En un trámite exprés directamente en el recinto, se aprobó con dos tercios de los votos. Unión por la Patria criticó con dureza a Milei por la fake news sobre La Cámpora y los incendios.
La iniciativa fue presentada en conjunto por Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero del PRO, y Alejandra Vigo de Unidad Federal. Así, tanto oficialismo como oposición provincial se pusieron de acuerdo para incorporar el proyecto sobre tablas con dos tercios de los votos. A la hora de la votación el texto que giró al Senado contó con 55 votos positivos.
Desde La Libertad Avanza el presidente del bloque Ezequiel Atauche anticipó que desde su espacio político se iba a abstener junto a Vilma Bedia y Bruno Olivera por considerar que no están establecidas en el proyecto las partidas presupuestarias entre otras cuestiones.
Enojado con el oficialismo, Luis Juez (Pro) preguntó en el recinto: “Qué mierda más tiene que pasar en Córdoba para que el gobierno se entere que hay gente que perdió todo. No estamos hablando de plata sino de un mecanismo que en la democracia es normal que el gobierno nacional se junte con el gobernador que no es de mi palo y que le de una ayuda a la gente”.
“No queremos usar la desgracia de nuestro pueblo para sacar ventaja, pero tampoco nos vamos a callar la boca y permitir que nos traten como unos imbéciles”, agregó. En la misma sintonía Vigo pidió “no politizar” el tema.
Desde Unión por la Patria, Juliana Di Tullio aprovechó el debate para desmentir las acusaciones del presidente Javier Milei respecto a los responsables del incendio. “El presidente pone a la brigada de trolls pagados por el gobierno nacional a inventar que 17 militantes de La Cámpora fueron los que prendieron fuego Córdoba. Eso en vez de poner guita para que vayan las brigadas de todo el país a apagar el incendio”.
“Es una mentira total y lo quiero desmentir”, dijo la senadora al tiempo que agregó: “El presidente fue ayer disfrazado a ver el incendio desde arriba. Ni siquiera le puso el cuerpo. Esta bancada le va a poner el cuerpo a lo que el negacionista del cambio climático les quita a los cordobeses”. “Avanza la motosierra y la emergencia climática”, disparó.
Por su parte, José Mayans pidió prestar atención al cambio climático y sostuvo que “los parlamentos tienen que ocuparse de las políticas que hacen a la prevención, aunque muchos decían que cuando empezaba el tema de la Amazona es el principio del fin, pero siendo uno de ellos pulmones mas grandes que tienen el planeta obviamente que es preocupante el tema del cambio climático”.
El proyecto de ley que se aprobó declara la emergencia ambiental, económica y habitacional durante 180 días, con posibilidad de prórroga a criterio de Nación. Por la misma, el Poder Ejecutivo deberá establecer una partida extraordinaria destinada a las zonas afectadas y su debida recuperación, tanto a nivel infraestructura como economía.
Entre esas zonas, se destacan las de El Durazno y Villa Berna en el Valle de Calamuchita; Capilla del Monte, Los Cocos, San Esteban y Dolores en el Valle de Punilla; Salsacate, Taninga y San Javier en el Valle de Traslasierra; La Calera y Malagueño en el Gran Córdoba. La medida podría ser objeto de un nuevo veto presidencial al no tener origen específico los recursos demandados. Posiblemente, la ampliación de una partida no sea algo bien visto por la Casa Rosada, que ya dejó en claro que tiene como prioridad impostergable el déficit cero. Así, podría abrirse una nueva disputa fiscal a nivel federal.
Por otro lado, con 39 votos afirmativos y 20 abstenciones se convirtió en ley la modificación de la norma 26.879 de “Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual”.
Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
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