Revelan que la noche de la represión por la primera Ley Ómnibus hubo un apagón deliberado de la Plaza del Congreso

Por: Gabriela Figueroa

La Dirección de Alumbrado Público porteña reconoció que las luminarias no se encendieron hasta las 22.30 horas ese día “por circunstancias excepcionales y ajenas” a esa dependencia. Sin embargo, no informó quién dio la orden. El informe fue enviado en la causa penal que investiga los hechos de brutal represión policial que causaron la pérdida de la visión del abogado Matías Aufieri.

La investigación judicial por la brutal represión policial que ocurrió el 1 de febrero pasado frente al Congreso de la Nación en el marco de las discusiones parlamentarias por la llamada “Ley Ómnibus”, una versión ampliada de la Ley Bases que se aprobó meses después, arrojó novedades.

Según informó la Dirección General de Alumbrado de la Ciudad a la Justicia “por circunstancias excepcionales y ajenas al sistema de alumbrado público se vio afectado el tiempo en que se prendieron tanto los reflectores como las farolas del lugar”.

Es decir, hubo un apagón entre las 20 y las 22 horas que contribuyó a la feroz represión que desplegaron las fuerzas de seguridad, en especial, el Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Federal. Cabe recordar que la Motorizada disparó balas de goma en el rostro y el cuerpo a periodistas y reporteros gráficos que se encontraban identificados como tales, además de causar la pérdida de visión de uno de los ojos del abogado Matías Aufieri del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Alumbrado no dice quién dio la orden

El oficio de la Dirección de Alumbrado, firmado por Julio César González, fue una respuesta a un requerimiento de la Fiscalía 7, a cargo de Ramiro González, que investiga la causa, mientras que el juez federal interviniente es Julián Ercolini.

En el texto del informe puede leerse que: “El horario habitual de encendido de los artefactos emplazados en el sector, según el calendario astronómico, es a las 20.02 hs. Por su parte, en la fecha y franja horaria señalada, se infiere que por circunstancias excepcionales y ajenas al sistema e infraestructura del alumbrado público, se vio afectado el tiempo en que prendieron tanto los reflectores como las farolas de lugar. Sin perjuicio de ello, el funcionamiento de las iluminarias se regularizó a las 22.30 del mismo día”.

No obstante, la dependencia no aclara cuáles fueron las circunstancias excepcionales ni tampoco quién dio la orden para que el alumbrado no se prendiera.

“Tiraban a quemarropa”

La exdiputada Myriam Bregman, dirigente del PTS publicó este viernes en su cuenta oficial de X una copia del oficio de Alumbrado. Allí informó que, en el marco de la causa, ya declararon 16 periodistas y fotógrafos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) heridos por la policía, quienes denunciaron que les disparaban directamente a ellos.

Les tiraban a la cara y a quemarropa, apuntaban a lugares donde sólo había periodistas identificados con chalecos y credenciales”, expresó. Asimismo, resaltó que “muchos de los presentes en esa manifestación denunciaron que al momento de la represión llamativamente se bajó la iluminación de la plaza Congreso. Ahora el Gobierno de CABA lo confirma, pero sin explicar que ocurrió. Siniestro”.

Según la dirigente, “la Policía Federal atacaba para impedir que se registre la represión contra los manifestaban que estaban arriba de la plazoleta frente al Congreso y las detenciones ilegales que iban a hacer. Esto se relaciona con la baja de la iluminación, también”.

En este sentido, aseveró que en la causa se comienza a ver que lo sucedido fue “planeado y coordinado desde el Ministerio de Seguridad. Los responsables materiales y políticos deben ser juzgados. Esta semana reprimieron nuevamente a los jubilados y a empleados judiciales. Manifestar es el primero de los derechos. ¡Basta de represión!”.

Cabe resaltar que el Gobierno nacional continúa profundizando su política represiva con la aplicación del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Estas últimas semanas la avanzada fue contra jubiladas y jubilados, así como organizaciones políticas que los acompañan, quienes se manifiestan en contra del veto presidencial al aumento a los haberes provisionales.

Asimismo, el viernes pasado, tras 85 días preso, fue liberado el último detenido de los 33 que fueron criminalizados por protestar contra la Ley bases que fue aprobada el 12 de junio pasado, una versión acotada de la Ley Ómnibus en la que se produjeron los hechos represivos que se investigan en esta causa penal.

Qué pasó el 1 de febrero

Tal como contó Tiempo, los hechos ocurrieron alrededor de las 20.50 horas del 1 de febrero pasado en la zona demarcada por las calles y avenidas Entre Ríos, Solís, Rivadavia e Hipólito Irigoyen de la ciudad de Buenos Aires. Según consta en la denuncia en la que intervino Luciano Hazan, abogado del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, “policías en motocicletas se acercaron de forma intempestiva a la plaza donde se agrupaban los manifestantes, sin que nadie hubiera cortado la circulación de las calles adyacentes, y comenzaron a arrojar un gas irritante mientras daban círculos alrededor de la Av. Entre Ríos, de esta ciudad”.

Y sigue: “escucharon explosiones muy fuertes y (los denunciantes) se percataron que los policías en motocicletas estaban disparando hacia los manifestantes apostados en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, y luego contra aquellos que se encontraban en la plaza”.

Guillermo Ermili, secretario parlamentario del PTS, denunció en la causa que los disparos con balas de goma eran dirigidos deliberadamente a la parte superior del cuerpo de los manifestantes. En ese momento, se cruzó con Matías Aufieri quien había sufrido un impacto de bala de goma en uno de sus ojos y, mientras intentaba calmarlo, recibió un disparo en la espalda, apenas arriba de la cintura.

Cabe mencionar que ya en febrero pasado el fiscal González había solicitado como medidas de prueba el contenido de las cámaras de vigilancia del Congreso, las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona así como había solicitado a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Federal que indique si había labrado sumario interno a los oficiales involucrados. En el mismo dictamen, había solicitado la nómina del personal que cumplió aquella orden en el turno que comprende el horario de las 21 horas del Grupo de Operaciones Motorizada, con especificación de las funciones y modulaciones entre ellos entre las 21 y 23 horas.

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