Salud compró 2 millones de vacunas antigripales de más y ahora deberá desecharlas

El vaciamiento del sistema de salud pública no sólo puede explicarse a partir de los recortes realizados por el Ministerio, sino también de sus inversiones. Por eso, aun aquellas decisiones anunciadas como mejoras, en realidad significan reducción de prestaciones o bien transferencias de recursos al sector privado. Así se enmarca la decisión de aumentar en un 30% la compra de vacunas antigripales en 2017, a pesar de que los asesores en inmunizaciones no advirtieron la necesidad de hacerlo. Ahora se encuentran con un excedente que deberán desechar y cuyo valor superaría los 200 millones de pesos. Los únicos beneficiarios de esa decisión fueron los laboratorios Novartis, Elea y Biogénesis-Bagó, que fabrican todas las vacunas a través del consorcio Sinergium Biotech.

«Este año vamos a tener 2 millones y medio más de vacunas antigripales que el año pasado, lo que representa un total de 12 millones de dosis para la población en riesgo de las 24 jurisdicciones», celebraba con entusiasmo el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, en marzo de este año durante una recorrida por la fábrica que produce las vacunas. A su lado sonreía Hugo Sigman, el «multifacético empresario, emprendedor y coleccionista de arte que comanda el Consorcio Sinergium Biotech», según lo define el sitio web del Grupo Insud, que él mismo fundó y dirige. Sigman, además, es accionista de Elea y Biogénesis-Bagó, dos de los tres integrantes del consorcio.

La alegría de Sigman era fácil de dilucidar. Su consorcio farmacéutico recibió este año 325 millones de pesos más que en 2016 por producir unas 2.825.000 dosis adicionales. Lo que nadie se explica es el motivo por el cual el Ministerio de Salud decidió adquirir un 31% más de vacunas antigripales que el año pasado, alcanzando el récord histórico de compra de ese insumo. Sobre todo considerando que en 2016 hubo un remanente de vacunas que no fueron aprovechadas. Tiempo se comunicó con el Ministerio para conocer su posicion, pero desde la cartera de Lemus rechazaron hacer comentarios.

Más que un error de cálculo

Según la última circular interna del Ministerio de Salud de la Nación fechada el 29/09/2017, con la información notificada por las 24 jurisdicciones, a esa altura del año se habían distribuido 8.080.830 dosis a todo el país, de las cuales se había aplicado apenas el 58%, es decir 4.680.000.

Si se descuentan las 1,3 millones de vacunas que el Estado entrega al PAMI de forma directa y las casi 600 mil que se distribuyen a Obras Sociales y otras instituciones, eso significa que promediando la primavera quedan al menos 2 millones de vacunas sin distribuir. Dosis que, según confirmaron a Tiempo fuentes de distintas provincias y del lugar donde se almacenan las vacunas, los ministerios locales ya no aceptan porque no tienen siquiera capacidad para guardarlas. En ese marco, y como las vacunas cambian todos los años, su destino más probable es fácil de adivinar: convertirse en desecho.

«Las vacunas antigripales tienen un proceso complejo de elaboración», explica el doctor Pablo Bonvehi, presidente de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn), un organismo que asesora al Ministerio para «generar políticas que logren el control, eliminación y la erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles» (ver aparte). Según explica a este diario, el procedimiento empieza en septiembre del año anterior, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) define cuáles son las cepas que deben usarse en la región en la siguiente temporada. Luego, el Estado consulta a la CoNaIn cuáles son los «grupos de riesgo» que deben estar protegidos y, en función de su respuesta, es el Ministerio el que decide si acepta sus recomendaciones y cómo las aplica. Es decir, cuántas dosis compra.

Las recomendaciones sobre la vacuna antigripal no se modificaron sustantivamente en el último tiempo, pero anualmente se retoma la consulta por si hay alguna observación a considerar. «En los últimos dos años, la única recomendación distinta que se hizo es sobre las mujeres puérperas, que antes se vacunaban hasta el sexto mes después del embarazo. Ahora se redujo hasta los 10 días post parto. Así que incluso la recomendación se ajustó”, añade Bonvehi, que preside la CoNaIn desde 2013.

Vacuna atada

El año 2009 es recordado por muchas cosas, pero a nivel sanitario un tema acaparó la atención global: la pandemia de Gripe A, como se conoció a la variante de Influenza que generó pánico en todo el mundo. Eso provocó que los distintos Estados tomaran con más seriedad la necesidad de generar mecanismos de prevención ante esta cepa y la gripe estacional. En Argentina, concretamente, el gobierno de Cristina Fernández llamó a licitación para construir una fábrica que produjera vacunas antigripales para abastecer a la población. El objetivo: que no hubiera restricción externa ante nuevas emergencias.

