Fuentes de la cartera sanitaria provincial señalaron que se encuentran trabajando en conjunto con ediles de la localidad bonaerense para modificar la ordenanza aprobada por mayoría del bloque de Juntos por el Cambio y promovida por la intendenta Sofía Gambier. Según informaron, los municipios reciben fondos coparticipables por lo que dicho arancelamiento implica un cobro doble a la ciudadanía.
Durante este jueves, se hizo viral en las redes sociales la lista de precios por cada prestación que deberían pagar los ciudadanos, sus obras sociales o prepagas, con una encuesta del área de Bienestar Social de por medio para determinar si la persona que padece una dolencia o enfermedad, es un “paciente con necesidades básicas insatisfechas”.
Durante el debate de la ordenanza, el bloque de concejales de Unión por la Patria de la localidad promovió un dictamen en el Concejo Deliberante en el que denunció la inconstitucionalidad de la norma. Con ese motivo, el Ministerio de Salud provincial a cargo de Nicolás Kreplak tomó directa intervención. “Estamos trabajando en conjunto para resolver la situación y modificar esa ordenanza”, dijeron a Tiempo voceros de la cartera de Salud bonaerense.
Asimismo, en relación a la medida cuestionada, destacaron que “eso no se puede hacer porque la salud por más que sea municipal es coparticipable”. Es decir, la provincia de Buenos Aires paga por la prestación en caso de que una obra social no lo haga. “Por ende, si cobra está cobrando doble y eso no se puede hacer”, remarcaron.
Por su parte, la intendenta declaró en Todo Noticias que “si un paciente que no está mutualizado y quiere pagar la intervención que se le realiza en el hospital lo puede hacer, pero si no puede se lo va a atender igual”. En este sentido, declaró que la lista de precios divulgada, en realidad, se trata de un «canon solidario». “No va a haber ningún vecino que no vaya a ser atendido”, aseveró. No obstante, el concejal Bruno Buyatti, presidente del bloque de UP, dijo a Página 12 que “si no es para que se pague entonces que quiten eso de la ordenanza”.
En este sentido, el dictamen del bloque de UP ya había expresado que “está prohibido en un hospital público el cobro de aranceles, bonos contribución y toda otra contribución dineraria o en materiales de uso médico por parte a los usuarios del sistema, cualquiera fuere su condición”. Y de manera específica, el texto señaló que el inciso 8 del artículo N° 37 de la Constitución Provincial establece que “la Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, sostiene el hospital público y gratuito en general”.
Cabe destacar que desde su publicación en el Boletín Oficial, la norma tiene plena vigencia. Sin embargo, todavía no comenzó a aplicarse debido a que no se realizaron las encuestas que la ordenanza marca como requisito para definir quiénes pueden pagar un canon y quienes no.
La medida dispone que los costos por la atención deberán ser abonados por las prepagas, obras sociales (como suelen hacer los otros centros públicos) pero también por los propios pacientes. Además, dispuso que por “cada envase de medicamento entregado se cobrará el valor establecido en el manual farmacéutico”.
Para el uso de la ambulancia la intendenta radical de JxC estableció que el viaje dentro del partido -hasta 30 kilómetros de Pellegrini- tendrá un costo de $7700 y se añadirá el monto por litro de nafta y teniendo en cuenta si va o no un médico en ella. A mayor inflación y suba de la nafta, mayor lo que pagará cada paciente.
La ordenanza establece como excepción a “pacientes con necesidades básicas insatisfechas” que serán determinados por encuestas efectuadas por el área de Bienestar Social Municipal. Es decir, no sé establecen valores objetivos, sino discrecionales. Estas personas serían las únicas atendidas de forma gratuita en el único hospital público de la localidad que también recibe pacientes de las comunidades rurales de Bocayuva y De Bary.
Otros costos contemplados son los aranceles del Hogar de adultos mayores Atilio Scarpetta para los que se determinó que se cobrará a través de las obras sociales o mutuales. Asimismo, la norma detalla que quienes no cuenten con esas prestaciones y no puedan afrontar los costos, deberán pedir subsidios asignados por la Municipalidad de Pellegrini.
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