El Congreso deberá refrendar este nuevo documento, con sustanciales modificaciones sobre el rechazado en las urnas.
El gobierno de Colombia y la guerrilla FARC firman, en un pequeño teatro de Bogotá, el pacto de paz que espera acabar con medio siglo de confrontación y que fue renegociado para incluir propuestas de la oposición.
El tamaño del clásico Teatro Colón, con capacidad para unas 800 personas, marca el bajo perfil de la ceremonia, a diferencia de la ceremonia de firma del pacto original, que tuvo lugar el 26 de septiembre en la caribeña ciudad de Cartagena con la presencia de 2.500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado, y en medio de presentaciones culturales.
En esta ocasión, y tras el rechazo del primer acuerdo en un plebiscito el 2 de octubre, los invitados serán expresidentes colombianos, legisladores, magistrados, víctimas del conflicto armado y representantes de organizaciones sociales.
El tamaño de la ceremonia, que para hacerla accesible al gran público será proyectada en pantallas gigantes en la plaza Bolívar de Bogotá, fue objeto de críticas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El comandante guerrillero Marcos Calarcá, miembro de la delegación de paz que negoció por cuatro años con el gobierno colombiano en Cuba, dijo que «desafortunadamente los espacios son limitados» en el Teatro Colón.
«Hay mucha más gente, que las 800 personas que caben aquí en el teatro, que merecen estar, que quisieran estar, que deben estar», dijo Calarcá a periodistas mientras se ultimaban los detalles para la rúbrica.
El texto pasará al Congreso, de mayoría oficialista y donde se espera quede refrendado la próxima semana.
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dijo el miércoles a periodistas que el Parlamento está dispuesto a «trabajar todos los días» primero en la refrendación del acuerdo y luego en la aprobación -durante los meses siguientes- de todas las leyes necesarias para ponerlo en marcha.
Lizcano explicó que el próximo martes comenzará la discusión del pacto de paz en ambas cámaras, «en un debate tranquilo, abierto, con televisión, de cara al país, donde no solo van a participar congresistas» sino también víctimas y políticos con posiciones contrarias.
La oposición se mantiene
La decisión de refrendar el acuerdo en el Congreso, tomada el martes por las FARC y el gobierno, fue rechazada por quienes se oponen al pacto, liderados por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe.
Para el derechista Centro Democrático, partido de Uribe, se dio un «golpe a la democracia al negar» la refrendación popular del nuevo acuerdo.
El uribismo insiste en introducir más cambios al pacto, además de los ya operados, como el inventario de bienes que las FARC deberán entregar para reparar víctimas o el reporte detallado sobre su participación en el narcotráfico.
La oposición, que anunció acciones de calle para demostrar su inconformismo, sigue rechazando principalmente que guerrilleros culpables de delitos atroces puedan presentarse a cargos de elección antes de cumplir sus penas.
«Por la cercanía con las elecciones presidenciales de 2018 era muy difícil que la oposición estuviera abordo en un gran pacto nacional, porque sus candidatos están más interesados en diferenciarse del impopular gobierno Santos», explicó la analista Angelika Rettberg.
Premura en implementación
Con la firma no solo pasará a refrendación el acuerdo definitivo sino que también comenzarán a correr los tiempos para su implementación, un asunto en el que gobierno y FARC tienen especial premura.
«La implementación dependerá de los temas. Por ejemplo, temas como la justicia transicional o la reforma rural tomarán más tiempo porque requieren un andamiaje institucional», afirmó la politóloga Rettberg.
Aunque las partes sostienen un cese al fuego desde fines de agosto, dos hechos han demostrado recientemente su fragilidad: la muerte de dos guerrilleros en supuestos combates con el Ejército y el asesinato de varios líderes sociales.
Según el acuerdo, tras la firma las FARC, nacidas de una sublevación campesina en 1964, deberán comenzar a agruparse en los próximos días en las zonas donde dejarán progresivamente sus armas durante los próximos seis meses, bajo supervisión de la ONU.
La paz, sin embargo, no estará completa mientras siga activo el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con el que el gobierno intenta iniciar una mesa formal de diálogo desde hace meses y que no se ha concretado porque el grupo rebelde aún no libera a un excongresista secuestrado.
El conflicto armado colombiano, del que también han participado paramilitares y agentes estatales, ha dejado más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
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