Se aprobó la privatización del Autódromo de la Ciudad

Integrará un fideicomiso mixto entre el Estado y privados por 25 años. Críticas de la oposición.

La legislatura porteña aprobó esta tarde el polémico proyecto para que el autódromo Oscar y Juan Gálvez, emplazado en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, pase a formar parte de un fideicomiso que articulará el sector público con el privado. La iniciativa de la bancada del PRO, que contó con el apoyo del Frente par ala Victoria, fue aprobada con 41 votos positivos, siete negativos y ocho abstenciones y propone que avancen el autódromo una serie de remodelaciones a las que muchos miran con recelo.

Puntualmente, la propuesta contempla que la avenida Roca, que marca uno de los laterales del predio, deje de ser una frontera para los vecinos de la Comuna 8 y sea incorporada como un espacio comercial y del barrio. Además, la idea es crear un polo que reunirá a terminales automotrices, concesionarias, locales de gastronomía y un museo del automóvil. Allí, también se estima la permanencia de los establecimientos escolares -un jardín de infantes y una primaria-, la instalación de academias de automovilismo y espacios verdes.

La estructura administrativa para la nueva etapa será la de un fideicomiso por 25 años en el que el Estado tenga una mayor participación y poder decisión, aunque la idea también es que garantice que los fondos que se manejen queden dentro de la órbita propia y que brinde ‘una mayor seguridad jurídica al inversor’. La ley fue votada positivamente por el PRO, el Frente para la Victoria, el Socialismo y Confianza Pública; y negativamente por la Izquierda, el Socialismo Auténtico y la Coalición Cívica; en tanto que optaron por la abstención los bloques Peronistas y Suma+.

El diputado porteño del Frente de Izquierda, Patricio del Corro, manifestó que «en plena Comuna 8, una de las zonas más castigadas por la pobreza de la Ciudad, con problemas estructurales de falta de vivienda, salud y educación, se entrega a las empresas del automovilismo y otros rubros un predio de 180 hectáreas durante 25 años». En tanto, Adrián Camps, legislador del Partido Socialista Auténtico, también expresó su disconformidad con esta ley: “Este es un muy mal proyecto para la Ciudad desde todo punto de vista. En primer lugar, por su inconstitucionalidad, la legislatura está delegando facultades otorgadas por el artículo 82 de la Constitución que nos habilita de manera exclusiva para otorgar concesiones sobre dominio público.

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