Casación benefició a Juan Carlos Fotea, quien integró el Grupo de Tareas de la ESMA que participó del secuestro de Walsh.
La Sala Segunda del máximo tribunal penal (la misma que debe resolver si la investigación por asociación ilícita que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla seguirá en Dolores o aterrizará en Comodoro Py 2002), anuló en fallo dividido un rechazo al pedido de la defensora oficial de Fotea, María Laura Lema, para sumarlo al régimen de atenuación de la prisión.
Los camaristas Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma se inclinaron por enviar el fallo nuevamente al tribunal oral federal número cinco para que dicte una nueva sentencia, lo que –en los hechos– significa que el represor está a un paso de acceder al régimen de salidas transitorias. El tercer juez del tribunal, Alejandro Slokar, votó en disidencia.
La defensa oficial de Fotea argumentó que, si bien ya pesa sobre él una condena firme y hay otro proceso en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), «no puede ser condenado a la pena de prisión perpetua, sino, como máximo, a la pena inmediata inferior establecida en la legislación argentina al momento de los hechos. Es decir que Fotea no podrá ser condenado a más de 25 años de prisión».
De modo que aun en el caso de una nueva condena, la pena a cumplir no se modificaría. Ello, sumado a que «el condenado cuenta con dictamen favorable para la incorporación al Régimen de Salidas Transitorias, circunstancia que no fue valorada por el sentenciante al momento de resolver el pedido de concesión del instituto, ello torna arbitrario el pronunciamiento en crisis».
«La resolución debe ser anulada, por cuanto de sus términos no se evidencia un estudio concreto y razonado de todas las constancias de la causa, así como tampoco se hizo cargo el juez de ejecución de responder todas las cuestiones conducentes planteadas por la parte», añadió Yacobucci y adhirió Ledesma.
Fotea, oriundo de Junín, de 68 años de edad, era suboficial de la Policía Federal e integró el Grupo de Tareas 3.3.2, que secuestró e hizo desaparecer a Walsh e intervino también en los secuestros de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Con el regreso de la democracia emigró a España, donde fue detenido en 2005 por orden del entonces juez federal Sergio Torres para responder por las violaciones a los Derechos Humanos de las que participó durante el régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983.
En octubre de 2011 fue condenado a 25 años de prisión en el juicio denominado «ESMA Unificada», en el que también recibieron gravísimas penas los represores Alfredo Astiz, Jorge «el Tigre» Acosta, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Jorge Rádice y Adolfo Donda, apropiador de la hoy diputada nacional Victoria Donda, entre otros. «
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