Represión e intento de desalojo a una comunidad originaria

Reprimieron e intentaron desalojar a familias de la Comunidad de Cueva del Inca en la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy. Los pobladores denuncian que la justicia provincial es cómplice de un empresario hotelero que reclama un territorio que no le corresponde, porque es ancestral. Por eso, recurrieron a la justicia federal y lograron poner un freno al desalojo por 48 horas. Los terribles hechos de violencia institucional ocurrieron este martes por la mañana. 

«Un juez de paz, este martes a las 9:30 de la mañana, intimó a nuestra comunidad a retirarse del territorio comunitario que reclama un empresario hotelero. En nuestro territorio ancestral. Ese mismo día, a las 11, comenzaron a violentarnos para que abandonemos nuestro hogar, que con mucho esfuerzo y sudor hemos construido», denunció una mujer que fue reprimida por los policías, en diálogo con Tiempo.

Continuó asegurando: «El desalojo fue ordenado por la justicia provincial, por eso nuestras dos abogadas presentaron un recurso de amparo ante la justicia federal y logramos frenarlo por 48 horas. Luego vamos a comunicar lo que suceda una vez vencido el plazo».

Además, circuló un video -al que este diario tuvo acceso- en el que se ve a las fuerzas de seguridad provinciales, ejecutando el desalojo en forma violenta, poniendo contra la pared de manera brutal a las mujeres de la Comunidad Cueva del Inca de Tilcara.

Cabe destacar que en Jujuy se vienen realizando desalojos en forma sistemática. Es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, pero desde que asumió como presidente Javier Milei los casos se multiplicaron en manera exacerbada. No sucede solo en Jujuy, está pasando en todo el Norte Argentino (NOA). Desalojos en Jujuy: el gobierno provincial tuvo que enviar la causa a la Justicia Federal

Violencia institucional contra la comunidad originaria

La mujer que resultó víctima, muy angustiada, continuó detallando: «Realizaron un salvaje despliegue policial y cortaron toda comunicación con inhibidores de señales. Hay muchas personas de nuestra comunidad que resultaron heridas y varias fueron detenidas arbitrariamente por resistirse a tan grande injusticia. Momentáneamente pudimos frenar el desalojo, pero necesitamos ayuda con extrema urgencia».

Y aseguró: «Esta modalidad judicial-policial es una metodología constante en nuestra Jujuy con los gobiernos de Gerardo Morales y Carlos Sadir como su sucesor. Ambos proceden amparados por la reforma constitucional y otras leyes que buscan avasallar los territorios y recursos naturales para favorecer a los poderosos».

«No podemos entender cómo es posible que procedan con tanta impunidad, que nos golpeen a nosotros y a nuestros hijos. El pueblo jujeño es víctima históricamente de la violencia institucional que está legitimada por el poder político de esta provincia. Necesitamos una intervención internacional con extrema urgencia», cerró la mujer.

Las abogadas de las víctimas

Alejandra Cejas es abogada y representa a las víctimas: «Junto con mi colega, la doctora Silvana Llanes, este martes colaboramos con la Comunidad Cueva del Inca, ante un desalojo en la localidad de Tilcara, que está ubicada a casi 54 kilómetros de la ciudad San Salvador. Es una comunidad que tiene registro de territorio, tiene delimitados sus mojones y está reconocida como comunidad originaria», explicó a Tiempo.

La letrada siguió relatando: «Entendemos que se generó un conflicto con los vecinos del territorio y que avanzó con una causa judicial provincial siendo que el territorio comunitario es inviolable. Por lo cual, no puede ser objeto de una apropiación privada».

«Por eso, hemos denunciado ante la justicia federal. Además, porque esa zona es de una riqueza arqueológica y paleontográfica, en cuanto a los recursos que hay en ese territorio. Ya ha actuado el Ministerio Público Fiscal Federal y ha tomado intervención las fuerzas de seguridad federales para frenar -por 48 horas- este martes el violento desalojo que estaba protagonizando la provincia de Jujuy», detalló Cejas.

Y completó: «Llamativamente, procedieron con un juez de paz, sin que haya una autoridad provincial, pero el juez de paz es municipal, por lo cual nunca puede estar por encima de los policías. Además, han destruido una vivienda y parte del territorio comunitario. Siendo que la orden no exigía que hagan eso, porque estaba dirigida a una determina persona, por lo cual tampoco cumplieron con lo dispuesto».

