En una reunión extraordinaria convocada a última hora y de forma virtual, el Consejo Directivo aprobó una reforma que le otorga más poder, debilita a la Dirección Nacional y “abre la puerta para avanzar en la destrucción del organismo”. Temen la privatización y despidos.
El plan que se aprobó se basa en una reestructuración institucional que quita funciones y atribuciones a la Dirección Nacional y las deposita en el Consejo Directivo –el mismo que avaló el cambio con sus votos-. Las medidas impulsadas desde el Ejecutivo para el INTA se concretarían a través de la flamante Secretaría de Coordinación Técnica.
Tal como informó Tiempo, se avanzaba hacia la reestructuración desde la reunión ordinaria de fines de marzo y pese a que va contra las leyes que rigen el INTA. En lugar de esperar hasta la próxima convocatoria ordinaria –prevista para el 24 de este mes- el lunes último se llamó a una extraordinaria para seguir el tema. Como el resultado no fue conclusivo, la extraordinaria continuó a partir de las 19 del martes, a través de un encuentro virtual. Las características de la reunión potenciaron la preocupación de las y los trabajadores. Y los temores se concretaron.
“Abrieron la puerta para avanzar en la destrucción de nuestro organismo y pone en serio peligro los puestos de laburo”, lamentó Boedo en diálogo con este medio. La delegada e integrante de la Coordinación Nacional ATE INTA ya había advertido, tras la reunión ordinaria de marzo, que el plan con el que se intentaba avanzar “era reducir de 6100 a 4500 (el personal), abrir la puerta descomunalmente a privados y hacer reestructuración de funciones. Siempre hubo presiones en este sentido desde el Ministerio de Economía, cada vez más fuertes desde noviembre. Pasó ExpoAgro y las presiones se acrecentaron”.
La reestructuración se aprobó con los votos a favor de casi la totalidad del Consejo Directivo, a excepción del veterinario Guillermo Bernardes, representante de universidades nacionales, y del ingeniero agrónomo Guillermo Tettamanti, de la Federación Agraria Argentina. En tanto su par Jorge Omar Dutto se ausentó.
Todo esto sucedió casi en paralelo con un ciberataque que afectó al organismo durante este martes, impidiendo el acceso del personal a sus herramientas de trabajo habituales.
Trabajadores del INTA ya estaban en estado de alerta tras la reunión ordinaria de marzo y ante lo que consideraban una virtual intervención del organismo.
Denunciaron desde entonces que la avanzada del Gobierno sobre el INTA va en contra de la ley de creación del organismo (21.680, de 1956) y de su modificatoria (20.340, de 1973), que define las funciones de la Dirección Nacional, sobre la que arrasa el plan del Ejecutivo: “para nosotros es una intervención clara”.
La aprobación de la reforma incrementó la preocupación. Mientras se analizan próximas medidas, sigue vigente la convocatoria a movilizar el próximo 24, cuando se concrete la reunión ordinaria prevista para este mes.
El referente de la Asociación de Profesionales del INTA (APINTA), Mario Romero, señaló que las medidas de reclamo se definirán cuando se publique la resolución con lo votado por el CD. “Hoy más que nunca porque vienen por todo en el INTA. Estos tipos son unos piratas, son inescrupulosos y están al borde de la ilegalidad y seguramente cuando se vayan de la gestión van a tener que ir a tribunales a responder. Nos vemos el 24 y vamos a defender nuestro INTA y nuestros compañeros y compañeras”, exclamó, según consignó el sitio Bichos de Campo.
Tras la reunión de fines de marzo, antesala de la votación de esta semana que concreta la transformación del INTA, un referente de desarrollo rural de la entidad escribió una carta de renuncia y apuntó contra la ilegalidad de la reforma planteada.
“No tengo duda de que la ilegal propuesta de reforma estructural que ustedes pretenden llevar adelante bajo el relato mentiroso e hipócrita de ‘modernización’ es el paso inicial para despedir personal altamente calificado, disminuir su infraestructura, cerrar Agencias de Extensión, disminuir programas y proyectos, reduciendo sus presupuestos… y así lograr paulatinamente la destrucción institucional”, denunció Carlos Alemany en la carta que difundió luego de que “nueve de sus diez consejeros/as aprobaron medidas claramente ilegales que merecen una denuncia penal por ser violatorias de la Ley del INTA 20.340/73 y por incumplimiento del deber de funcionario público”.
Ya antes de esta transformación definitiva del organismo, la gestión del actual presidente Nicolás Bronzovich, y su vice, Beatriz Giraudo (ex directivos de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa-Aapresid), había logrado la anulación de los programas ProHuerta y Cambio Rural, y las desvinculaciones –eufemismo de despidos– de trabajadores vinculados al INTA a través de otras áreas, como Agricultura.
Además, en noviembre, el Ejecutivo comenzó a apuntar a los territorios e inmuebles en los que funciona el organismo. En una de sus conferencias, el vocero y ahora candidato Manuel Adorni habló de un “plan de modernización” con “la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble en Cerviño”, que fue subastado en un proceso denunciado por sus irregularidades. Hace poco más de un mes cerraron la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires y 41 agencias de extensión en todo el país.
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Primero vinieron por el ANSES, después por la Agricultura Familiar, ahora vinieron por ustedes y ya es demasiado tarde.