El ruido en la Ciudad de Buenos Aires: un problema silenciado

Si bien la contaminación sonora tiene poca prensa, la constante exposición a diversos ruidos en la ciudad representa un trastorno en la vida cotidiana y un deterioro en la calidad de vida de las personas, llegando a provocar numerosas afecciones en la salud: desde la alteración del estado de ánimo y de la capacidad de concentración, hasta dolores de cabeza e interrupción del sueño. Sus habitantes lo naturalizan y el sistema político lo desestima en cualquier planificación urbana.

Según el Índice Mundial de Audición (IMA), que mide la contaminación auditiva en 50 ciudades, Buenos Aires está en el puesto 10 en el ranking de las urbes más ruidosas del mundo, producto del tránsito vehicular, las bocinas y sirenas, los camiones de recolección de residuos, las obras de construcción y las actividades de ocio nocturnas.

La Fundación Ciudad, que busca contribuir a la calidad de vida urbana en Argentina, estableció que la contaminación sonora se encuentra entre los principales problemas que preocupan a los habitantes de CABA. Además, existe un consenso en que el problema no se encuentra en la agenda pública y que el ruido impacta en el estado de ánimo, la salud física y la calidad de vida en general de la población.

La ley porteña N° 1540 de Prevención y Control de la Contaminación Acústica indica como límite los 65 decibeles (dB) para el día en zonas residenciales y 70 dB para zonas comerciales. Según Mirta Sterin, jefa del Servicio de Audiología del Hospital de Clínicas, los niveles de contaminación acústica de la Ciudad lo superan ampliamente, en especial en calles y avenidas con mucho tránsito.

Explica que el nivel máximo de exposición que el ser humano puede tolerar sin riesgos es de hasta 85 dB durante un máximo de ocho horas: «El tiempo de exposición recomendado disminuye a medida que la intensidad del sonido aumenta. Por ejemplo, para la OMS, la exposición a sonidos por encima de los 85 dB por más de 15 minutos ya no sería seguro».

Tanto tanto ruido

Fabio Márquez, licenciado en Diseño del Paisaje, docente universitario y director de la Comisión de Participación Social de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), relata que a partir de los 60 decibeles, comienza a ser «molesto» y cuando se acerca a los 100 decibeles empieza a ser «dañino».

Los colectivos constituyen uno de los principales emisores: por sus motores o sus frenos alcanzan 100 dB. «Luego, en un lugar de alto nivel de tránsito, se pueden acumular», aclara Márquez. Además, el nivel y tipo de construcción que rodea las calzadas vehiculares accionan como amplificadores o «cajas de resonancia». Por eso, puede sentirse más fuerte en pisos en altura: «según cuán encajonado sea el espacio construido, va rebotando en los frentes de los edificios, y es más fuerte arriba que en la propia vereda».

Al ruido de los motores, frenos o equipamientos complementarios, se suma un flujo de tránsito constante sobre las principales calzadas «que a una escala tan masiva genera que la ciudad nunca tenga silencio. Incluso durante la noche, hay vehículos que producen un suave ruido permanente, como si fuera el telón de fondo sonoro de la ciudad», remarca Márquez.

Menciona otras fuentes de ruido excepcionales, como Aeroparque, cuyos aviones provocan interrupciones en las clases de la Ciudad Universitaria, donde docentes y estudiantes están acostumbrados a hacer una pausa hasta que pase el avión: «El ferrocarril o el subterráneo también son complicados, porque alcanzan picos de decibeles». Pero los que más dañan la salud son los que están instalados en nuestro hábitat de manera regular.

El ruido y el control

Como en otros aspectos urbanos, la problemática deambula entre la ley y la falta de control. En este caso, si se aplicara la normativa vigente dirigida a controlar y sancionar las emisiones de ruidos, «la mayor parte de los colectivos y camiones no estarían en condiciones de circular».

Los especialistas subrayan la falta de una política de sustitución: la mayoría de las líneas tienen modelos de coches viejos que producen más ruido. No existe un plan de transición hacia tecnologías más silenciosas, como los colectivos o tranvías eléctricos, ni un plan para ampliar la red del subte que permita disminuir el volumen de vehículos en superficie.

La última modificación del Código de Edificación, sancionado en 2018, no incluyó la utilización de materiales en las fachadas que amortigüen el impacto del ruido, es decir, que acusticen las calles. «Las calles arboladas también amortiguan más los ruidos, pero el arbolado es muy deficiente en la Ciudad, porque faltan o porque sufren podas excesivas», explica Márquez.

Advierte que el Mapa de Ruido de la Ciudad está construido por algoritmos y no por sensores que arrojen información fehaciente para después definir políticas públicas en función de las intensidades. «La Agencia de Protección Ambiental debería producir información relevante, pertinente y precisa para construir un Mapa Sonoro que no sea solo testimonial. No es un problema de recursos económicos, sino de prioridad, de resolver esta cuestión ambiental desde una política de salud pública. Pero no parece haber voluntad política, a pesar de que la Ciudad es una de las más ruidosas del mundo».

Consultado por Tiempo, el titular de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Renzo Morosi aseguró que en estos años se implementaron diversas intervenciones particulares «con buenos resultados», como la aplicación de paneles fonoabsorbentes en las paredes interiores de los Viaductos Carranza y Libertador, la pavimentación de las Avenidas Alberdi y Triunvirato (ambas tenían empedrado, «que genera más ruido»), al igual que el Plan Prioridad Peatón en zona céntrica, «metrobuses sobre avenidas principales quitando el transporte público de las calles aledañas, los más de 300 km de ciclovías y la creación de un listado con las ‘zonas calmas libres de pirotecnia'».

Martín Iommi, profesional de Impacto Acústico, aclara que si bien existen sanciones para los emisores de ruidos excesivos, son «muy desiguales». «Las obras de construcción públicas o privadas prácticamente no tienen fiscalización, en cambio las actividades de los rubros culturales tienen inspecciones con sanciones muy duras que son de la misma magnitud para eventos masivos y para establecimientos pequeños. Un lugar para 300 personas termina pagando la misma multa que un evento grande». «