La Decisión Administrativa 22/2010 del Ministerio de Salud declaró ganador de la licitación al Consorcio Sinergium Biotech, integrado por los laboratorios Novartis Argentina SA, Elea SACIFyA y Biogénesis Bagó. A cambio, se les garantizó a esas empresas que el Estado les compraría la totalidad de la demanda de vacunas antigripales del Ministerio de Salud para sus campañas de vacunación de los próximos diez años. El contrato, que forma parte del anexo de la DA 22/2010, luego fue ampliado dos años hasta el 2022.

En respuesta a la conmoción social, la alta demanda de vacunas por parte de la población y como estrategia para cortar la posibilidad de una nueva pandemia, el Estado estrenó el acuerdo con una orden de compra de 11,5 millones de dosis que incluía excepcionalmente niños de 6 a 59 meses. De ahí en adelante el número fue decreciendo y se estabilizó entre las 9 y 10 millones de dosis.

En marzo de 2016, el Ministerio de Salud emitió la Orden de Compra número 33 que pedía a Sinergium Biotech 5,6 millones de vacunas para adultos, 1,8 millones para chicos y 1,3millones dedicadas exclusivamente al PAMI. La orden, fechada el 22 de marzo, preveía comenzar con la entrega de 520 mil dosis dos días después y se extendía en entregas parciales hasta el 17 de junio. Las dosis, encargadas tarde, no llegaron a tiempo a los hospitales y justo la epidemia de gripe se adelantó al promedio habitual.

La respuesta del Ministerio fue emitir una orden de compra complementaria el 30 de junio de 2016 por 460 mil dosis. Totalizaron entonces 9.174.900 vacunas. Según pudo saber Tiempo, el número fue suficiente e incluso hubo algún excedente.

A pesar de ello, este año se decidió incrementar un 44% las dosis para adultos y un 10% las dosis pediátricas, llevando el número de vacunas producidas a 12 millones, un valor superior incluso al que se compró durante la pandemia de la Gripe A. Eso implicó un gasto de 1190 millones de pesos, un 38% más que los 865 millones de 2016.

Lo que nadie logra entender es el motivo por el cual se produjo ese aumento no habiendo ninguna situación epidemiológica que modifique la recomendación sanitaria. Algo que queda más en evidencia a esta altura del año cuando más de 2 millones de dosis no llegaron siquiera a salir del Frigorífico Oneto, ubicado en el barrio de Constitución, donde se almacenan hasta su repartición a las provincias.

Menos público, más privado

«Es ridículo comprar 12 millones de dosis», sentencia Daniel Gollán, el último ministro de Salud de la Nación bajo el gobierno de Cristina Fernández. «Pero acá el dato más fuerte que uno tiene que pensar es quiénes manejan el dinero del Ministerio de Salud, y ellos son Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui (jefe de Gabinete y sus dos vicejefes coordinadores)», añade en diálogo con este diario. Luego precisa que «en realidad los que manejan los fondos son Peña y Quintana, pero como el último tiene conflictos de interés (es fundador de Farmacity y la dirigió hasta ingresar al Estado –ver página 5– actúa a través de Lopetegui”.

Para Gollán, esto explica que en las decisiones del Ministerio «se mezclan negocios particulares». Así, continúa, «restringen gastos de presencia territorial del Ministerio y aparecen estas compras, cuando menos raras, y otras tantas que se hacen de manera directa». En definitiva, plantea, se trata de «construir una restricción planificada de los recursos que brinda el Estado Nacional que lleva a la privatización de hecho. Porque su negocio es que la gente termine pagando de sus bolsillos para la salud. Porque ahí gana el sector privado”. «

Un incremento injustificado

El Ministerio de Salud compra vacunas antigripales para garantizar el acceso gratuito a la población de riesgo. Para definir quiénes integran ese grupo consulta a la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn), integrada por sociedades científicas (SADI, SAP, SADIP), organismos técnicos (ANMAT, OPS), laboratorios nacionales, programas relacionados (Maternidad e Infancia, Epidemiología, Economía de la salud, etc.) y expertos o asesores invitados.

Sus recomendaciones en los últimos años se mantuvieron inalterables: cubrir al personal de la salud, a las embarazadas y puérperas hasta el egreso de la maternidad (máximo diez días) que no hubieran recibido la vacuna, a los niños de seis a 24 meses de edad y adultos mayores de 65 años; además de las personas entre los dos y 64 años con factores de riesgo. Para el Ministerio, entre 2016 y 2017 hubo casi tres millones más de personas que entraron en estas categorías.