El Tribunal Federal N°1 de San Martín reinició el juzgamiento de 22 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 300 víctimas con testimonios recibidos, por primera vez, en forma remota.
En la audiencia, que se extendió durante seis horas, Lorena y Flavia Battistiol, quienes buscan a una hermana o hermano nacido en cautiverio, y María Esther y Roberto Landaburu, quienes buscan a un sobrino nacido en la maternidad clandestina que funcionó en ese centro, contaron los secuestros de seis personas que se produjeron en el marco de un operativo de la dictadura cívico militar en la en la Zona de Defensa IV, que tuvo por objetivo trabajadores de la empresa Ferrocarriles Argentino y que se conoce como “la caída de los ferroviarios”.
El debate, que comenzó el 29 de abril del año pasado y que se encontraba en feria por las medidas de seguridad por el Covid 19, se realizó enteramente por videoconferencia y la sala de audiencia se configuró a través de programas de conexión remota. El formato de la audiencia tomó así el formato de un mosaico de pantallas y primeros planos de los distintos actores.
Los jueces del TOFN°1 Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, junto la fiscalía, los abogados querellantes y defensores, escucharon a los testigos e hicieron preguntas una sala de reuniones virtual del Sistema de videoconferencias del Poder Judicial de la Nación. El público y los familiares pudieron acceder a través de otra sala.
En el debate, el Tribunal investiga crímenes cometidos contra 323 víctimas que entre los años 1976 y 1978 fueron alojadas en Campo de Mayo, y juzga a 22 imputados, de los cuales trece no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos.
La “Caída de los ferroviarios”
“El 30 de agosto de 1977 entró a mi casa un grupo de militares. Rompieron la puerta, por lo que me desperté con el golpe”, recordó por videoconferencia Flavia Battistiol, que entonces tenía 3 años. La mujer, actual concejala en Escobar, contó que las ocho personas que ingresaron a la casa de la calle Gaspar Campos, en Boulogne, donde vivían y que la encerraron en la pieza junto a su mamá, Juana Colayago, que estaba embarazada de seis meses y su hermana Lorena, de once meses. En una habitación aparte habían quedado su tía Ema, hermana de su papá Egidio Battistiol, y su prima Sandra Missori, de 13 años.
Flavia declaró en una habitación asistida por un secretario del tribunal, mientras su hermana esperaba su turno en otro sector de la casa. Pero el testimonio fue interrumpido, porque ante la ausencia de acompañamiento, pidió que se permitiera que su sobrino permaneciera en la misma sala como apoyo emocional. No hubo oposición.
La mujer recordó que los secuestradores esperaron varias horas en su casa, con ellas como rehenes, hasta que a las 6 de la mañana del 31 de agosto su padre llegó del trabajo. Entonces cargaron a su papá y su mamá, a su tía y a su prima en distintos autos y, tras una breve discusión, la patota decidió dejarla junto con su hermana en la casa de una vecina: “No nos entraron a la casa. Nos dejaron sentadas en un pilar. Y vimos cómo se los llevaban”, recordó.
Battistiol contó que ese mismo día su abuela materna, María Ángela Lescano, fue a buscarlas. Se criaron con ella, y juntas comenzaron la búsqueda del hijo de Juana Colayago, que debió nacer en cautiverio entre noviembre y diciembre de 1977.
Como su hermana Lorena hizo después, Flavia contó que su prima Sandra y su tía Ema fueron liberadas a los cinco días y por su testimonio se pudo reconstruir que Juana, Egidio y el grupo de ferroviarios fueron llevados a Campo de Mayo. “¿Sabe qué pasó con el bebé?”, preguntó la querella. “Sabemos que nació. No porque tengamos la prueba sino porque a mi mamá no la liberaron, porque la dejaron ahí, porque tenían una maternidad clandestina, y tenían un obstetra. Nosotros buscamos un hermano o hermana vivo”, respondió Battistiol, que cerró su testimonio mostrando a la cámara de la computadora una fotografía en blanco y negro de sus padres.
Las cuatro declaraciones en la audiencia apuntaron a los operativos realizados entre la madrugada del 31 de agosto y la noche del 5 de septiembre de 1977 en los que secuestraron a Egidio Battistiol, Juan Carlos Catnih y otros obreros de Ferrocarriles Argentinos. Se trataba, en su mayoría, militantes de base de los ramales Mitre y Belgrano y algunos de ellos integrantes de la Juventud de Trabajadores Peronistas (JTP). Pero también explicaron las detenciones de las compañeras de los trabajadores, tres de ellas embarazadas, y otros familiares de estos militantes.
Vestido con saco azul y corbata, y de espaldas a una pared adornada con fotos enmarcadas, Roberto Landaburu fue el primer testigo en hablar en la audiencia en la que se comenzó a investigar los secuestros de los ferroviarios.
Roberto primero y María Esther luego contaron lo que lograron reconstruir del secuestro de su hermana Leonor Landaburu, que cursaba un embarazo avanzado, y la búsqueda se su sobrino que nació en cautiverio.
“¿Qué creemos nosotros? Que mi hermana lo tuvo (al bebé) y que le dieron un destino que nosotros desconocemos”, explicó Landaburu ante la pregunta de la querella sobre el sobrino que buscan.
El hombre explicó que por una persona que estuvo internada en el hospital de Campo de Mayo supieron que en octubre de 1977, fecha para la que Leonor debiera haber dado a luz, había en ese lugar un bebé recién nacido. Esa persona les contó también que el recén nacido era rubio como su hermana, y que la persona que lo tenía le contó que era hijo de una presa que lo había llamado Federico.
-¿Ustedes supieron el nombre que le iba a poner su hermana?- preguntó el abogado de la querella particular, Pablo Llonto.
-Si. Federico le iba a poner.- respondió Landaburu.
Leonor Landaburu fue secuestrada en su casa luego de la detención de su marido Juan Carlos Catnich. En la audiencia, su hermano inscribió el hecho en el marco de la caída de los ferroviarios y contó que recordaba que Catnich tenía actividad gremial. Por eso, apuntó a las autoridades del galpón de la línea de los Ferrocarriles Mitre de José León Suárez, donde el trabajador fue detenido junto a Enrique Montarcé.
Por los hechos ventilados en esta audiencia están imputados los represores Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.
Pero más allá de los responsables de las desapariciones, al cerrar su exposición, Landaburu opinó que “más allá de las penas que puedan recibir estas personas, creo que es más importante que esta historia sea contada en toda su magnitud, principalmente a los jóvenes”. Y cerró con un pedido: “que Campo de Mayo se convierta en un sitio de Memoria”.
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