«Ahora, estamos a la espera de que nos notifique la Fiscalía Federal, para que nos diga que medidas van a tomar. De todos modos, con mi colega ya estamos realizando una serie de presentaciones en consonancia para que la comunidad originaria no sea perturbada», adelantó la abogada y terminó: «Casos como este, acá son una constante, no hay un lugar en la provincia donde no se afecten derechos comunitarios, patrimonio arqueológico, paisajístico y ambiental».

Contra la reforma constitucional

Desde el Partido Político AJI20, contaron a este diario: «Nosotros nos opusimos a la reforma constitucional de junio de 2023. Estas son las consecuencias de lo que hicieron Morales, Sadir, junto al presidente del Partido Justicialista (PJ) jujeño Rubén Rivarola y su compañera ideológica Carolina Moisés».

«Todos ellos son quienes ordenan a la justicia jujeña que mande a los policías a que metan balazos y palazos para reprimir a los pueblos originarios. Lo hacen porque quieren arrebatarles sus territorios ancestrales; sus hogares, que tanto les ha costado construir», denunció AJI20. «Porque en Jujuy no existe la división de poderes», apuntó. 

Y expresó: «Sentimos mucha bronca, pero aprendimos a convertirla en lucha. Por eso, vamos a seguir reclamando en las calles, haremos concentraciones, movilizaciones y cortaremos rutas para reclamar justicia social. Como siempre, levantaremos nuestros puños y las wiphalas». La wiphala es una bandera que está ligada a las comunidades que descienden de los pueblos andinos.

AJI20 también pidió encarecidamente: «La inmediata liberación de todos los compañeros que han sido detenidos y encarcelados por luchar contra las injusticias planificadas por un gobierno déspota. Nuestra provincia siempre fue el laboratorio de las políticas de represión y hambre que hoy se expandieron a todo el país con la llegada de Javier Milei al poder».

Una vez más, los pueblos originarios marcan el camino de lucha y resistencia. «El fuego está encendido hace más 500 años, aún no se ha apagado, así lo ha demostrado contundentemente con sus luchas la Comunidad de Cueva del Inca. Que en su  larga trayectoria, viene dando batalla como lo hizo este martes, que valientemente puso el cuerpo para defender su territorio y pudo frenar momentáneamente el desalojo», valoró AJI20.

Comunicado de Cueva del Inca

Estamos atentos a un eminente desalojo en la Comunidad de Cueva del Inca, injusta sentencia otra vez a favor de los negociados inmobiliarios.

La Comunidad de Cueva del Inca denuncia públicamente el eminente desalojo de nuestra comunera que es una persona con discapacidad y de su familia, como consecuencia de una sentencia judicial dictada por la jueza Liz Valdecantos Bernal. Esta sentencia constituye una grave injusticia que vulnera nuestro derecho de defensa y desconoce la posesión ancestral y colectiva de nuestro territorio comunitario.

La decisión judicial se tomó sin respetar el debido proceso ni garantizar la participación efectiva de nuestra comunidad, en abierta violación a los derechos reconocidos en el Artículo 75 inciso 19 de nuestra Constitución Nacional.

También el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (N° 169) de la OIT, que es una convención adoptada por la Organización Internacional del Trabajo en 1989. Es el primer tratado que definió a los pueblos indígenas como sujetos colectivos y diferenciados de derechos. Y demás normativas que protegen a los pueblos originarios.

La comunera y su familia son hermanos de nuestra comunidad y habitan el territorio ancestral de manera pacífica, continua y legítima. El intento de desalojo representa una amenaza directa a la vida comunitaria, a nuestros derechos como pueblo y a la memoria viva de quienes lucharon por el reconocimiento de nuestras tierras.

Resistimos al desalojo violento de manera colectiva y pacífica. Convocamos a organizaciones sociales, organismos de Derechos Humanos y a la sociedad en general, a estar alertas y acompañarnos en esta lucha por la dignidad, la tierra y la vida.

¡La tierra no se vende, se defiende! ¡Basta de negociados! Comunidad de Cueva del Inca.