Por desmontes e incendios forestales fueron arrasadas 149.649 hectáreas de bosques en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta a lo largo del año pasado. Ilegalidad, flexibilización de normativas locales y el riesgo de que empeore el panorama bajo un gobierno que niega la crisis climática.
“Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios”, denunció la entidad. Y resaltó que “más deforestación significa más cambio climático, inundaciones, desertificación, desalojos de comunidades campesinas e indígenas, desaparición de especies en peligro de extinción y enfermedades”.
En un contexto de negacionismo climático por parte del gobierno de Javier Milei, congelamiento presupuestario a nivel nacional y flexibilización de normativas provinciales como ocurrió en Chaco y Salta, preocupa que el panorama se agrave aún más.
“Es preocupante que siga teniendo altos niveles de ilegalidad el desmonte. En Santiago del Estero es fundamentalmente por la ganadería, con complicidad del gobierno. Son áreas que quedan con algunos árboles y pastura. Tanto nosotros como Nación, cuando hace su reporte de área de bosque perdida, lo marca como área desmontada. Por eso tiene altos niveles de desmonte en zonas donde supuestamente no se puede. Eso se notó fuertemente. Hubo como 10 mil hectáreas desmontadas de tierras de los dueños de Manaos”, apuntó el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, en diálogo con Tiempo.
En julio del año pasado, la organización ecologista documentó un desmonte de más de 10 mil hectáreas en Santiago del Estero por parte de la familia Canido, dueña de la empresa Refres Now, que produce la gaseosa Manaos.
El informe anual remarca que “resulta grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”. Y concluye que “si bien, comparado con la década anterior a la Ley de Bosques, desde el año 2014 se mantiene cierta tendencia de disminución de los desmontes, cabe advertir que la pérdida de bosques en el norte del país durante 2024 fue superior a la del año anterior (134.700 hectáreas, según datos oficiales)”.
A diferencia de informes previos, el del último año incluyó también un relevamiento de incendios forestales en el norte del país. “Lo incluimos por el aumento que tuvieron. En Formosa fue importante. Sobre todo al Este, en la zona de Palmares, donde se queman pasturas”, detalló Giardini.
De las provincias analizadas, Formosa fue la que concentró más incendios forestales, especialmente en el Parque Nacional Río Pilcomayo. Entre las cuatro provincias, los incendios causaron la pérdida de casi 30 mil hectáreas.
En tanto, siguen los incendios en el Sur. El informe sobre la situación en la Patagonia se conocerá hacia abril, midiendo la temporada de mayores focos, de octubre a marzo. Sin embargo, los datos preliminares ya muestran el agravamiento: “si tomamos la información oficial y la comparamos con nuestro reporte del año pasado, ya superamos la cantidad de hectáreas quemadas faltando un mes de temporada de incendios”.
En Chaco y Salta se perdieron –entre incendios y desmontes- 41.718 y 15.103 hectáreas respectivamente durante 2024. Pero la preocupación apunta sobre todo a lo que vendrá, ya que en estas provincias se aprobaron nuevos ordenamientos territoriales que habilitan el desmonte en zonas que antes estaban bajo protección legal.
“En Chaco la Justicia había suspendido los desmontes y tanto la gestión anterior como la actual miraron para otro lado. Hubo una incapacidad o una decisión de no hacer cumplir el fallo de suspensión”, denunció Giardini. Además “tanto Salta como Chaco flexibilizaron las normas y corremos riesgo de aumento de la deforestación, sobre todo en Salta. Hay más de 30 mil hectáreas a punto de ser autorizadas, por lo que el próximo año prevemos un desmonte importante en Salta en zonas que antes no estaban permitidas”.
La situación de ambas provincias está siendo planteada por Greenpeace ante la Corte Suprema, en el marco de la causa abierta en defensa del yaguareté. Todo lo que afecta a la preservación de la especie, así como las irregularidades en relación a la Ley de Bosques son incorporadas a esa causa, en la que la Corte ya se declaró competente.
La preocupación por los niveles de desmonte en la Argentina no es nueva, pero preocupa que el panorama empeore bajo un gobierno que niega la crisis climática y hace tambalear leyes ambientales.
“Una de las cosas que más preocupa es si el presupuesto para la Ley de Bosques, como todo indica, queda igual que el del anteaño. Va a ser bajo, y no hay garantías de que se termine de distribuir siendo que el fideicomiso se eliminó y pueden meter mano al presupuesto para otras cosas”, advirtió el especialista. “Va a afectar los planes de conservación y, más grave aún, las provincias no van a tener dinero para el control. El 30% de los fondos va para fortalecimiento institucional y las provincias lo usan para sueldos, camionetas, aviones. En principio la cuestión presupuestaria podría sentar las bases del aumento de la deforestación por falta de fondos”, alertó.
“Las leyes ambientales están en riesgo, ya vimos el intento de flexibilizar la Ley de Glaciares, con la primera Ley Bases. Estamos en alerta. Y tienen un discurso arcaico, que parece del siglo XIX: esta idea de que podemos hacer lo que queramos con la naturaleza. Va en contra de lo que dice la ciencia, no solo los ecologistas”, cuestionó Giardini.
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