El Gobierno refuerza el Congreso para celebrar el postergado Pacto de Mayo. El economista absorberá funciones ministeriales. Los peligros para la imagen presidencial.
La escena quedó armada el miércoles en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera, antes del noveno viaje al exterior que el presidente realiza desde que asumió. Milei volvió a convocar a la firma del pacto que no pudo sellar el 25 de mayo. Mientras realiza su gira por España, Alemania y República Checa, el presidente gana tiempo para resolver el futuro de Federico Sturzenegger, que podría ser nombrado ministro de Modernización la semana próxima.
La versión de la Ley Bases que falta es la pulseada que atravesará a Diputados esta semana. La Cámara Baja es la instancia de origen, donde empezó el trámite. Cuando pasó al Senado sufrió más de 40. Por mayoría simple podrán aceptar los cambios que impulsó la Cámara Alta o insistir en la versión original, salvo que los cambios sean por dos tercios.
El texto a refrendar es muy diferente a la versión que Sturzenegger redactó hace seis meses. Quedaron jirones en el camino: desde el aumento a las retenciones hasta un paquete de superpoderes y privatizaciones que se redujo proporcionalmente a las ambiciones del Gobierno. Sin embargo, los cambios no han desempoderado al funcionario, hasta ahora, sin cargo. Sturze, el extitular del Banco Central de la era Macri y añejo antagonista del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, está en condiciones de plantearle exigencias al presidente sobre el rol que quiere ocupar. Por eso se demoran las reuniones para definir el loteo que tendrá Sturzenegger en sus manos. En la Casa Rosada vaticinan que tendría una parte Economía, sin quitarle poder a Toto, otra de la jefatura de Gabinete, en manos de Guillermo Francos, y otra del ministerio de Capital Humano, para alivianar a su titular, Sandra Pettovello, que recién asomó la semana pasada luego del escándalo por el despido de Joaquín De La Torre como secretario de Niñez. Laten dos investigaciones penales: una por el presunto pago de sobresueldos y otra por dejar vencer alimentos en dos depósitos, comprados con fondos que también provinieron del ente involucrado con los presuntos nombramientos de «ñoquis»: la Organización de Estados Iberoamericanos.
Sturzenegger volvió a demostrar su importancia cuando fue uno de los primeros en reunirse con el presidente y su amiga ministra en crisis. Ahora le reclama un ministerio con amplias potestades y un botín en disputa por el control de las empresas públicas que serán privatizadas. También por las que quedaron afuera, aunque una parte de ese capítulo también se definirá esta semana en Diputados. Para Milei la inflexión no será sólo una revisión de resultados del primer semestre. Implicará el desembarco de Sturzenegger cuando llegue el momento de aplicar la ley y afrontar los conflictos que de ella derivarán.
En el Gobierno tienen sondeos que hablan de otra etapa. La inflación deja, por ahora, de encabezar la lista de preocupaciones y cede ante la pobreza, el desempleo, las fallas en el sistema político y en el judicial. Una meseta de doble filo como la tasa inflacionaria del 4 o 5% mensual. El equipo comunicacional del asesor Santiago Caputo sigue celebrando una imagen positiva del 45 al 50%, pero enfrenta un nuevo riesgo: la pérdida de centralidad de la inflación confirma una promesa de campaña, pero deja en primer plano las preocupaciones y el desgaste que provoca la gestión del ajuste.
La Cámara Alta fue un examen al límite para las aspiraciones del Gobierno. Sin embargo, canalizó un debate que atravesaba a la oposición dialoguista: si darle o no a Milei las herramientas que le reclamaba al Congreso. Se avecina el momento de que demuestre si puede gestionarlas junto a Sturzenegger. Si fallan afrontarán las consecuencias. En el Senado la vicepresidenta Victoria Villarruel desempató en la votación en general y luego en dos instancias del debate en particular. El gobierno concedió algunos cambios para llegar al recinto del Senado que ahora se debate por desconocer. El plan inicial de la Casa Rosada apuntaba a la ley deseada e insistir con la versión que aprobó Diputados el 30 de abril. Esa opción desató tormentas adentro del oficialismo y en especial con Villarruel. Para el segundo semestre Milei necesitará del Congreso. El FMI le pide una reforma impositiva integral y previsiones presupuestarias.
