Así lo indicaron fuentes judiciales en relación a los miembros de la agrupación de ultraderecha Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.
Sus abogados presentarán recursos de excarcelación, mientras que los detenidos serán indagados en forma virtual desde sus lugares de detención. De acuerdo con el expediente judicial, los sospechosos integran una organización «desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor».
Las detenciones de los tres hombres fueron efectivizadas durante el jueves por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que Basile se entregó esta tarde en el tribunal del magistrado en el marco de una investigación a la que se le levantó el secreto de sumario y que fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como «caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó» el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
La justicia dispuso este jueves las detenciones de tres integrantes del espacio Revolución Federal: entre ellos está su líder, Jonathan Ezequiel Morel, en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por esa agrupación, informaron fuentes judiciales. Sabrina Basile, también miembro del grupo, e hija de Alfio «Coco» Basile, exdirector técnico de Boca, Racing y la Selección nacional, se entregó en Tribunales.
Además de Morel, que fue apresado en la localidad bonaerense de Munro, en el partido de Vicente López, también fueron detenidos otros dos integrantes del espacio, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó en la mañana del jueves 11 allanamientos en el Gran Buenos Aires y detuvo a estas tres personas, en el marco de una causa de averiguación de delitos en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, señalaron los voceros allegados a la investigación.
Morel fue detenido en su domicilio de la localidad de Munro; Sosa en su casa de Villa Ballester y Guerra en Moreno, los tres en la provincia de Buenos Aires.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada el martes pasado como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.
La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a Télam fuentes judiciales.
Los abogados de la Vicepresidenta, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, ya que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido a la exmandataria y que está radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia.
En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.
A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.
En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título «¿Hay que pudrirla?».
En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma «Caputo Hermanos», según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.
Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.
Ubeira había reclamado que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro Caputo «no son una casualidad».
«Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den», señaló Ubeira en declaraciones radiales.
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