto, el establecimiento de una prestación equivalente específica para el sector». Además agregó el reclamo de un bono extraordinario remunerativo para los que desarrollan tareas de cuidado y asistencia de personas durante el aislamiento social «no inferior a un salario básico correspondiente a dicha categoría (19.777 pesos)».

El petitorio aboga también por la continuidad y universalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), su mensualización y extensión por al menos seis meses «y su mejora cuantitativa –cuanto menos— a niveles del Salario Mínimo Vital y Móvil (actualmente en $ 18.900)». Agrega el pedido de un adicional por antigüedad del 1% del salario básico de la categoría por cada año trabajado.

Otro punto es el establecimiento de un 10% adicional por presentismo y el de otro plus por viáticos obligatorio, remunerativo y no inferior a los $ 150 por día trabajado. El texto añade un pedido de una campaña nacional de control y fiscalización para la regularización laboral y previsional de los más de un millón de trabajadoras y trabajadores del hogar. Y reclama por una investigación de las modificaciones de categorías laborales que se registraron durante el ASPO por parte de los empleadores.

Dudas

Los gremios se preparan para la reunión del miércoles con preocupaciones por la metodología que utiliza la comisión para definir un aumento.

La representación de los trabajadores, que está conformada por 12 gremios en total (cuatro no asisten a la comisión), tiene dos votos en total. La patronal, que suma a dos entidades representativas, tiene también dos votos, uno por cada una. Y la parte estatal de la mesa tiene la mayoría, con cuatro votos, dos por el Ministerio de Trabajo, uno por el Ministerio de Economía y uno por el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir que el Estado tiene la mitad de los votos, pero por aplicación de la Ley 26.844 en caso de empate entre gremios y patronales, el presidente de la comisión, que es uno de los representantes de la cartera laboral, tiene la facultad de desempatar.

Como las partes empleadoras son consideradas coloquialmente «sellos de goma» por su bajo nivel de representatividad, en lo fáctico los gremios negocian con el Estado. «