Se diluye el plan Guaidó y Estados Unidos aprieta por la economía

El fracaso, o al menos el estancamiento de la estrategia política del opositor venezolano Juan Guaidó, obligó a sus poderosos aliados contra el gobierno de Nicolás Maduro a trazar nuevos y más drásticos planes para lograr la salida del presidente y controlar el estado de Venezuela, cosa que hasta ahora no han logrado a pesar de haber puesto en práctica las maniobras más diversas.

El gobierno de Donald Trump acaba de anunciar un plan de rescate ante un supuesto derrocamiento denominado «Día 2». Se trata de un programa que pretende dolarizar la economía venezolana y apuntar a los recursos petroleros del país, a los que vienen golpeando sistemáticamente a través de sanciones y bloqueo de divisas en distintos países. «PDVSA es el corazón de la corrupción en Venezuela y la forma de financiamiento del gobierno corrupto», es la justificación del gobierno estadounidense, según declaraciones de Larry Kudlow, principal asesor económico del presidente Trump. Estados Unidos ya impuso medidas punitivas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro, y a unas 30 entidades, entre ellas a su estatal petrolera PDVSA. «Hemos estado trabajando con bancos en la región, tenemos planificación monetaria, tenemos planificación con el FMI. Y nos moveremos tan rápido como podamos», señaló Kudlow y se entusiasmó: «Los dólares son la respuesta». La iniciativa busca «poner efectivo» en Venezuela a través de «bancos, iPhones, aplicaciones y muchas formas inteligentes». Ese efectivo «no será en bolívares, sino en dólares. Al menos al principio, por lo que no hay demanda de bolívares», dijo.

En la visión más optimista, el plan «post-Maduro» podría aplicarse antes de que acabe abril en el marco de la llamada «operación libertad», siempre que los actores locales logren la adhesión que necesitan para avanzar contra el presidente y se produzca un estallido social que fuerce esa situación. Según revela en la columna que acompaña a esta nota la periodista y asidua colaboradora de Tiempo Stella Calloni, el autoproclamado presidente encargado tiene en agenda una fecha posible para lograr este cometido: el 21 de abril.

En el chavismo más duro, sin embargo, se percibe una tranquilidad que no se apreciaba hacía meses. «En realidad Guaidó entró en un espiral de desintegración real, el 90% de la oposición no lo respalda y mucho menos su narrativa guerrerista. Esto configura una plataforma para él muy débil, el tiempo se le agota porque necesitaba producir un quiebre de las fuerzas sociales del chavismo desde el inicio de su usurpación; segundo, necesitaba igualmente fracturar a la dureza armada bolivariana, y no llegar al año próximo sin esas dos pretensiones realizadas, porque él debe abandonar el cargo a partir de diciembre. Al interno no tiene capacidad de causar ningún daño, por lo menos hasta el día de hoy», reflexionó desde Caracas el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Francisco Aristimuño.

Otras fuentes consultadas en la ciudad capital aseguran que la principal preocupación del pueblo está puesta en los problemas cotidianos, la economía y los problemas energéticos, «pero de Guaidó nadie habla».

La oposición había convocado a una marcha «decisiva» para ayer, mientras el chavismo movilizaba a su juventud como contramarcha, una modalidad que se viene repitiendo los últimos fines de semana sin que se produzcan cambios reales después de cada evento. El gobierno de Maduro parece dedicado más que nada a la normalización del servicio eléctrico, fuertemente golpeado después de las debacles en las plantas energéticas que oficialmente se adjudica a atentados comandados o al menos ordenados por EE UU. El fin de semana, además, se anunció la firma de once nuevos acuerdos de cooperación estratégica bilateral entre Venezuela y Rusia en las áreas de petróleo, finanzas, agricultura, comercio, cultura, educación y ciencias y tecnología, durante la sesión plenaria de la XIV Comisión Intergubernamental de Alto Nivel de ambas naciones, que se celebró en Moscú entre jueves y viernes. Putin prometió aumentar su apoyo a Maduro a pesar del recelo de otras potencias mundiales por la presencia de militares rusos en el país caribeño. Rusia y China son los principales sostenes del gobierno chavista en colisión con las posturas de otros países encabezados por Estados Unidos, que tiene una decidida agenda contra Maduro y sostiene la «amenaza» de la intervención militar como una espada de Damocles que nunca llega a caer. La respuesta de Rusia frente a eso es clara. «Estamos convencidos de que precisamente así, y no con el lenguaje de las amenazas, sanciones y ultimátum, los socios extranjeros de Venezuela deben contribuir a que esta vuelva a la senda del desarrollo sostenible», afirmó el vice primer ministro ruso, Yuri Borísov, en el citado encuentro.

Otro paso dado esta semana en los Estados Unidos fue la presentación por parte de senadores demócratas y republicanos del proyecto de ley VERDAD para ayudar a «restablecer la democracia» y atender la «creciente crisis humanitaria» en Venezuela, que eleva a 400 millones de dólares la asistencia. Sin embargo el eje de ese proyecto cuyas siglas en inglés remiten a «Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act» (algo así como Acción para Paliar la Emergencia de Venezuela, de Asistencia a la Democracia y el Desarrollo), es autorizar la remoción de sanciones a funcionarios que no estén involucrados en violaciones a los Derechos Humanos y reconozcan a Guaidó, y acelera la planificación de las instituciones financieras para reconstruir el país en la era post-Maduro, entre otras medidas. La iniciativa es impulsada por el legislador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, el miembro de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y por el republicano Marco Rubio (Florida), uno de los artífices de la estrategia de la administración Trump para sacar del poder a Maduro. Está en línea con la ley de «amnistía» que sancionó la Asamblea Nacional (AN) venezolana dirigida a militares que se rebelen contra Maduro. Ambas pretenden quebrar la base de sustento y mayor fortaleza del chavista comprendida en los dirigentes altos y medios y las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que siguen manifestando lealtad al presidente.

Frente a este escenario y a la quietud de sus propios aliados opositores, que apenas retuitean las declaraciones de Guaidó (como ejemplo basta ver la cuenta del conspicuo opositor Henrique Capriles) el legislador continúa encabezando manifestaciones en torno a la «operación libertad», como la de ayer. «Vamos a seguir hasta lograr el cese de la usurpación», prometió. La situación de Guaidó podría cambiar si la Justicia avanza en la investigación por «usurpar» las funciones de Maduro. El pasado martes, la Asamblea Nacional Constituyente lo despojó de su fuero parlamentario y autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo por ese cargo. El diputado no reconoció la medida y advirtió que «nada» lo detendrá. Previamente la Contraloría, el órgano que vigila a las instituciones venezolanas, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años. El chavismo más optimista prevé que el resultado será una orden de arresto y Guaidó busque asilo «en una embajada, o se fugue al exterior». «