Santiago Olivera: «Creo en la conversión», dice el cura que le pone voz al reclamo de los genocidas

La iglesia Stella Maris se acomoda entre dos moles de cemento de la zona de Retiro: los tribunales federales, enfrente, y el edificio Libertad, de la Armada, al lado. El visitante debe bordear un tanque para llegar a la paz de la parroquia. Ahí funciona el Obispado Castrense, que brinda asistencia espiritual a los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Desde hace un año y tres meses monseñor Santiago Olivera está al frente de ese obispado. El cargo, con rango de subsecretario de Estado, estuvo vacante por más de una década, tras la conflictiva salida de Antonio Baseotto durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Olivera escribió días atrás una carta de lectores en el diario La Nación que generó polémica. El título es «¿Es esto justicia?» y señala: «La situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la República: una discriminación nunca vista en democracia llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de algunos de los miembros de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional».

«Hay detenidos que están sufriendo. Algunos están muy viejitos y enfermos y están presos desde hace mucho tiempo, sin sentencia y con preventiva. Pareciera que no hay justicia, que los derechos humanos no son para todos. Muchos actuaron mal, y algunos lo reconocen», dice ahora a Tiempo desde su oficina, donde hay fotos con el Papa Francisco y también del cura Brochero.

–Más de la mitad de los presos de lesa están en sus casas: sobre un total de 1004 detenidos, 641 tienen arresto domiciliario.

–Sí, hay muchos con prisión domiciliaria. Pero otros llevan hasta nueve años con preventiva. Hay gente que no se puede escapar o perjudicar a nadie, porque están realmente enfermos. Muchos han muerto sin condena. Otros están presos y no fueron tan responsables. Hay gente que era muy jovencita durante la dictadura, hay que ver el modus operandi que tenían en ese tiempo: a veces no se conocía bien lo que se hacía con las personas. No hay que poner a todos en la misma bolsa. Son hermanos, más allá de que hayan sido los peores delincuentes.

–¿Cree que un sector del Poder Judicial se está vengando de exmilitares? ¿Plantea dudas sobre la legitimidad de los juicios?

–No soy abogado o juez, pero algunos casos requerirían más atención de la Justicia. Soy cristiano y creo en la posibilidad del cambio: todos podemos ser mejores y arrepentirnos. Tenemos que empezar a mirar para adelante. Eso no significa olvidar lo de atrás: lo que hubo fue muy lamentable y grave. Lo que pasó, Dios quiera que nunca más se repita, pero que no haya una dictadura del otro lado. Pero hay situaciones judiciales que no se han hecho bien. Si no, queda la sensación de que algunas cosas son por venganza.

–La carta tuvo muchas críticas de organismos de Derechos Humanos.

–Sí. Y también muchísimos apoyos. Me he reunido con Estela de Carlotto, la valoro mucho. Cuando asumí dije: en este mundo de zanjas, quiero ser puente. Hay que tener libertad para expresarse y ser la voz de muchos que no tienen voz,  que hoy son silenciados y sufren. Yo no soy ni monseñor Bonamín, que ha tenido cosas muy tristes y desacertadas, ni tampoco soy un hombre de los ’70. Valoro los Derechos Humanos. (NdeR: Victorio Bonamín, provicario castrense desde 1960 a 1982, es un ícono de la vinculación y apoyo de la Iglesia a la última dictadura).

–Un debate reciente sobre las domiciliarias se dio a partir del caso de Etchecolatz. ¿Qué plantea en esas situaciones?

–No lo conozco, sólo lo vi en una misa. Sé que está muy enfermo, en silla de ruedas y con problemas serios de salud. Abogo por una mirada más cristiana. Por ejemplo, me parece mal decir todo el tiempo «el genocida tal», que ese sea el mote que los identifica. Creo en la conversión: aspiro a que los que ayer fueron genocidas estén hoy arrepentidos.

–La descripción de genocida surgió de fallos judiciales que definieron así al terrorismo de Estado.

–Sí, lo entiendo. Yo lo planteo como actitud personal.

Pastores y rebaños

Olivera visita periódicamente a militares detenidos en cárceles –estuvo tres veces en Campo de Mayo y otras tres en Ezeiza– y en sus casas, a los que tienen domiciliaria. También tuvo acercamientos con las organizaciones que integran familiares de exmilitares y de víctimas de la guerrilla. Y diez de las principales agrupaciones «de memoria completa» se reunieron hace dos semanas con la Conferencia Episcopal. En un escrito, les plantearon a los religiosos la «escandalosa persecución y venganza contra los acusados de crímenes llamados de ‘lesa humanidad’ por hechos ocurridos en la guerra desatada en los ’70». Y reclamaron «actitudes de aliento por parte de sus pastores».