Apenas se cierre la novela de la Ley Bases, comenzará el momento de utilizar las facultades que le entregó el Congreso y afrontar el examen de la gestión, con los focos de conflicto en la Justicia y en las calles que implicarán la aplicación de la versión que salga. El oficialismo en el Senado necesitará de los votos necesarios para designar al juez Ariel Lijo como ministro de la Corte y después llegará el momento de presentar el proyecto de Presupuesto 2025. Falta poco menos de tres meses para el plazo del 15 de septiembre y presentar el plan de cuentas del año próximo que reclama el Fondo.
La negociación por la Ley Bases no terminará hasta el jueves. El martes arrancará el plenario de comisiones para llegar a un dictamen que incluya la definición de la mayoría sobre los cambios incluidos en el giro que mandó el Senado. La versión que volvió a Diputados tiene un paquete de privatizaciones sin Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA. Tampoco incluye la derogación de la moratoria previsional y cuenta con una versión distinta del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que acota los beneficios a cinco sectores.
El paquete fiscal tiene los dos mayores obstáculos para el Gobierno. En el Senado no prosperó la reimposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y tampoco los cambios en Bienes Personales. Francos pidió sean revertidos en Diputados y ahora achicó su aspiración inicial. El PRO ya anticipó que respaldará toda la versión original, en un juego que le viene perfecto al oficialismo para mostrarse condicionado en la negociación con los bloques opositores que votaron la versión anterior. Las 40 voluntades del partido amarillo no alcanzan y la atención estará puesta en el radicalismo y Hacemos Coalición Federal.
La UCR ya sentó posición en varios temas. «Los acuerdos y los cambios que el Senado formuló en delegaciones (de facultades), RIGI y otros aspectos de la ley han mejorado los textos y contarán con nuestro acompañamiento», escribió De Loredo. Recordó que «los diputados no estamos obligados a votar lo mismo que los senadores». Exigió que se aclare el acuerdo sobre la privatización de Aerolíneas.
El jefe de la bancada radical no dijo una palabra sobre el Correo y RTA, en otra muestra del nivel desacuerdos que hay dentro de su espacio sobre el debate de aceptar o no los cambios introducidos en el artículo 7 de la Ley Bases. La UCR había votado por su privatización en Diputados, pero en el Senado colaboró para sacar a las tres empresas públicas que ahora son materia de debate. El bloque que conduce Miguel Pichetto definirá este lunes su posición. Sus integrantes no se quieren hacer cargo de la descoordinación interna del radicalismo, pero podrían acompañar al Gobierno en la combinación que ahora propuso Francos.
Para descomprimir, el oficialismo podría buscar una salida para evitar complicaciones. Milei (y también Sturzenegger) se quedaron con sangre en el ojo de los jirones que perdió la versión inicial de la Ley Bases desde el primer y fallido primer round de febrero. Si no logran insistir con la privatización de Aerolíneas ni las otras firmas, el gobierno enviaría nuevos proyectos de ley para rediscutir el tema. No podrán hacerlo hasta el año próximo, pero la lista incluye volver a la carga con una reforma del Banco Nación, para abrirlo a «la participación privada pero con mayoría estatal».
«Nosotros queremos que se privatice todo», insisten cerca de Francos ante las consultas de Tiempo. Asumen que una salida posible sería patear para adelante los debates que no puedan revertir esta semana. Todavía quedan detalles reglamentarios para saber qué temas pueden ser revertidos y cuales quedaron afuera. El oficialismo tendría un acuerdo para interpretar el artículo 81 de la Constitución y sostener que se puede insistir en todo y que nada quedó afuera, aunque haya sido rechazado en el Senado. La señal la aportó De Loredo para rebatir los argumentos del peronismo. «La supresión del capítulo de Ganancias y Bienes Personales configura en sí una modificación al texto y así tiene que ser interpretada. Creemos que es ampliamente mayoritaria la postura técnica, doctrinaria y sobran los antecedentes jurisprudenciales que sostienen esta mirada», remarcó, para evitar la judicialización de ese debate.
El radicalismo también anticipó que volverán a insistir con la anulación de la cuota sindical solidaria, pero acepta los demás cambios incluidos en el Senado a la reforma laboral. Gestos que buscan ordenar la tropa interna, pero sin romper con los correligionarios del recinto vecino. Los acuerdos siguen siendo frágiles entre los aliados esquivos, ante un peronismo que calcula los pasos a seguir después de votar en contra cuando sea el debate general. El dilema es abstenerse o jugar en la votación en particular para incidir en algunas mayorías, a favor o en contra.
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