El ex militar Horacio Maderna fue autorizado por el TOF de Rosario a pasear en Canarias pese a estar condenado por crímenes de lesa humanidad y a la espera de ser juzgado nuevamente. Finalmente, el permiso fue rechazado por la Cámara de Casación.
El exmilitar iba a salir el sábado próximo y volvería recién el 23 de noviembre. Pero la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal lo obligó a desarmar la valija y quedarse en el país ante la posibilidad de que se dé a la fuga antes de ser juzgado nuevamente por delitos cometidos durante la última dictadura.
Los camaristas Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani hicieron lugar al recurso presentado por el fiscal federal de Rosario Adolfo Villate y dejaron sin efecto el permiso de viaje en un fallo publicado el jueves pasado. “En la etapa en la que se encuentran las actuaciones, la gravedad de los hechos juzgados y la necesidad de mantener a derecho al imputado a fin de no frustrar los fines del proceso, resultan elementos relevantes y dirimentes que fueron desatendidos por los jueces del tribunal a quo”, sostuvieron los jueces.
En el fallo, además, cuestionaron la decisión inicial del TOF 1 de Rosario de habilitar el viaje del ex militar. “Queda en evidencia que los señores jueces de la anterior instancia desconocieron el estado en el que se encuentra la presente causa, la importancia de asegurar los fines del proceso, la sustancial gravedad de los hechos por los que se encuentra imputado, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino”.
Maderna fue oficial del Batallón 121 de Arsenales de Fray Luis Beltrán, donde era jefe de la Compañía Mantenimiento, y durante la dictadura fue designado secretario de Gobierno y Cultura en la Municipalidad de San Lorenzo.
En 2013, fue condenado por primera vez por crímenes de lesa humanidad como autor del secuestro y los tormentos a los que fue sometido durante la dictadura el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la localidad de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casado, quien permaneció cautivo en la municipalidad, el Batallón 121 de Arsenales y en la jefatura de la Policía de San Lorenzo.
El represor ya cumplió con esa pena de 8 años y medio y desde 2020 se encuentra en libertad. Sin embargo, también se encuentra procesado sin prisión preventiva por la privación ilegal de la libertad de Reynaldo Luis Vivas, intendente de San Lorenzo al momento del golpe cívico militar, causa en la que resta fijar fecha para el debate oral.
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