El Obispado Castrense sacó un comunicado posterior a esa reunión, en el que se referían a los detenidos de lesa como «presos políticos». Al día siguiente ya no estaba en la web. ¿Lo levantaron por las críticas? Olivera responde: «Comunicado nuestro no hubo. Nos mandaron esa información y estuvo en la página. Es un término que usan, por ejemplo, cuando muere algún detenido: dicen «preso político».

–¿Comparte esa definición?

–No. Son presos, no diría políticos.

La avanzada de los grupos «de memoria completa» empezó en 2005, con los primeros actos en contra de los juicios y las detenciones de exmilitares. Recién en los últimos años sus esfuerzos empezaron a rendir frutos. Los organismos de Derechos Humanos vienen advirtiendo que existe un avance contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Uno de los puntos que denuncian es la victimización de los condenados y procesados. Precisamente el miércoles dos de estas organizaciones lograron una reunión por primera vez con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denunciaron al Estado argentino por supuestas «violaciones a los Derechos Humanos y al debido proceso penal» hacia los detenidos y procesados por delitos de lesa.

Olivera dice que «es gente sencilla que, sin comerla ni beberla, sufrió el terrorismo y no tiene reconocimiento». «Durante mucho tiempo ni en Azul ni en Formosa ni en Villa María se podía hablar del tema. Eso es mirar la historia de un lado», dice. Eso cambió este año. Este año el Ejército decidió de manera institucional recordar y homenajear a los soldados muertos en la guarnición de Azul y la fábrica militar de Villa María, ataques perpetrados por el ERP, y también a las víctimas del intento de copamiento por parte de Montoneros del Regimiento 29 de Formosa.

–¿A eso se refiere cuando dice que existe una «historia con un solo ojo»?

–Cuando digo «con un solo ojo», me refiero a mirar la historia completa. Siempre hay un porqué y una historia que se silencia. Previo al golpe del ’76 hubo un gobierno democrático que dijo que se «aniquile». Era una sociedad acostumbrada a golpear cuarteles. Murieron inocentes, mataron a personas por el solo hecho de ser policías o militares. Destruyeron familias, que ahora ni se las mira ni se las reconoce. Pareciera que son culpables.

–¿Por ejemplo?

–Un caso paradigmático es el crimen de Larrabure. Un hombre muy cristiano en sus sentimientos de no odio, de no venganza. Los que lo perpetraron quedaron en el olvido. No quito, insisto, gravedad a lo otro: es repudiable y merece justicia.

–A poco de la muerte de Larrabure hubo una causa penal, se investigó. Y hace poco se desestimó el pedido de que sea considero delito de lesa humanidad. En cambio la gran mayoría de los guerrilleros que pudieron haber actuado en operativos de ese tipo fueron después asesinados, torturados, desaparecidos. Esa es la «justicia» que eligió la dictadura.

–Puede ser. Pero me refiero a que las víctimas no han sido reconocidas durante muchos años. No se podían ni siquiera hacer actos de homenaje. Por otro lado, hay muchas personas que participaron ideológicamente, y siguen en la sociedad, opinan y juzgan.

–¿A quiénes se refiere?

–No, no le voy a decir. Los menciona la historia.

Ni olvido ni reconciliación

–¿Qué piensa de los términos pacificación y reconciliación?

–Hay intentos en ese sentido de grupos que se juntan, tanto de exmontoneros, por ejemplo, como de exmilitares o familiares. Para mí reconciliación no es igual a impunidad.

–¿Cree que puede existir reconciliación sin justicia de por medio?

–La reconciliación supone la reparación, reconocimiento de errores y culpas de los graves delitos. Mirar para adelante no significa olvidar lo de atrás. Los obispos argentinos lo suscribimos: Memoria, Verdad y Justicia. Yo no avalo la teoría de los dos demonios.

–¿No cree que, tras esa supuesta máscara de «reconciliación», lo que algunos grupos buscan es impunidad?

–En algunos grupos lamentablemente sí. Entre ellos mismos hay diferencias: unos instalan como que el único camino era ese, que así salvaron a la Patria. No estoy de acuerdo, sería aceptar que el fin justifica los medios. Pero también muchos atentaron con violencia. Buscaban un fin, con métodos equivocados. De un lado fue más grave: el del Estado. Pero no por eso el otro debe quedar silenciado. «