Represión en Ecuador: organizaciones indígenas denuncian el asesinato de un manifestante

La represión a las protestas sumó la noche de este martes la denuncia de un manifestante asesinado en el noveno día de paro nacional que repercute en vuelos internacionales y locales cancelados, cortes de rutas y calles, el centro de Quito copado por manifestantes y sitiado por fuerzas de seguridad, pozos petroleros paralizados y una advertencia de las Fuerzas Armadas sobre el “serio riesgo” en que está la democracia. Algunos datos del complejo panorama en Ecuador.

Un indígena amazónico falleció este martes tras la represión policial, según denunciaron las organizaciones indígenas.

«Se presentó una confrontación y a esta persona le disparan en el rostro, al parecer una bomba de gas lacrimógeno», dijo la abogada Lina María Espinosa, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

También, el lunes un joven falleció tras caer en una quebrada durante las protestas y la fiscalía decidió abrir una investigación por presunto homicidio.

Aunque las chances de diálogo entre Gobierno y manifestantes parecían congeladas y, más aun, las posturas de las dos partes radicalizadas, un llamado de una Comisión Convocante –que reúne a unas 300 organizaciones de la sociedad civil- podría destrabar la posibilidad de negociaciones.

Por lo pronto, el noveno día de manifestaciones y bloqueos trajo nuevos enfrentamientos entre indígenas, estudiantes y trabajadores con la Policía y la advertencia del ministro de Defensa, Luis Lara, acerca de que la democracia está en «serio riesgo» y el aviso de que las FFAA “no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes”.

Todo se dio apenas horas después de que el presidente Guillermo Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias –antes eran tres- con miras a sacar de las calles al movimiento aborigen, que desde hace nueve días mantiene paralizadas varias zonas del país.

«Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia (…) para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes», enfatizó Lara, escoltado por la plana mayor de las Fuerzas Armadas.

El nuevo decreto de Lasso, que también tendrá una duración de 30 días, afecta a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha -donde está Quito-, Pastaza e Imbabura, donde «se concentra la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas», según el comunicado de la Presidencia.

Lasso se anticipó a una sesión de la Asamblea Nacional que planeaba discutir una moción para derogar la anterior medida, a la que algunos grupos se oponían.

Sin embargo, al derogar la medida y ordenar una nueva muy similar, la asamblea no se pudo sentar a debatir y Lasso obtuvo tiempo para mantener la medida restrictiva.

Según el diario ecuatoriano El Comercio, la bancada del movimiento indígena Pachakutik (72) -brazo político de la Conaie- junto al grupo que responde al expresidente Rafael Correa (6) y otros disidentes de la Izquierda Democrática juntaban 80 votos para eliminar el estado de excepción, 10 más que la mayoría absoluta.

Anoche, miles de manifestantes indígenas de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, entre otras, habían llegado a Quito como parte de las acciones del paro nacional que demanda el cumplimiento de diez puntos de un manifiesto que impulsa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Este martes, miles de indígenas bloquearon una importante vía de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos.

Ya de madrugada se había dado un enfrentamiento con la fuerza pública en el sector de El Trébol y el centro de Quito, cuando los manifestantes buscaban llegar hasta la Universidad Salesiana y dormir ahí para continuar con las acciones.

Al salir de la Universidad con la idea de llegar a Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad, volvieron los choques.

Para frenar ese avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.

La Casa de la Cultura fue tradicionalmente el lugar que acoge a indígenas que protestan contra los gobiernos de turno.

El sitio Primicias mostró imágenes de la Policía en las que advertía que «no se pueden mezclar los pacíficos con los violentos» y avisaba que haría un «uso progresivo de la fuerza». Documentó además el centro histórico de la capital está casi desierto y muy custodiado.

Y la Fiscalía General informó que su sede central de esa institución, en el centro-norte de la capital, fue atacada por manifestantes, según reportó la agencia Sputnik.

Un soplo de esperanza trajo el intento de parte de la Comisión Convocante para sentar al Ejecutivo y a la Conaie en un “espacio de solución de conflictos, dijo, a partir de una propuesta en tres etapas: conversaciones bilaterales con las partes para acordar las reglas de juego, definición de temas del diálogo y creación de mesas de trabajo.

“Es nuestro deber llegar a consensos por el bien del país”, señaló Lasso al aceptar el llamado a conversar, que tiene el apoyo y soporte técnico de la Unión Europea y de la delegación de Naciones Unidas en Ecuador.

Aún así, el Gobierno insiste en que la Conaie no tiene intención de buscar soluciones y la acusa de provocar un alza de los precios por el cierre de rutas y de poner en riesgo a los enfermos por prohibir el paso de ambulancias.

También le reprocha a la organización por no haber aceptado el paquete de medidas anunciado el 17 de junio, que incluía la declaración de emergencia en el Sistema de Salud Pública del país, el aumento a 55 dólares del bono al desarrollo humano, o un subsidio de hasta el 50 % del precio de la urea (fertilizante) para pequeños y medianos productores.

Ecuador pierde unos 50 millones de dólares por día a raíz de las protestas, sin tomar en cuenta el sector del petróleo, el principal producto de exportación, según cifras oficiales.

La estatal Petroecuador registra una pérdida acumulada de casi 64.300 barriles de la producción total debido a que más de 230 pozos están «apagados» por las manifestaciones en la Amazonía y su gerente, Ítalo Cedeño, ubicó en un 21% la baja de la producción.

En paralelo, el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de la capital ecuatoriana, reportó un listado de 17 vuelos entre nacionales e internacionales afectados entre el 16 y el 21 de junio por las manifestaciones y recomendó buscar vías alternativas para llegar a Quito.

En 2019, varios grupos sociales liderados por la Conaie mantuvieron 12 días de protesta contra la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, medida que finalmente tuvo que ser derogada para terminar con las protestas.

Esas jornadas de protesta dejaron 10 personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas, mientras que se registraron una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.